Opinión
Mejorar los niveles de conectividad en el país en el contexto de una emergencia sanitaria como el COVID-19 no solo es prioritario para reducir los daños sobre la economía o la educación, sino que además conlleva una oportunidad para optimizar los servicios, mejorar los estándares de productividad y avanzar en mayores niveles de justicia y equidad, en que probablemente la brecha más fácil de reducir de todas es precisamente la digital.
En ese sentido, vemos que todavía existen miles de ciudadanos digitales de segunda categoría, que en la práctica están condicionados en sus posibilidades de acceder a servicios y trámites online, principalmente por no tener acceso a redes de buena calidad, ya sea por vivir en zonas aisladas, pero especialmente por la falta de una conectividad adecuada y a precios razonables, respecto a los clientes de altos ingresos o a los clientes corporativos.
Este 1 de abril entró en vigencia la ley que regula el teletrabajo, lo cual en tiempos de pandemia y de estrictas medidas de aislamiento social resulta relevante. Sin embargo, ¿tenemos justicia y equidad de acceso a las redes de alta velocidad y calidad, para implementar eso de buena forma? La respuesta es preocupante: en nuestro país existen todavía múltiples zonas rojas, sin acceso a internet de calidad, lo que dificulta cualquier implementación exitosa de una política pública de teletrabajo o de teleeducación.
En paralelo y siempre respecto a esta crisis sanitaria, el día 2 de abril el sitio web comisariavirtual.cl estuvo caído por una sobredemanda de personas de todo el país que intentaron ingresar. Lo mismo con los sitios de varias municipalidades para renovar permisos de circulación. Es por eso que el no contar con una mejor tecnología y que esté distribuida de manera homogénea en un territorio ya fragmentado, dificultará cualquier esfuerzo por implementar trabajo o educación a distancia y mantendrá la necesidad de que los adultos mayores hagan filas eternas para realizar sus trámites.
Es más, mientras algunos establecimientos comerciales se han adaptado rápidamente para atender a sus clientes través de Internet y llevarles los productos y servicios hasta sus hogares, muchos organismos del Estado –de nivel central o municipal– siguen todavía exigiendo el trámite «presencial», en vez de adaptarse a las nuevas condiciones imperantes en el país.
Además, necesitamos reconocer que el proceso de licitación para implementar la tecnología 5G se dilatará y por diversas razones (creciente escasez de recursos para invertir, dudas respecto de los eventuales riesgos para la salud de esa tecnología, etc.), por lo que es preciso considerar medidas alternativas que garanticen un acceso más justo e igualitario a una Internet de calidad para las zonas y estratos económicos más vulnerables, sobre todo hoy que millones de familias no cuentan con la posibilidad de trabajar o de movilizarse, y están confinadas en sus casas con nula conectividad, o bien accediendo a una internet de segunda o tercera categoría. Y en parte este problema se origina porque el espectro radioeléctrico no ha sido asignado sobre la base de los criterios de eficiencia y homogeneidad que exigen tanto la ley vigente como la jurisprudencia, problema que se arrastra ya por veinte años o más.
Una buena solución para resolver lo anterior de manera transitoria, sería que el Estado otorgue autorizaciones de carácter experimental para el uso del espectro, en aquellos segmentos no asignados aún, para los operadores que todavía tienen poco espectro. Ello, incluso, no requiere cambios legales.
De acuerdo a cifras entregadas por la Subtel en diciembre de 2019, las conexiones de Internet fija alcanzaron los 3,4 millones de suscripciones. Además, el análisis indica que del total de accesos a Internet (21,9 millones de suscripciones), el 84,3% son realizados desde un dispositivo móvil y que del total de accesos móviles (18,5 millones de suscripciones 3G y 4G), un 94,3% corresponde a navegación por smartphones (79,6% del total de accesos).
El COVID-19 está generando un nuevo paradigma en materia de teletrabajo y educación a distancia, modificando las formas de relacionarse en el espacio laboral y estudiantil y adelantando la necesidad de contar con telecomunicaciones más robustas y competitivas en todos los rincones del país, de modo que los operadores móviles puedan absorber la mayor demanda de tráfico de los consumidores.
Los programas de teletrabajo y educación a distancia, requieren un aumento de conexiones de calidad a ubicaciones fijas, que en muchos casos pueden obtenerse con mejor relación de costo/calidad a través de soluciones como la banda ancha fija inalámbrica (BAFI) o la propia tecnología 4G ya disponible en muchas partes del país, mas no en todo el país, de modo que la mayoría de los chilenos puedan contar con conexiones de mayor calidad en sus hogares.
En Conadecus nos hemos esforzado por lograr un mejoramiento de los servicios de telecomunicaciones, mediante una mayor competencia y un acceso más justo en el acceso al espectro, de modo que miramos con mucha atención este tema, pues aunque somos conscientes de las circunstancias por las cuales atraviesa nuestro Chile, necesitamos que el país disponga de tecnologías de rápida implementación (BAFI y 4G), que beneficiarán a los consumidores y fortalecerán económicamente, tanto a grandes empresas como a pymes y a todos los consumidores, para así enfrentar esta crisis de mejor manera.
