Opinión
Hay quienes piensan que la Consulta Indígena es un instrumento que aún no ha logrado su punto de calibración; que Chile no está a la altura de las circunstancias y en realidad aspira a más de lo que puede realmente aplicar; como se diría en buen chileno, que nos queda grande el poncho. Veamos.
Para algunos, la Consulta Indígena debería ceñirse a ser un trámite público de carácter administrativo, en el que las poblaciones indígenas tienen derecho a voz, pero no a tomar la decisión final; esto último les corresponde a los organismos autónomos del Estado, quienes son los que determinan el uso final del territorio.
Para otros, en cambio, la Consulta es un ejercicio de autodeterminación como pueblo indígena; quienes son los habitantes autóctonos del territorio y, como tales, los propietarios originales del territorio; esto les da derecho a decidir sobre él. No puede obviarse el hecho de que sólo hace poco más de cien años los indígenas terminaron de perder el 90% de su territorio por medio de la guerra, la expropiación fiscal y la usurpación, quedándose con un fragmentado 10% de tierras que durante todos estos años ha sido acechado por inversionistas y millonarios. Esta es la base de la deuda histórica del Estado chileno a los indígenas.
Pero la pérdida del territorio no significa necesariamente la desaparición política de un pueblo. Hay quienes opinan que los pueblos indígenas no existen como un sujeto político autónomo, ni siquiera como sujeto social, y que la calidad de indígena es una ficción que les sirve a algunos para recibir más beneficios que otros, siendo que todos son iguales de chilenos. Lamentablemente, lo anterior contrasta con las relaciones marcadas históricamente por el conflicto entre los habitantes del territorio de aplicación de la Consulta Indígena.
El asesinato por la espalda del mapuche Camilo Catrillanca por un miembro del llamado «comando Jungla» de Carabineros de Chile, debe engarzarse en el largo hilo rojo que los anuda a todos. Los presos políticos mapuches también lo contrastan. Esta diferencia es la que mantiene la larga discusión en torno al prometido reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
La Consulta Indígena es un asunto político porque de lo que se trata aquí, al igual que en la legislación chilena, es fundamentalmente de la tierra indígena; y la defensa y recuperación de todas ellas, es el objetivo político estratégico de la autodeterminación de los pueblos indígenas.
La Consulta Indígena en Chile es en la práctica un diálogo, se supone de buena fe, entre sujetos que buscan un consenso puntual en medio de un conflicto global que hasta ahora no tiene solución. Los indígenas nunca han dejado de existir políticamente y tienen la fuerza suficiente para que su rechazo a un proyecto sea determinante en su aprobación ambiental.
Cuando no se logra el consenso, la Consulta Indígena en Chile se transforma en un problema insoluble para las empresas privadas. En este contexto, la única opción legítima para las empresas es anticiparse y elaborar sus proyectos en conjunto con los habitantes del territorio, indígenas y no indígenas.
Esta cooperación debe darse desde la fase inicial de los proyectos, incluso en el momento de gestación de nuevas ideas de negocios. Es sólo así que Chile podrá calzar con propiedad el poncho indígena, mismo que debiese entregarles a los mandatarios de la APEC 2019, en reemplazo del poncho chileno huaso que se les entregó la vez anterior que nos visitaron
