La gestión de emergencias como expresión de centralismo

Se corta un camino, se derrumban cerros, entra en erupción un volcán o suceden hechos como los de las últimas semanas en regiones y queda al desnudo el centralismo y las carencias de la descentralización política, administrativa y fiscal que se padece en regiones a la hora de enfrentar emergencias. Ha pasado en todos los gobiernos y seguirá pasando mientras no se fortalezca con capacidad de gestión regional a las instituciones subnacionales que las enfrentan. ¿Por qué un ministro de Estado o un represente especial del Presidente de la República, debe viajar a regiones para ofrecer soluciones ante catástrofes o emergencias?

Cuando un seremi, gobernador o intendente -en busca de soluciones- relata una catástrofe a su respectivo nivel superior jerárquico, parece que no reviste importancia nacional, a menos que ese relato lo protagonice un ministro o un delegado presidencial. Si ya la mayoría de las autoridades regionales son expresión del centralismo y representan institucionalmente al aparato del Estado, ¿por qué queda la sensación que ante una emergencia las autoridades regionales se autocensuran y se activa una nueva capa del centralismo en Chile?

La hipótesis que más se acerca a una explicación proviene del diseño institucional de nuestra burocracia. Efectivamente nuestro país posee varias capas de centralismo burocrático, y la que tiene menos expresión regional sin atribuciones y competencias explícitas, es la que se refiere a enfrentar las emergencias. No existe una institución que en la práctica tenga capacidad real y efectiva de otorgar solución a la inmensa diversidad de emergencias que ocurren en regiones. Basado en este argumento, hay dos razones que fundamentan la necesidad de descentralizar radicalmente su gestión.

[cita tipo=»destaque»]Tener como protagonistas de emergencias en regiones a ministros, sólo habla de nuestro arraigado centralismo, el cual tiene un alto costo político para las instituciones y autoridades regionales, transformándose en la mayoría de las veces, en altamente ineficiente para la ciudadanía que las padece.[/cita]

1.- La brecha entre tiempo y reacción oportuna ante una emergencia: Se pierden preciados minutos y horas entre la reacción de una autoridad regional y una nacional. Quien primero la enfrenta es la autoridad regional o local, pero es en ese preciso momento donde esta autoridad entra a un entramado institucional complejo y difuso que involucra distintos niveles de gobierno y sectores del Estado. En este trade-off, casi siempre la autoridad nacional toma la misma decisión que podría haber tomado una autoridad regional, sin necesidad de perder preciadas horas en preguntarle a un ministro de Estado sobre la mejor solución a una problemática regional. Esto produce dos efectos. El primero es la minimización de la autoridad regional, y como consecuencia, un fortalecimiento simbólico del centralismo político, dado que se transmite a la comunidad que “el o la que corta es la autoridad que viene de Santiago”. El segundo efecto es sobre la gestión fiscal. Casi siempre el costo asociado a las emergencias se termina asumiendo -en una parte importante- regionalmente, es decir, se resiente el FNDR, único fondo regionalizado que existe en Chile.

2.- El Sentido común y conocimiento territorial para enfrentar emergencias. Ya la literatura científica del federalismo fiscal de los años 60 y 70 señalaba que quien mejor conoce las necesidades de la gente son aquellas instituciones y autoridades que están más cerca de ellas, es decir, para el caso nuestro municipios y gobiernos regionales. En general, las autoridades nacionales no conocen la historia, costumbres y los usos que se le asigna a recursos o factores asociados a los territorios y que muchas veces están vinculados con las emergencias. Por tanto, la autoridad nacional, no es un actor preparado para tomar decisiones regionales, menos aún, cuando se trata de estos casos.

Existe una necesidad urgente de fortalecer la institucionalidad encargada de las emergencias en Chile. No basta con tener una ONEMI (oficina nacional de emergencias) que sólo coordine los servicios, incluso demostrando muchas veces que posee nula legitimidad y autoridad ante otras reparticiones públicas. Lo que se requiere es tener Gobiernos Regionales fuertes y un Servicio Regional de Emergencias con capacidades administrativas y recursos fiscales efectivos que lo obliguen a transformarse en líder, protagonista y principal responsable de la gestión de una emergencia en regiones. Tener como protagonistas de emergencias en regiones a ministros, sólo habla de nuestro arraigado centralismo, el cual tiene un alto costo político para las instituciones y autoridades regionales, transformándose en la mayoría de las veces, en altamente ineficiente para la ciudadanía que las padece.