Opinión
El fortalecimiento y ampliación del rol del Tribunal Constitucional y su constitución en un verdadero suprapoder ha vuelto insoslayable la necesidad de abordar su reforma profunda como parte de la tarea aún pendiente de democratización de las instituciones del Estado.
Grandes son los desafíos en materia de verdad y justicia respecto de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura civil militar en Chile. A las tardías e insuficientes investigaciones judiciales, se suman las bajas y escasas condenas, y el indebido otorgamiento de beneficios penitenciarios a los condenados por estos crímenes a los que acceden sin el cumplimiento de mínimos requisitos.
En este contexto de impunidad, el Tribunal Constitucional (TC) ha cumplido un papel fundamental en la complicidad de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, paralizando una serie de causas criminales en las que se investigan las desapariciones, homicidios y torturas cometidas durante la dictadura: desde 2015 a la fecha suman 47 las causas paralizadas, algunas hasta por más de 600 días. A comienzos de este año 25 de ellas aún permanecían suspendidas.
Similar rol ha cumplido el TC respecto de la investigación criminal que busca determinar los responsables de la quema de archivos de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y en la que es parte querellante, Londres 38. Este proceso judicial es fundamental dado que demuestra, una vez más, la existencia de los pactos de silencio y encubrimiento al interior de las fuerzas armadas y la participación de miembros de sus filas en la incineración de una serie de documentos, microfilms y archivos durante la dictadura y también en democracia, al mismo tiempo que se desarrollaba la “Mesa de diálogo”, convocada para esclarecer el destino de las personas detenidas desaparecidas.
A través del proceso, se ha logrado determinar que aproximadamente en el año 2000, documentación de la CNI, correspondiente a los años 1980 a 1982, fue incinerada sin que se respetaran los reglamentos en materia de custodia de archivos de inteligencia, por parte de funcionarios del Ejército en dependencias de dicha institución. La investigación también ha establecido que expedientes de Consejos de Guerra realizados tras el golpe de Estado de 1973 se quemaron. Según la explicación entregada por los altos mandos del Ejército se habría debido a un supuesto atentado a la Escuela de Educación Física del Ejército, en noviembre de 1989.
Entre los militares procesados por el delito de quema de archivos está el general ® Eduardo Jara Hallad quien presentó ante el TC un recurso de inaplicabilidad que fue acogido en junio de este año y ha mantenido paralizada la causa hasta la fecha.
En otro ámbito, a través del control preventivo de constitucionalidad de proyectos de ley, el TC quebranta la intención del legislador, especialmente en aquellos proyectos de ley que avanzan en la protección progresiva de los derechos civiles y políticos de las personas, afectando en definitiva, la lucha de los movimientos sociales y de los sectores más desprotegidos. Así es como el TC ha acogido la «objeción de conciencia institucional» que impide la implementación de la Ley de aborto en tres causales; ha validado el lucro en las universidades privadas y el proyecto «Aula segura», y ha limitado la organización sindical, entre otros. Recientemente, hasta el presidente de la República ha amenazado con acudir al TC para bloquear la tramitación del proyecto que rebaja a 40 horas semanales la jornada laboral. Esta situación no es azarosa, el TC está integrado por personas designadas por el presidente de la República, el Congreso y la Corte Suprema. Parte importante de las designaciones suelen ser negociadas entre las dos coaliciones que han gobernado durante la posdictadura, dando como resultado una mayoría de miembros han velado sistemáticamente por los intereses de los sectores más conservadores de la sociedad y la preservación del sistema neoliberal imperante en desmedro de derechos individuales y colectivos.
Asimismo, a través del control represivo de los preceptos de ley, el Tribunal Constitucional se ha consolidado como la guarida de militares asesinos, responsables de graves violaciones a los derechos humanos y de militares corruptos, involucrados en la malversación de caudales públicos. Por ello, no es de extrañar que tanto las causas criminales por graves violaciones a los derechos humanos como las que investigan a los altos mandos del Ejército por el delito de fraude al Estado hayan sido paralizadas por este tribunal durante diversos lapsos de tiempo. Este rol del TC fue definido por los “legisladores” de la dictadura en la Constitución de 1980, y fortalecido en sus atribuciones por la reforma introducida en 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Esta reforma fue la moneda de cambio de la eliminación de la institución de los senadores designados, negociada con la derecha. A cambio, esta ganó incidencia en la designación de los miembros del TC y capacidad para obstaculizar decisiones judiciales y obstruir proyectos de ley que pudieran debilitar el entramado constitucional del 80.
Durante la presidencia de Iván Aróstica, cesado recientemente en sus funciones, el Tribunal Constitucional infraccionó los principios de una sociedad democrática a través de la declaración de inconstitucionalidad de proyectos de ley que buscaban proteger intereses individuales y colectivos de las personas, además garantizó la impunidad, sirviendo de refugio para los responsables de graves crímenes y de quienes buscan asegurar los pactos de silencio. Ahora habrá que estar atentos si la nueva presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, seguirá protegiendo a los criminales de lesa humanidad o marcará una nueva línea en la dirección de esta institución. Pendiente seguirá estando el fin de este enclave autoritario y una reforma profunda que contribuya a la democratización aún pendiente de las instituciones del Estado y de la sociedad.
