Opinión
En medio de la crisis nacional, la idea de continuar con la aplicación del SIMCE enfureció a muchos. Ante ello, el Colegio de Profesores y la organización “Alto al Simce” llamaron a boicotear la prueba, mientras siete Alcaldes declararon que no se aplicaría en sus establecimientos.
Esto es rebeldía SIMCE. Ello no es un fenómeno nuevo. A nivel internacional son conocidas las diversas organizaciones de madres/padres, docentes y ciudadanía en general que han emplazado a terminar con este tipo de exámenes y a no llevar a las niñas y niños a la escuela en el día del examen (conocido como el “opting out movement”, en español, “optar por salirse”).
En Chile la rebeldía Simce no es un fenómeno nuevo. Desde la primera aplicación de la “Prueba Nacional de Habilidad Verbal y Matemática” a los 8vos básicos, bajo el gobierno de Frei Montalva, en el año 1967, se realizaron críticas a la medida evaluativa. Estas críticas primero versaron sobre las eventuales consecuencias negativas ligadas a la prueba, pues se planteó que el puntaje final del examen se promediaría con las notas de cada alumno, junto a su informe de personalidad con el que se tendría que postular a la educación media.
En el año 1970 las críticas aumentaron. Una columna en el diario La Tercera se tituló “No al Test”, donde se argumentaba que la prueba reducía “al absurdo de un test” la complejidad de las habilidades necesarias de aprender en la escuela. Ese mismo año, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) realizó una huelga durante el día de la prueba dificultando su aplicación, como manifestación crítica al examen y a la reforma educacional de la época. Ese fue el último año en que se aplicó dicha prueba.
A principios de los años 80, bajo la dictadura, se creó la “Prueba de Evaluación del Rendimiento Escolar”, conocida como “PER”. Mientras los resultados de cada alumno se entregaban al profesor en un sobre sellado, la prueba no despertó especial polémica. Pero ello cambió en el año 1983, cuando la Ministra de Educación, Mónica Madariaga, declaró que habría sanciones por bajos resultados, como el eventual cierre de un establecimiento que no avanzara en un plazo de tres años. Ello despertó alarma entre sostenedores y directores de establecimientos. Incluso el mismo equipo a cargo del PER, de la Pontificia Universidad Católica, se declaró en contra de tal medida. Finalmente, el Director de Educación del Ministerio, René Salamé, salió a desdecir las declaraciones de la Ministra, arguyendo que “el PER no se ha creado para tomar medidas contra nadie, sino para mejorar la calidad de la educación chilena”.
Con el SIMCE, especialmente desde el año 1995, cuando se comenzaron a publicar los resultados en la prensa, las críticas se agudizaron. Las principales han sido: la prueba genera competencia entre escuelas, incentiva la exclusión de los niños con más bajo desempeño y la reducción curricular, y estigmatiza los establecimientos que atienden alumnos de contextos más pobres. En 1997, por ejemplo, en medio de un escándalo por la alta inasistencia en la prueba de niños con aparentemente bajo desempeño en más de 380 escuelas, diversos dirigentes del Colegio de Profesores, como Jorge Pavez, Jaime Gajardo y Carlos Vásquez, salieron a criticar la prueba. Asimismo, en el “Congreso Nacional de Educación”, del Colegio de Profesores, se acordó que la prueba SIMCE debía ser sustituida por otro modo de evaluación integral. Al año siguiente, en 1998, varias organizaciones de padres se sumaron públicamente a criticar la difusión de los puntajes y “los rankings” de la prueba.
Con el “movimiento Pingüino”, en el año 2006, entre medio de diversas críticas al sistema educativo, los secundarios también criticaron el SIMCE en sus documentos de trabajo y nuevamente se hacía un llamado a crear una nueva forma de evaluar a las escuelas. Pero, es particularmente en el año 2013, en un momento de exacerbación de pruebas SIMCE (se llegaron a aplicar hasta 17 al año), cuando surge la campaña “Alto al Simce” y se logra instalar en los medios un debate más extenso y continuo que perdura hasta el día de hoy. La organización logró captar adeptos heterogéneos, incluyendo docentes, apoderados, académicos, premios nacionales y políticos. Desde ese año, 2013, organizaciones secundarias llamaron a boicotear el SIMCE y marcharon con pancartas que decían “No + SIMCE”.
A su vez, desde el año 2014, se han llevado a cabo diversas indicaciones y proyecto de Ley por parlamentarios, como Carlos Montes, Cristina Girardi y Juan Ignacio Latorre, para limitar los usos del SIMCE, entre ellos: prohibir la publicación de resultados por establecimiento; impedir la aplicación de exámenes nacionales a alumnos de 4° básico y menores; reducir los indicadores asociados al SIMCE de un 67% a un 40% en la categorización de desempeño; e impedir o dificultar el cierre de establecimientos. Sin embargo, a pesar de estas distintas iniciativas, hasta el momento, ninguno de ellos ha logrado consenso en el parlamento.
También es importante considerar que las mismas personas que han trabajado en el gobierno y que han defendido la prueba, han manifestado puntos críticos en torno a la prueba. De hecho, las “Comisiones SIMCE” (2003 y 2014), encargadas por el mismo Ministerio de Educación, han identificado diversos problemas, no menores, asociados a la prueba, lo que ha llevado a realizar ajustes al modelo, aunque manteniendo el paradigma general.
La rebeldía Simce que hemos visto estos días tiene una larga historia que la antecede, y existe en tanto hay a su vez una obstinación SIMCE de continuar con el modelo evaluativo, basado en lógicas de competencia, incentivos y sanciones. Mientras ello persista, la historia de la rebeldía muy probablemente continuará.
* Esta columna es parte de una investigación Fondecyt 1170477 sobre la historia del Simce, sus resultados más en extensos se encuentran en:
