Opinión
El 24 de diciembre de 2018, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín remitió al Pleno de la Corte Suprema una propuesta de proyecto piloto de detección de niños y niñas que se encuentran con orden de búsqueda y recogimiento pendientes para la coordinación de la respuesta estatal. La iniciativa liderada por la magistrada Mónica Jeldres y la Fundación San Carlos de Maipo involucra a universidades y organizaciones de la Sociedad Civil. Se sostuvieron numerosas reuniones para materializarlo, tanto con representantes del Ministerio de Justicia, como con instancias de la Corte Suprema y otros actores de la Inter sectorialidad. Para la coordinación y ejecución del proyecto, se ha propuesto la creación de un Comité integrado por el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Servicio Nacional de Menores (SENAME), Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), además de la Fundación San Carlos de Maipo (FSCM) y las universidades regionales que se sumen a la ejecución de la iniciativa.
No obstante, la voluntad declarada y el reconocimiento explícito de un número no determinado de niños en calidad de “inubicables”, las medidas cautelares existentes y la responsabilidad inherente del Estado en cuanto tutelar de protección de niños que hoy se encuentran en el más alto riesgo, no existe aún una respuesta clara, no sólo respecto a esta iniciativa, sino fundamentalmente al número de niños en esta condición.
El tema no es menor, pues la situación de vulnerabilidad de los niños, muchos de ellos contabilizados en Calle por el Ministerio de desarrollo social y de la Familia en el “Conteo de Calle”, pero no derivados a las residencias o programas, puede significar un inminente deterioro de su salud física y mental, además de la exposición a situaciones como la explotación sexual, el abuso, la violencia, el consumo problemático de drogas y, evidentemente, la deserción escolar, entre otras. A principios de marzo de este año la Senadora Rincón dio a conocer esta propuesta piloto y posteriormente, desde la Cámara de Diputados, se constituyó una Comisión Investigadora de acciones de búsqueda NNA (niños, niñas y adolescentes) extraviados o desaparecidos, liderada por la Diputada Erika Oliveira que, en la sesión del 2 de septiembre, conoció los alcances del proyecto. En esta instancia, el Ministro de Justicia informó la respuesta pendiente por parte de la Corte Suprema, luego de haber pasado por distintas instancias y estar radicada en el comité de modernización del organismo.
Por otro lado, y según lo informado por el ministro en la sesión de la comisión investigadora, la Corte ha sostenido que la cifra, según su sistema informático, es bastante menor a la proporcionada por el Ministerio Público, que en la misma Comisión informó de 6.915 ingresos por delitos de presunta desgracia infantil en 2018, o Carabineros que da cuenta de 1.425 casos con orden de búsqueda no habidos el 2018, y por Investigaciones que señala 889 casos no habidos desde el 2013 a la fecha. Mientras, el ministro Cisternas ha entregado a la prensa la cifra de aproximadamente 350 niños, señalando además que cuentan con un mecanismo adecuado de control de los procesos de búsqueda y radica en los centros de observación y cumplimiento de las cortes de apelaciones el seguimiento, pudiendo proveer a los servicios de protección la información respecto a los niños y jóvenes encontrados efectivamente y de manera periódica.
Del trabajo de esta comisión investigadora y de la inconsistencia entre las cifras, queda claro que no existe ni información ni coordinación entre las instituciones y, como preguntaba uno de los parlamentarios en la sesión del lunes recien pasado, tampoco está definido “quién lleva el pandero en la búsqueda”.
Lo que se mantiene, es la pregunta respecto a cuántos niños hoy están en riesgo, cuántos ya son adultos sin haber recibido la protección necesaria o, en el peor de los casos, cuántos han fallecido estando bajo protección del Estado.
