La plata antes que la vida

Hace un buen tiempo feministas de distintos lugares han anunciado la crisis de los cuidados en los países bajo regímenes neoliberales. A propósito de diversos cambios en los modelos de producción, la inclusión de la mujer en el trabajo y el aumento de la población adulta mayor, se ha denunciado la incapacidad de las instituciones de garantizar el sostenimiento de la vida en grandes proporciones de la población. Y esto es algo que parece coincidir con los efectos que hemos visto durante la crisis sanitaria por el coronavirus.

Las expertas y los expertos han referido que el grado de letalidad del COVID-19, más que estar determinado por su propia carga viral, se debe a: 1) su alto grado de contagio y 2) por la incapacidad de las instituciones de salud para poder dar respuesta a dicha demanda. Querámoslo o no, el coronavirus llega a descifrar las miserias que vienen arrastrando nuestros países en cuanto a cómo se gestiona la vida desde los estados y los mercados. De este modo, parece importante no solo sobrevivir a este período, sino también reflexionar sobre las garantías colectivas para dar sustento a una vida digna, pero además sobre quiénes las gestionan, cómo lo hacen, dónde destinan los recursos y con qué fin.

En entrevista, Sebastián Piñera se negaba a aceptar hacer una intervención económica desde el Estado contra la crisis socioeconómica que está produciendo el COVID-19, aludiendo a que eso tendría que ver con un uso ideológico y que estos no serían tiempos para ello. Sin embargo, vemos día a día un pulular de acciones y declaraciones de corte fuertemente neoliberal en la gestión de esta pandemia.

Reducir al mínimo la intervención del Estado en la gestión ya responde a una expresión ideológica de esta política neoliberal. Por ejemplo, el Gobierno apuesta a la ética de la responsabilización individual, donde sean los individuos quienes tengan que hacerse cargo de sus propios cuerpos y salud. El Gobierno no se preocupa de garantizar mascarillas para la población, pero sí invierte en proteger a los uniformados para cursar partes millonarios a quienes no pueden usar mascarillas. El Ministerio de Salud hace tutoriales para que cada individuo pueda confeccionar sus propias mascarillas: la responsabilidad, la garantía y el castigo recaen en el mismo individuo.

Asimismo, la cuarentena está siendo entendida como la búsqueda del confinamiento personal, donde el refugio está atribuido específicamente al espacio privado y familiar. Aquellas personas sin casa, en campamentos, privados de libertad, las mujeres, disidencias sexuales y personas con vínculos no familiares se enfrentan a desprotecciones materiales y afectivas –e incluso amenazas– que no son consideradas en el mapa de alternativas en esta gestión. Además, se acentúa la distinción entre lo público y lo privado, lo colectivo y lo individual, como elementos dicotómicos y contradictorios en que, en este contexto, uno significa la amenaza y el otro la seguridad.

La ideología neoliberal dicta que el orden debe ser resguardado mediante el uso de la fuerza y así es como ordenadamente lo está cumpliendo el Gobierno. Los agentes que fiscalizan, controlan y sancionan esta gestión no son la sociedad civil, sino los agentes represivos del Estado, los mismos que han sido desacreditados por la opinión pública por su excesivo uso de la fuerza, y por la sistemática, reiterada y generalizada violación de Derechos Humanos durante el proceso de manifestaciones sociales desde octubre. Contradictorio que los mismos agentes de una institución violadora de nuestros DDHH sea una de las primeras y directas responsables de nuestro cuidado.

Los agentes neoliberales que administran el Estado (Piñera & Cía.) han estado gestionando la crisis de los cuidados a comodidad de la racionalidad e intereses empresariales neoliberales, pero también en alianza con ellos, como una oportunidad más para poder incrementar sus ganancias y, quizás, un intento por legitimarse como actor relevante en la sociedad. Espacio Riesco es un ejemplo de ello. La resolución ministerial que dispone instrucciones para la coordinación público-privada o la negociación privada que sostuvo el Gobierno con las isapres para detener el aumento de los planes, otros más.

De igual modo, se busca sostener la producción y el flujo del dinero sin tener mayores cuidados en las condiciones laborales o de transporte, dejando en la desprotección laboral y salarial a las trabajadoras y los trabajadores. Esto lo hemos visto en la interpretación que hizo la Dirección del Trabajo sobre la permisividad a los empleadores de despedir sin mayor compensación, la ley de “protección laboral” donde se hace uso del seguro de cesantía para cubrir las necesidades de cuidado durante la cuarentena (mismo seguro que se paga con impuestos de los trabajadores).

Se negocia con la banca para flexibilizar el endeudamiento, no para congelarlo sino para mantenerlo, mediante garantías crediticias de cobertura al riesgo de la inversión bancaria que la cubriría el mismo Estado. En otras palabras, se flexibilizan las condiciones para incluir a más personas y empresas en la dinámica de endeudamiento del mercado, y no de aumentar la oferta de protección social. Los despidos aumentan y la posibilidad de rescates fiscales al sector financiero se acercan. Qué decir de los trabajadores independientes (que la derecha le gusta tanto usar en sus retóricas económicas) o las trabajadoras de casa particular, que se encuentran en la total desprotección. En otras palabras, se incentivan gestiones donde se realicen parches económicos que tendrán como consecuencia, a la larga, la precarización laboral y el endeudamiento de la población chilena, pero el modelo y los intereses empresariales no se tocan.

El manejo de las cifras tampoco parece ser algo que haya que pasar de largo en el análisis. Tanto a nivel interno como internacional, parece que el uso estadístico de los casos se usa como una apuesta comunicacional para que los países se posicionen como buen postor que garantice gobernabilidad para ganar las confianzas de los inversionistas y especuladores extranjeros.

Aquellas gestiones del Gobierno que la opinión pública cifra como irresponsables o incompetentes, distan mucho de ser ineptas. La contradicción de esta gestión con los intereses de la gran población desprovista de privilegio no es azarosa: está acorde a los intereses neoliberales con fines de índole económica, que resguarden los intereses de su clase. Y esto se puede ver claramente en la última declaración dada por el director de inversiones de LarraínVial, quien sintetiza fielmente lo expuesto anteriormente: “No podemos seguir parando la economía, debemos tomar riesgos y eso significa que va a morir gente”. En otras palabras: la plata antes que la vida.