Opinión
El confinamiento –ya sea voluntario u obligatorio por disposición de las autoridades sanitarias– ha gatillado otros efectos negativos con los que diariamente conviven millones de niños, niñas y adolescentes (NNA) en Chile y el mundo, entre ellos, factores relacionados con el estrés, la ansiedad, el miedo, la angustia, la desesperanza y, lastimosamente, también la violencia, que ha aumentado exponencialmente debido a que el grupo familiar está reunido más tiempo del habitual en el hogar como medida de prevención por el COVID-19.
En esta línea, un reciente informe elaborado por Unicef revela que cerca de 300 millones de niños de 2 a 4 años en todo el mundo (es decir, 3 de cada 4) son habitualmente víctimas de algún tipo de disciplina violenta por parte de un adulto cuidador. Y se agrega un dato peor aún: la violencia ejercida contra niños está justificada por 1 de cada 4 adultos que tienen niños a su cuidado y que afirman que el castigo físico es necesario para educarlos adecuadamente.
Por otro lado, la Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó que el confinamiento a nivel mundial aumenta la exposición de menores de edad a hechos de violencia y abuso sexual, así como a venta, tráfico y explotación sexual. De hecho, se estima que alrededor de 15 millones de adolescentes en todo el mundo han sido víctima de relaciones sexuales forzadas.
Uno de los factores que normaliza este tipo de acciones es la costumbre o la naturalización de la violencia contra los niños. Cuando un niño vive en contexto de violencia y no recibe el apoyo adecuado, se refuerza la creencia de que, como sociedad, hemos acordado aceptar cierto nivel de violencia que se ha normalizado como conducta.
Se necesita un mensaje claro, consistente desde las autoridades, para que la cuarentena no incremente la violencia y se entreguen medidas basadas en el enfoque de Derechos del Niño y con “mirada de niñez”, desde su óptica, arrodillándonos a su lado, escuchándolos y mirándolos a los ojos en este complejo escenario donde todo se vuelve extremadanamente vulnerador. Se trata, en definitiva, de una señal de cuidado social integral, que garantice los derechos de NNA en plenitud, apoyando a las familias a lograr esos objetivos.
Cuando las familias o las comunidades experimentan crisis, como la sanitaria que enfrenta el planeta, los límites de que la violencia se considera aceptable tienden a extenderse, haciéndolo muy difícil de frenar. Antes de que nos demos cuenta la violencia puede convertirse en una forma de vida. Por eso resulta clave que se proponga e implemente, no solo desde una mirada sanitaria o estrictamente proteccional, sino también que incluya la participación de los niños y niñas en las decisiones y en la identificación de las necesidades y recursos con los que cada familia puede y debe enfrentar la pandemia.
Chile requiere con urgencia una Ley Integral de Garantías de los Derechos de la Niñez, que sea la base para una sociedad que prohíba todas las formas de violencia contra los niños. Asimismo, es vital que la autoridad invierta en programas de promoción de derechos, de prevención y mecanismos de denuncia, así como que aumente el financiamiento en los presupuestos asignados a las intervenciones para poner fin a la violencia contra los niños.
Del mismo modo, se necesita imperiosamente aumentar la sensibilización y educación comunitaria para evitar la normalización de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. El cambio cultural debe partir por deconstruir ese complejo de “disciplinamiento” que tenemos como sociedad y que normaliza la amenaza, la crítica, la violencia sicológica y la física en nuestras costumbres.
El país necesita compartir una visión sólida de una sociedad libre de violencia y todos, especialmente aquellos en posiciones de liderazgo, deben comprometerse a hacer realidad esa visión. Solo así podremos contar con entornos seguros y enriquecedores, donde niños, niñas y adolescentes puedan crecer libres de violencia y temor, en un mundo pacífico, justo e inclusivo, en donde los niños sigan siendo niños.
