Opinión
El 14 de agosto de 1990, hace casi tres décadas, Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño, convenio internacional que se fundamenta en cuatro principios estructurales: La no discriminación, el interés superior del niño, la supervivencia, el desarrollo y protección, así como la participación en las decisiones que les afecten.
Es así como, en pos del desarrollo positivo de la infancia, durante poco más de 20 años, la Fundación San Carlos de Maipo ha impulsado sendos estudios que dan cuenta de la dura realidad que viven niños y niñas. Donde, por ejemplo, reveló que prácticamente la mitad de quienes están privados de libertad, habían pasado por centros de sename. Asimismo, ha impulsado como eje el desarrollo e implementación de programas preventivos basados en la evidencia, con enfoque de salud pública e insertos desde la realidad local.
Organizaciones como la Fundación San Carlos de Maipo y otras, han trabajado porque Chile se haga responsable de los pilares sobre los cuales ratificó la Convención, para que avance no sólo en un sistema de protección sólido, sino en un sistema de derechos que garantice el desarrollo de todos los niños y niñas de nuestro País. Y pese a los avances en acuerdos transversales y en algunas medidas de mitigación de la emergencia que enfrenta el sistema, subsisten no sólo problemas estructurales de gestión intersectorial, sino que una oferta deficiente, sin evidencia y con una institucionalidad en desarrollo, que requiere de mayor certeza de su potestad administrativa para gestionar cobertura y diseño, con resultados de impacto acorde a realidades altamente complejas, como lo es la situación de calle de cerca de 1000 niños en todo Chile.
Así también, es necesario que los distintos actores del sistema asuman su responsabilidad con los cientos de niños bajo orden de búsqueda y recogimiento que son invisibles a la protección efectiva del Estado; o con los 90 mil niños que desertan cada año del colegio; los 150 mil que trabajan en condiciones de riesgo; o los 50 mil consumidores problemáticos de drogas o alcohol; o con más de un millón de niños en pobreza multidimensional; o con los que son abusados día a día por un familiar o un cercano; con los niños que enfrentan el acoso o que terminan con su vida. Queda mucho por hacer y desde los esfuerzos de la sociedad civil esperamos que el Estado sea capaz de dimensionar que trabajando juntos, con sentido de urgencia y mirada de largo plazo, podemos enfrentar este desafío, la deuda más importante, aquella que el próximo año cumplimos 30 años sin saldar.
