Opinión
La seguridad es un bien público que debiera funcionar de manera perfecta, es decir ser igual para todos. Lamentablemente los enfoques que la confunden con la guerra, no solo expresan incompetencia sino que provocan “daños colaterales” precarizando barrios o derechamente generando víctimas innecesarias y totalmente inocentes. Y además, obligando a la ciudadanía a pagar, cuando puede, cuerpos privados que la defiendan.
Una guerra se gana cuando las fuerzas de uno superan y someten de manera violenta la voluntad del otro. Lo que se llama «guerra contra la delincuencia» es un mal eslogan de campaña para entusiasmar ciudadanos, diciendo que no aceptamos la delincuencia, lo que suena bien al oído, pero que encierra un conjunto de trampas si no existe la eficacia policial e institucional para impedir que las cosas vuelvan a repetirse. El dicho tiene muchas formas de expresión, como la promesa del “fin de la puerta giratoria” o la admonición «delincuentes: se les acabó la fiesta».
En Chile, casi se duplicó el número de presos en 20 años, principalmente por el aceleramiento de causas que produjo el nuevo Código Procesal Penal, y se triplicó en relación al período previo a la crisis de 1982. Sin embargo, lo que queda demostrado es que más presos no es igual a ausencia de delitos, y cada vez vemos más casos como el del turista canadiense ultimado en el Cerro Alegre hace pocos días. Tampoco explica la evolución de actos delictivos desde farmacias asaltadas, luego servicentros de combustibles, luego cajeros automáticos y ahora portonazos y encerronas en las autopistas. Antes de la crisis de 1982 la población penal era de 15.270 personas (año 1980), cifra que subió a 26.871 en 1998, ad portas de la Reforma Procesal Penal, que hoy, a 2018 (18 años de vigencia), tiene a 40.847 internos (aumentó un 152%). Sin embargo, la población solo creció un tercio (55%) entre 1982 y 2018. ¡Acaso somos más delincuentes los chilenos?
Sin duda un volumen de delincuencia ha habido siempre, con delitos de todo tipo, incluidos aquellos originados en desórdenes mentales de las personas. Lo que hoy tenemos y antes no existía es un contexto con una crisis extrema de falta de autoridad y por ende, el respeto como norma ciudadana.
Hace pocas horas una turba vio la oportunidad de atacar un radiopatrulla estacionado a metros de Plaza Italia y lo destrozó, estando en el lugar los carabineros a cargo. En el mismo punto hace poco más de 2 años fue atacado el precandidato Felipe Kast, debiendo huir del lugar. En ambos casos no hubo una mínima noción de respeto institucional o personal a los agredidos.
El crimen del Cerro Alegre al turista canadiense pasa también en el Cerro Concepción, en el Artillería, en calle Valparaíso de Viña del Mar y en todos los lugares donde antes era impensado, porque en los disvalores ciudadanos la máxima es copar el territorio y actuar, tal como lo hacen hoy los delincuentes. Eso sí tiene solución y es posible prevenirlo o disuadirlo, salvo que las autoridades sigan abandonando la rutina de sus responsabilidades y convocando a la ciudadanía a “una guerra contra la delincuencia” que nadie efectivamente libra, mientras liban de manera irresponsable del poder.
Se necesita no solo el gobierno de gente intachable, sino también que la autoridad respalde y controle las acciones al amparo de la ley. Que las sanciones sean prontas y acordes con el delito, tanto como hecho objetivo como por alarma pública causada, la que también es algo objetivo aunque no se perciba materialmente. También, que haya la máxima transparencia y probidad en las políticas públicas e instituciones de represión, y que los delincuentes armados o de cuello y corbata no crean que la autoridad y sus representantes no tiene moral suficiente para perseguirlos.
Hay que consignar que Chile es el país con más presos por cada cien mil habitantes en América Latina (318), según el último reporte de abril de este año del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud). Este organismo considera que la mitad de la población penal de la región comete delitos por la marginalidad en que se encuentra. Siguiendo esa directriz, entonces, Chile debería tener la mitad de la población penal actual, atendiendo a su liderazgo económico y su calidad de vida. Sin embargo la situación va en inversa e incluso hoy las cárceles son un negocio.
Es efectivo que en la base de la delincuencia más frecuente está la marginalidad, que se alimenta de mala educación y deserción escolar, que se profundiza en la desigualdad de ingresos, y estalla en la corrupción, alcanzando todo tipo de instituciones. Hacer un listado de personas que ejercen sus funciones con decoro debiera costar menos que detectar la inmoralidad pública.
Pero Chile se está transformando en tierra de nadie o de unos pocos por causa de la crisis de probidad. Y una de las consecuencias dramáticas de ella es que el ejercicio de la autoridad pública se hace más difícil y entre sus principales víctimas está la inseguridad pública. Esa es una de nuestras principales amenazas en las puertas de nuestras casas y las calles de nuestras ciudades.
