Opinión
La presente crisis sanitaria, y su gestión por las autoridades, ha profundizado la invisibilización y muchas veces el abandono en el que se encuentran las preocupaciones, opiniones, vivencias y derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) de nuestro país, en particular, de los más vulnerables.
Como Defensoría de la Niñez hemos realizado distintas acciones, destinadas a recordar a los organismos estatales sus obligaciones destinadas a prevenir, promover y proteger los derechos de los NNA, especialmente en esta contingencia que les afecta en todos los niveles. Lamentablemente no hemos encontrado una respuesta acorde con la gravedad de las afectaciones observadas.
Esta crisis afecta de manera multidimensional a los NNA, en materias como el derecho a la educación, el derecho a la salud en general y a la salud mental en particular, en su derecho a la recreación y al juego y en su derecho a estar en familia, entre otros. La suspensión de clases también los expone a vulneraciones relacionadas con la alimentación y el aumento de la violencia intrafamiliar y sexual. Los grupos de NNA vulnerables son los más afectados, sea porque no tienen acceso a los medios materiales para continuar recibiendo educación en condiciones normales o mínimamente aceptables, o porque se encuentran en situaciones en las que ya sufren vulneraciones que solo se hacen más intensas en este período.
Basta recordar la situación de los NNA en situación de calle, que no tienen en esta pandemia acceso a medidas higiénicas que les permitan protegerse, como también la de otros grupos que requieren de especial preocupación, como los NNA en situación de alta dependencia o discapacidad, o los NNA migrantes.
La falta de seguridad económica de las familias en esta crisis también es un elemento desestabilizador, que afecta de manera intensa, directa y permanentemente, a estos grupos vulnerables. Es evidente y urgente, por tanto, contar con una política pública transversal con enfoque de derechos humanos, coordinada, que enfatice la prevención de las vulneraciones y protección de los NNA más vulnerables. Como Defensoría de la Niñez hemos observado, lamentablemente, que esta política coordinada y transversal no existe. Un dramático, claro y reiterado ejemplo de esto es la situación de precariedad y falta de garantización de sus derechos humanos que siguen viviendo los NNA bajo el cuidado del Estado.
Desde que se iniciaron nuestras funciones, como Defensoría de la Niñez hemos insistido en que la protección de los NNA bajo el cuidado del Estado es exclusiva, privativa y primera responsabilidad del Estado de Chile a través de quienes ejerzan el Gobierno y sus distintos organismos, lo que les obliga a generar acciones oportunas, eficientes, eficaces y transversales de coordinación para prevenir vulneraciones a sus derechos y les asegure acceso a todo lo necesario para que puedan ejercer, como cualquier otro NNA, los derechos de que son titulares, incluido, por cierto, su derecho a la salud. Así, y en innumerables oportunidades, hemos relevado cómo la falta de respuesta de los órganos del Estado antes la peticiones que formula esta institución autónoma de derechos humanos y, en el mejor de los casos, la demora en la entrega de información, dificultan e imposibilitan, en muchas ocasiones, el cumplimiento de nuestro rol, resultando aquello una acción gubernamental que contraría la propia definición que el Congreso Nacional ha acordado al crear esta institución.
La Defensoría de la Niñez ha solicitado, formalmente, al Ministerio de Salud información sobre las medidas adoptadas respecto de los NNA en nuestro país, con especial énfasis en los NNA bajo su cuidado y responsabilidad, sin que, hasta la fecha, se hayan entregado respuestas, impidiendo poder velar, de manera concreta y real, por los derechos de quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, que no sólo son responsabilidad del Servicio Nacional de Menores, como parece ser mal entendido por la mayoría de los otros ministerios sectoriales, sino que demanda de la intervención responsable y debida de todos quienes, desde sus obligaciones jurídicas, deben ejecutar acciones destinadas a que los derechos humanos de quienes se encuentran bajo protección estatal sean debidamente asegurados y satisfechos, particularmente en lo relativo a esta crisis sanitaria, aquello es ineludible para el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez.
Afortunadamente, y transcurridas dos semanas, hemos observado ciertos signos alentadores, en cuanto a que ciertas reparticiones gubernamentales están entendiendo la gravedad de la situación. Así, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ha comprometido, a solicitud de la Defensoría de la Niñez, la realización de una sesión especial de la Mesa Social COVID-19 la que, en vista de los últimos acontecimientos, es aún más urgente e imprescindible y esperamos que todos los demás Ministerios y el Gobierno en su conjunto comprendan que estos NNA son de responsabilidad directa de todos ellos, sin que sea posible mantener la responsabilidad únicamente en un Servicio que, sin la intervención estatal transversal, no podrá abordar su responsabilidad con suficiencia y calidad. Solo superaremos esta emergencia si enfrentamos esta pandemia atendiendo a las necesidades de todas las personas que habitan en Chile, priorizando la intervención estatal de quienes dependen, directa y exclusivamente, de sus acciones y responsabilidad, lo que exige de las autoridades involucradas acciones mucho más decididas, oportunas y eficaces, no sólo para visibilizar a los NNA como sujetos de derecho, sino que para diseñar e implementar, con participación efectiva de los propios NNA, políticas públicas con enfoque de derechos humanos, impactando así en la reducción real de la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos/as que se transforma, desgraciadamente y de manera muy permanente, en vulneración directa de sus derechos.
El tiempo de los niños, niñas y adolescentes es hoy.
