Opinión
La emergencia sanitaria que ha provocado la propagación del COVID-19 –coronavirus–, ha confirmado lo que el estallido social del 18 octubre ya había dejado al descubierto: la desprotección de los ciudadanos por parte del Estado de Chile. Esta situación en la Región de Valparaíso viene quedando manifiesta con la implementación de políticas neoliberales que han derivado en un aumento progresivo de los índices de pobreza, sequía, contaminación ambiental y cesantía, que no dan tregua y afectan doblemente a las comunas más pobres de la región.
Precisamente hace algunas semanas –en el marco del proceso de descentralización–, la División de Planificación del Gobierno Regional de Valparaíso, en conjunto con el Consejo Regional, determinaron las comunas que constituyen las zonas rezago, vale decir, aquellas contiguas dentro de la región, cuyos indicadores de aislamiento y brecha social sean mayores al promedio regional. El resultado nos dejó once comunas que tenían características de zona de rezago, donde seis resultaron presentar los mayores índices: Petorca, Cabildo, la Ligua, Nogales, Llay Llay y Catemu. Cabe destacar que estas comunas tienen un alto número de localidades aisladas, muchas de ellas con falta de acceso a vivienda y servicios básicos como agua potable, alcantarillado y electricidad.
En la zona norte de la región nos encontramos con las comunas de Petorca, Cabildo y La Ligua, donde se arrastra una megasequía de más de una década, que en los últimos años ha mostrado su peor cara con la escasez de agua potable para el consumo humano. La falta de derechos constitucionales favorables al consumo humano y al uso comunitario del agua ha traído como consecuencia la concentración de este bien en un puñado de manos empresariales. En este sentido, la emergencia del COVID-19 ha develado una trágica consecuencia del actual modelo hídrico de la región, toda vez que miles de personas están expuestas a ser contagiadas por este virus debido a la imposibilidad de poder cumplir con las normas básicas de higiene, ya que simplemente no tienen agua suficiente a su disposición.
Por otro lado, la cobertura del sistema de salud, es otro de los elementos críticos que nos preocupan y que confirman las condiciones de riesgo para la propagación del coronavirus. El déficit hospitalario se arrastra desde hace años en nuestra región, encontrando su punto más crítico durante el 2019, dada la falta de insumos, medicinas e infraestructura que permitiera el normal desenvolvimiento de los centros hospitalarios. Esta realidad ha quedado nuevamente al descubierto, toda vez que desde el inicio de los casos de infectados por coronavirus en la región, solo el Hospital San Camilo de San Felipe tiene los instrumentos necesarios para detectar la enfermedad, pudiendo existir un retraso de entre 48 y 72 horas en el conocimiento de resultados.
En definitiva, las circunstancias actuales del diagnóstico regional nos obligan a redoblar los esfuerzos y es por esto que se hace fundamental que las autoridades comiencen a tomar las medidas adecuadas, no solo en materia sanitaria y de aislamiento social, sino también en materia económica y de reformas institucionales. Países como España, Francia e Italia, han tomado medidas sociales y económicas con clara voluntad proteccionista hacia los trabajadores y sus familias, asegurando el acceso a los servicios básicos y a la vez el resguardo de sus derechos laborales. Lamentablemente, en nuestro país esta situación no se ha dado. Nuestra institucionalidad y su legalidad nuevamente se ponen en entredicho y para hacerle frente no debemos olvidar el impulso adquirido post-18 octubre.
Es fundamental impulsar y reiterar la necesidad de un Estado de Bienestar; sin embargo, no basta con garantizar los derechos sociales en la nueva Constitución –que tanto hacen falta en estos momentos–, sino que es fundamental que sean descentralizados.
Esto último resulta de vital importancia, toda vez que son las comunidades en los territorios las que deben tener un mayor protagonismo, con nuevos y mayores recursos, competencias y, por sobre todo, la autonomía para decidir y ejecutar el ejercicio de dichos derechos. Solo así podremos enfrentar no tan solo pandemias como la que vivimos actualmente, sino también hacer de nuestro territorio uno más justo e igualitario.
