Opinión
Durante los siglos XIX y XX la defensa a la libre expresión descansaba en un dogma fundamental: la autonomía racional del receptor de información. Su formulación clásica se encuentra en el ensayo On Liberty de John Stuart Mill, de 1859. Allí Mill defendió el libre flujo de información como medio para alcanzar y testear la verdad, bajo la premisa de que el conocimiento humano no es infalible. La premisa descansaba en el dogma de la autonomía racional, pues asumía que el receptor de la información podía discriminar entre información falsa y verdadera de modo de testear sus propias convicciones.
En el siglo XX la preocupación deja de ser la búsqueda de verdad y pasa a ser la limitación del libre flujo de información: la preocupación son los derechos individuales que la libre expresión puede lesionar – fundamentalmente la honra y la privacidad. Por eso en este siglo surgen defensas sustantivas a la libre expresión, que ya no apelan al “mercado de ideas” sino a la contribución de la libre expresión al fomento de valores democráticos (la obra representativa es la monografía de Alexander Meiklejohn, Free Speech and Its Relation to Self-Government, de 1948): la idea es distinguir la expresión útil de la inútil.
Pero el dogma de la autonomía del receptor no es puesto en cuestión. En un influyente artículo de 1972 el filósofo norteamericano Thomas M. Scanlon invoca la autoridad de Mill para dotar de contenido a un principio de legitimación de restricciones a la libre expresión, que denomina “principio de Mill”, y que dispone que los daños que sobrevengan como consecuencia de actos expresivos que impliquen que los receptores adquieran creencias falsas o bien ejecuten acciones lesivas no pueden invocarse para justificar una restricción estatal a la libre expresión. En otras palabras, cada individuo, en tanto agente racional, es responsable de lo que cree y de lo que hace. Intervenir el mercado de ideas para evitar daño es paternalista.
Con este principio el liberalismo ha reaccionado a todos los intentos por intervenir el mercado de ideas, incluyendo el intento del feminismo de regular el libre flujo de pornografía, el intento del progresismo de regular el discurso de odio, y más recientemente el intento de regular la falsedad y la manipulación. En general, ha sido exitoso en deslegitimar esos intentos.
A fines del siglo XX surgieron otros intentos por convencer al liberal de admitir la regulación del flujo de información, bajo el entendimiento de que el “mercado de ideas” es imperfecto. Por definición, si el mercado es un espacio de interacción espontánea caracterizado por el ejercicio de libertades individuales, no tiende a producir naturalmente “bienes públicos”. No hay razones para pensar, entonces, que la libre expresión de cada uno producirá espontáneamente el bien público de “información verdadera y de calidad”: el mercado producirá inevitablemente odio y falsedad. Se necesita, entonces, una teoría de la libre competencia para el mercado de ideas, que prohíba la competencia desleal y el abuso de posición dominante. Si bien el liberal es cada vez más sensible a estas propuestas, es natural que tienda más bien a defender un paradigma de auto-regulación. En el caso de la libre expresión, lo que corrige las fallas del mercado (de ideas) es más expresión, no menos: nivelar hacia arriba, no hacia abajo.
La insistencia del liberal se explica por la fuerza del dogma de la autonomía del receptor. Pero en el siglo XXI el dogma de la autonomía del receptor ha sido puesto en cuestión por el desarrollo de la ciencia conductual, en especial por la economía del comportamiento [behavioral economics]. La ciencia conductual ha demostrado que la racionalidad del ser humano no es garantía de decisiones autónomas. Las decisiones humanas están influenciadas, y más bien mediadas por, el contexto en el que se adoptan – la “arquitectura de la decisión”. Estas decisiones incluyen la adopción de creencias y convicciones. Nuestras convicciones, entonces, no dependen de nuestra autonomía racional, sino del diseño arquitectónico del espacio en el que adoptamos esas decisiones (por ejemplo: internet).
El problema es que la ciencia conductual puede ser usada tanto para el bien como para el mal. Las empresas que siguen el modelo de Cambridge Analytica la utilizan para influenciar a votantes indecisos en períodos electorales. Cass Sunstein, profesor de derecho y por un tiempo breve miembro de la administración pública en el gobierno de Obama, pretende usarla para el bien: empujar [nudge] a las personas a tomar decisiones que contribuyan a su propio bienestar (vgr. dejar de fumar). El liberal teme que en ambos casos se manipule al receptor, ya sea por su propio bien o no. Pero en ese dogmatismo se autoexcluye de una discusión interesante sobre el diseño de políticas públicas en espacios de flujo de información.
Esa discusión, sobre lo que debe hacerse para alcanzar el bien público “información de calidad” (libre de odio, de falsedad, etc.), implica, como en toda política pública, una mezcla de consideraciones éticas y empíricas. En ese ámbito, el lenguaje de los derechos individuales contribuye muy poco a la evaluación de opciones disponibles. Esto es especialmente cierto en el caso de libertad de expresión, fundada en el mercado de ideas y apoyada en el dogma de la autonomía del receptor. El ‘derecho a la libre expresión’ es más bien un estorbo en esa conversación (una suerte de conversation stopper). En círculos académicos algunos han decidido, por esta razón, abandonar la idea de la libertad de expresión. Una opción alternativa para el liberal es desechar el dogma de la autonomía del receptor y abrirse a una conversación cándida sobre el diseño arquitectónico de espacios de libre flujo de información (siempre y cuando sea honesto con que el objetivo último de la protección de esa libertad no es sino el bien público “información de calidad”).
