Opinión
Es reprochable la liviana utilización del Derecho Penal para temas que deben encontrar solución en la arena política, en base al diálogo, la capacidad de entendimiento y la altura de miras de ambas partes para superar diferencias o retirar afirmaciones. La intervención del Derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible, toda vez que es un instrumento de última ratio, es decir, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El Derecho Penal está llamado a proteger bienes jurídicos altamente relevantes para una sociedad; y dada la gravedad e importancia del control y la persecución criminal, no es sensato utilizarlo para infligir derrotas o empatar reyertas de corte político. Así como debemos oponernos férreamente al neopopulismo penal, con la misma fuerza se debe actuar en contra de la infundada criminalización de la política.
El país ha sido testigo de una extendida polémica generada por dichos de la Ministra Cecilia Pérez, así como, por palabras vertidas por el Senador Carlos Montes, en las cuales, ambas autoridades, por separado, aluden a potenciales vínculos de la política con el narcotráfico.
No compartiendo en absoluto el contenido de las declaraciones vertidas por la Ministra Vocera y el Senador, causa notoria extrañeza que un grupo de parlamentarios, tanto de gobierno como de oposición, hayan adoptado la decisión de presentar sendas denuncias de carácter penal en contra de cada uno de ellos.
Fácil es comprender, que ambas acciones gozan de una dudosa viabilidad jurídica, y que, ni Cecilia Pérez ni Carlos Montes, son agentes encubiertos, informantes o agentes reveladores, sino, una ministra de Estado y un Senador República que, en cumplimiento de sus cometidos, han emitido erradas y desafortunadas declaraciones políticas.
Cosa distinta, es el deber que pesa sobre cada partido político de aclarar, transparentar, condenar y desterrar todo eventual vínculo de sus adherentes con la corrupción y el narcotráfico.
En tal virtud, es reprochable la liviana utilización del Derecho Penal para temas que deben encontrar solución en la arena política, en base al diálogo, la capacidad de entendimiento y la altura de miras de ambas partes para superar diferencias o retirar afirmaciones. La intervención del Derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible, toda vez que es un instrumento de última ratio, es decir, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El Derecho Penal está llamado a proteger bienes jurídicos altamente relevantes para una sociedad; y dada la gravedad e importancia del control y la persecución criminal, no es sensato utilizarlo para infligir derrotas o empatar reyertas de corte político.
Así como debemos oponernos férreamente al neopopulismo penal, con la misma fuerza se debe actuar en contra de la infundada criminalización de la política. A problemas de carácter político, le deben suceder soluciones políticas, pero en ningún caso penales.
