Señor Director:
Estas últimas semanas hemos sido testigos de graves y numerosas violaciones a los Derechos Humanos (DDHH), que incluso motivaron una Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Escribimos esta carta para aportar al debate público sobre qué respuesta debemos tener como sociedad ante esto, con la perspectiva de quienes trabajamos en el PRAIS (Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos), dependiente del Ministerio de Salud, que presta atención de salud física y mental a afectados por la violencia política durante la dictadura militar en Chile y a sus grupos familiares.
Ya desde las primeras semanas de estas movilizaciones la respuesta del gobierno, con la declaración de estado de emergencia, y la posterior salida de militares a las calles en el contexto de toques de queda, significaron la reproducción del trauma psicosocial para las generaciones que vivieron durante la Dictadura Civil-Militar. En particular, para quienes sufrieron en carne propia la tortura, la violencia político-sexual (con violencia sexual aplicada en forma desproporcionadamente mayor hacia las mujeres), la prisión política y/o el exilio, implicó – como pudimos ver con nuestros pacientes que padecen Trastorno de Estrés Postraumático, Trastornos del Ánimo, Dolor Crónico entre otros problemas de salud – la reexperimentación de esas vivencias, con la consiguiente revictimización y deterioro de su condición.
Los casos de asesinatos por agentes del Estado y muertes ocurridas en contextos no aclarados durante las movilizaciones, suman una veintena. Tenemos a nuestro haber el triste récord de más de 200 casos de trauma ocular severo; situaciones de guerra están prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario; que las fuerzas represivas entorpezcan, impidan el actuar o – peor aún – ataquen a equipos médicos, los cuales se encuentran protegidos por los diferentes acuerdos internacionales ratificados por Chile. Esta situación configura un escenario de violación sistemática de los DDHH, tal como múltiples organismos nacionales e internacionales han señalado.
Lamentablemente el gobierno, tanto en su presentación en la Audiencia de la CIDH como en discursos posteriores incurre en i) justificarlos, al intentar poner matices al ponerlos en el contexto de manifestaciones con afectación de infraestructura pública y/o privada ii) equiparar estos graves vejámenes con formas de protesta con componentes violentos.
Al respecto, solicitamos:
1) Una condena explícita e investigación exhaustiva de todas las violaciones de DDHH, sin pretender ningún empate con episodios violentos de una protesta social mayoritariamente pacífica
2) Poner fin inmediato al uso de balines y perdigones como medida represiva utilizado en forma discrecional por las fuerzas policiales
3) La conformación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, con participación de la sociedad civil (incluyendo representantes de organizaciones de afectadas/os y sus familiares) y organizaciones nacionales e internacionales especializadas, para un análisis exhaustivo de las violaciones a los DDHH, con énfasis en las ocurridas en el marco de estas movilizaciones, y que realice recomendaciones respecto de su abordaje integral, el cual debe llevarse a cabo a través de un conjunto coherente de políticas adecuadamente financiadas. Desde l@s trabajadores PRAIS existirá el compromiso para hacernos parte de la construcción e implementación de dichas políticas.
4) Para prevenir lo que dicha comisión buscará esclarecer y reparar, se deben realizar reformas estructurales profundas al funcionamiento de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, evitando la militarización y la violencia política como forma de enfrentamiento de la protesta social, lo cual requiere de una nueva lógica lejos de aquella del enemigo interno, que debe expresarse en nuevas instituciones.
Carolina Rojas Stapel, Psicóloga,
Gonzalo Cuadra Malinarich, Médico
A nombre de trabajadores y trabajadoras del PRAIS Servicio de Salud Metropolitano Norte
