Opinión
Crédito: Marcelo Pérez
Durante la transición a la democracia (1989-2019) la élite de derecha y de centroizquierda solía usar el concepto de “calle” para menospreciar a la población común como símbolo de desorden, anarquía e ignorancia. El solo uso de la palabra “calle” para referirse al pueblo chileno, denotaba la insolencia de reducir la rica diversidad cultural humana de nuestro país a un mero espacio físico. La élite se declaraba a plena luz del día y sin complejos como la única portadora del orden y el progreso económico del país, ignorando los esfuerzos de la gente.
A pesar del estallido social de octubre de 2019, el tratamiento a la “calle” por parte de la élite y los medios oficiales de comunicación se ha tornado francamente delirante. A la mayoría se la llama “los pacíficos”, y a los otros los llaman “lumpen”, “narcos”, “terroristas”, “enemigos del Estado”, y causantes de la violencia en Chile. Se ha pretendido excluir del estallido social al “lumpen”, que ha sido el producto más siniestro del propio sistema neoliberal. Se postula que sería una “turba”, “parásitos” (Briones) que “no tiene nada que perder”, como que sus vidas no tuvieran valor ni para ellos mismos y su valentía al enfrentarse con una fuerza policial dispuesta a matar y a reventarle los ojos a más de 400 jóvenes solo fuera producto de la sed de venganza propia de los “perdedores” o de los “resentidos”.
La perversidad del eslogan oficial de “hay que rechazar la violencia venga de donde venga” se funda en la insistencia en que la desigualdad y la depredación social orquestada por la revuelta de las élites y los ricos de Chile, no es violencia. La evidencia empírica, no obstante, ha demostrado que la violencia genera violencia y eso es lo que ha sucedido en Chile. El punto es cómo parar la violencia de arriba para que no produzca espirales de violencia callejera. En este contexto, la discusión sobre la esencia de la “primera línea” es inconducente, porque no contribuye a entender y darle prioridad a la feroz verdad del saqueo de las élites en Chile.
Reivindicar el hecho fáctico que ha sido justamente la “calle”, es decir, los chilenos de cada día, aquellos que han generado una riqueza nunca antes vista en la historia de Chile, resulta central en la comprensión de la realidad de nuestro país. Otro asunto es que esta riqueza haya ido a parar principalmente a manos privadas –el 73% del total de la riqueza chilena estaba en manos del 20% de la población más rica (Banco Central, 2019)–. Por otro lado, la dictadura dejó al país con un ingreso per cápita de 2.294 dólares en 1989 (Banco Mundial), mientras que los gobiernos de la transición gestionaron la economía de tal manera que se llegó a alcanzar un ingreso bruto per cápita de alrededor de 26.000 dólares (2018). Los recursos para haber construido una sociedad más justa estaban.
La pregunta del millón es: ¿qué misterioso mecanismo de negación sobre la peligrosa desigualdad económica y social llevó a la élite política a pensar que esta inmoralidad podría eternizarse en el tiempo? ¿Estábamos ante un Estado “de papel”? ¿O quizás ante un Estado “despótico”? (Acemoglou/Robinson). Al parecer era una artera mezcla, pero allí no había Estado democrático.
Es interesante recordar la huelga de noviembre del 2000 de los puertos de Chile durante el gobierno de Ricardo Lagos, porque expresó tempranamente en un solo ejemplo, entre muchísimos, y con brutal crudeza, el peak de la prepotencia política y el auténtico desprecio frente a las demandas de la “calle” en sectores políticos “progresistas” y empresariales.
El incumplimiento de las promesas del Estado para compensar a las víctimas de la privatización portuaria con nuevos empleos, cursos de reentrenamiento y otorgamiento de pensiones mínimas para aquellos que quedaran sin empleo, reventó la paciencia de los sindicatos de estibadores y no vieron otra alternativa más que irse a paro nacional.
El expresidente Lagos se encontraba de viaje en Uruguay y con tonos virtualmente monárquicos amenazó a los estibadores con “retirar” incluso los beneficios que ya les habían “otorgado” en 1999. Pero fue su biministro de Transporte y Obras Públicas, Carlos Cruz, quien expresaría la esencia de la claudicación de los ideales democráticos de aquel Gobierno, cuando declaró a El Mercurio, el 24 de febrero del 2020, que «nosotros somos los que ponemos los límites y decimos cómo y en qué forma se negocia… el Gobierno no aceptará sus fórmulas. Son ellos los que tienen que aceptar las nuestras”.
Luego de millonarias pérdidas, la presión de la huelga obligó al Gobierno a negociar para resolver el conflicto, mientras el presidente de la Asociación de Exportadores, Ronald Brown, calificaba de “minucias” las demandas laborales y felicitaba al Gobierno por haber actuado para detener el “caos” y la “incertidumbre” provocados por esa huelga al sector privado y a supuestos inversionistas extranjeros.
Esta manera de manejar los conflictos sociales se repetiría una y otra vez durante todos los gobiernos de la Concertación, Nueva Mayoría y la derecha, hasta el estallido social de octubre de 2019.
La fórmula del Estado al servicio de los privados contra la “calle”, que era la que generaba la riqueza, estaba tambaleando hacía mucho tiempo. Se trataba de un triángulo mortal, donde solo la “calle” resultaba perdedora. No se tuvo ni la capacidad ni la sabiduría política para entender que, al excluir a la población de su rol fiscalizador sobre el poder central, no solo se impedía el desarrollo democrático del país, sino también avanzar hacia una mayor acumulación de riqueza.
La inequívoca opción política por denegar los frutos del crecimiento a la “calle”, puso a toda la institucionalidad al servicio de la codicia política y económica. En Chile el estallido social fue precedido por una auténtica revuelta de los ricos basada en la Constitución del 80 que no quiere acabar. Mientras eso no cambie, la estabilidad de Chile está en peligro. Aceptar esta demoledora verdad básica es clave para avanzar. Todo lo demás son “fake news”.
La desinformación y manipulación de los medios oficiales ha pretendido plantear que la “calle” solo tiene rabia, chilla y ataca a las supuestas “fuerzas del orden”. Pero hay un avance innegable en materia de fortalecimiento de la democracia: ha sido la “calle” aquella que, a pesar de los pesares, ha salido a fiscalizar el desorden social impuesto por la élite chilena, cumpliendo así en forma ejemplar con su deber democrático. Al rechazar el abuso, la “calle” hace gala de mayor conciencia civilizatoria que la élite nacional.
Los dirigentes empresariales ya no podrán plantear que “cuando la calle manda el país se desbanda” (Lamarca, 2003), porque ha sido al contrario: la élite político-empresarial y militar condujo evidentemente al actual caos político, económico y social que sufre el país. La calle cumplió: generó riqueza, pero la élite falló y permitió que se la apropiaran unos pocos privilegiados.
Sin la “calle”, en nuestro Chile no habría esperanza para poner punto final a la corrupción elitista. La “calle” ha puesto de manifiesto que la paz se alcanza con libertad y respeto a las necesidades de la gente, sin clasismo ni racismo, sin xenofobia ni machismo y con instituciones decentes. Han comprendido que la desigualdad es violencia pura.
Ahora, están de turno aquellos grupos de la élite política que todavía creen en la democracia y que sean capaces de aunarse a las nuevas agrupaciones políticas y sociales. “Chile Despertó”, es una frase que expresa la comprensión de la población que dejar el Gobierno al poder central sin su concurso fiscalizador ha sido devastador para su propio bienestar. De esta cordura emana el potencial poder civilizatorio de la “calle”.
