EDITORIAL
La lentitud y ambigüedad administrativa del gobierno en la administración eficiente de sus “paquetes” económicos, será determinante para que la economía –por razones de mínima subsistencia- venza a las políticas de salud de las personas, y éstas se vean obligadas a asumir los riesgos de la pandemia e incluso financiarlos. Mientras tanto, los bancos y grandes empresas gozan, en general, de buena salud.
Transcurridas tres semanas de los anuncios gubernamentales sobre sendos paquetes económicos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y defender la estabilidad de los empleos y asistir a los trabajadores informales y sus familias, prácticamente ni un solo peso de lo prometido ha llegado a los destinatarios. La liquidez –poca- que aún tienen los mercados, en sentido amplio, proviene principalmente de los ahorros de cesantía de los trabajadores, sin garantía efectiva de su continuidad laboral, y del rebusque de las pequeñas y medianas empresas para subsistir. Los bancos, bien, gracias.
Ante las ácidas críticas de voceros y representantes de las pequeñas y medianas empresas que señalan que “las pymes no pueden esperar un día más”, el ministro de Hacienda salió a explicar por twitter este lunes que “están trabajando a full” en el Reglamento, con un detalle fino de las condiciones de postulación a los créditos. Es decir, indirectamente, dijo que los anuncios económicos hechos hace semanas por Sebastián Piñera en cadena nacional de TV, fueron solo una noticia en bruto, sin ningún diseño operativo claro, tal cual el Presidente tiene acostumbrado al país.
En el camino, dichos anuncios en bruto han ido adquiriendo complejidades de árbol de pascua en sus diseños operativos, los que aún no terminan de decantar. La garantía estatal para los créditos Covid19 aparece hoy atada o tiene similitudes o complementa el Fogape, un fondo de garantías que opera hace ya muchos años con su propio universo de beneficiarios, y sus complejidades, lo que significa que la nueva garantía estatal podría ser solo un subconjunto de problemas o temas dentro de la actual crisis, pero no un sistema propio atado a los fondos Covid19, que oriente su operación general.
Paralelamente, ante los requerimientos crediticios de sus clientes, los bancos informan que no tienen la reglamentación que deberán aplicar en ello, no obstante encontrarse en situación de plena solvencia y liquidez, y con capacidad para actuar. Ello se desprende de lo declarado por el Presidente del Banco Central, Mario Marcel, en un seminario virtual organizado por ASIMET, en el que señaló que no hay razones que justifiquen los retrasos de los créditos y que los bancos pueden usar la FCIC (línea de Facilidad de Crédito Condicional al Incremento de las Colocaciones) abierta por el BC, para financiar a las empresas y a las personas que lo requieran. Dijo, además, que las medidas complementarias de esta línea se encuentran casi completamente operativas, lo que activará también la Línea de Crédito de Liquidez (LCL) en moneda nacional vinculada al Encaje Promedio en pesos de cada Banco. Todo ello en el marco de una flexibilización general de requerimientos de liquidez para las empresas bancarias, acordado antes de fines de marzo por el Consejo del Banco Central.
Así las cosas, insistió, los bancos tienen hoy mucha liquidez, pues han ocupado la línea FCIC, unos U$4 mil millones; tienen garantía estatal disponible, y un producto crediticio relativamente homogéneo; por lo cual no son explicables los retrasos.
A las críticas de las empresas y la imperturbable inmovilidad de los bancos, se agregan las denuncias laborales en el sentido que la ley de Protección del Empleo está generando un aprovechamiento empresarial para ocuparla para un término encubierto de los contratos de trabajo sin pago de indemnizaciones.
El problema es que no existe ninguna garantía real de que la interrupción temporal del vínculo laboral que permite la ley, dicen los dirigentes sindicales, no se transforme en un despido efectivo. Y que, además de agotarse los fondos de reserva para cesantía que tienen los trabajadores, esto termine en una judicialización masiva por despidos injustificados, ya sea encubiertos o simulados, so pretexto del Covid19. Muchas grandes empresas, pese a estar en sectores fuertes y no verse afectadas por la actual situación, como las de servicios de software e informáticos en general, están simulando problemas y recurren maliciosamente a la ley para interrumpir la relación laboral con sus trabajadores.
Así las cosas, la lentitud y ambigüedad administrativa del gobierno en la administración eficiente de sus “paquetes” económicos, será determinante para que la economía –por razones de mínima subsistencia- venza a las políticas de salud de las personas, y éstas se vean obligadas a asumir los riesgos de la pandemia e incluso financiarlos. Mientras tanto, los bancos y grandes empresas gozan, en general, de buena salud.
