Opinión
Asombro e indignación ha causado en las comunidades escolares la idea de un retorno gradual a clases. Y es que al conocerse la minuta del Consejo Asesor del 14 de abril que fija por “consenso” criterios y medidas para la reapertura de colegios de forma escalonada, no cabe sino preguntarse cómo puede desconocerse a tal magnitud la naturaleza y funcionamiento del sistema escolar en Chile. El asombro se disipa en parte cuando se examina quienes componen dicho “Consejo”: fundamentalmente actores del sector privado, y sin vínculo con lo educativo. Por cierto, la voz de las familias, directores de establecimientos, estudiantes, y para qué decir la de las y los profesores, no existe ni siquiera para una “consulta online”, de esas que tanto les gusta realizar a los gobiernos como señal de clara convicción democrática.
El objetivo del retorno gradual a clases, debe entenderse como parte de una estrategia global impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera por ir “normalizando” el país. La reapertura de los centros comerciales o las indicaciones sobre el retorno de las y los funcionarios públicos a sus lugares físicos de trabajo han sido algunas medidas que van dando vida al cuadro, pero así como estas medidas han causado un gran rechazo y organización de las y los trabajadores en defensa de la vida, algo similar se incuba en el mundo educativo.
Pero, ¿qué argumentos sostienen la posibilidad de un retorno gradual a clases? ¿qué tan ciertos o coherentes con la realidad concreta son estos argumentos? La prensa informó sobre acciones necesarias para el retorno gradual a clases, entre las cuales se incluye: contar con alcohol gel, agua y jabón y toallas de papel para el secado de manos; mantener el aseo y desinfección de superficies; usar mascarilla dentro de la clase, incluyendo al profesor; reducir el tamaño de los cursos, para aumentar la distancia entre los asientos; escalonar la asistencia, así como la hora de ingreso, los recreos y la hora de almuerzo; y pesquisar síntomas respiratorios y de temperatura corporal al ingreso a los colegios, para profesores, alumnos y asistentes administrativos.
Cualquier examen sobre la aplicación práctica de estas condiciones de ingreso gradual da cuenta de dificultades y en la mayoría de los casos imposibilidades de cumplir con ellas. Por ejemplo, muy evidentemente en las salas de clases de las escuelas en Chile no hay espacio suficiente para asegurar el distanciamiento social, algo que ya decían antes de coronavirus los organismos internacionales, pero que hace mucho tiempo es parte de las demandas de docentes. Esto deja en muy mal pie la eficacia de la prevención de la transmisión del virus mediante acciones tales como la reducción del tamaño de los cursos o el aumento en la distancia entre los asientos.
Otra pregunta práctica es ¿cómo se logra la hazaña de reducir el tamaño de los cursos? En nuestro país, en colegios públicos y privados existen cursos que tiene 45 estudiantes por sala, y a veces un poco más. Hay colegios públicos en donde tampoco hay capacidad de infraestructura suficiente, y donde se hacen clases en salones, laboratorios, bibliotecas, comedores y pasillos. Para reducir cursos numerosos se necesita al menos dos salas para albergar al curso dividido, lo que hace absolutamente impracticable la medida de división de cursos. Allí no solo influye el espacio físico, sino también la dotación docente de cada escuela. ¿Quién atenderá a todos los “nuevos cursos” que se formarán? Si bien la propuesta de acciones sugiere la posibilidad de dividir el colegio en jornadas, ¿cómo será eso posible con los horarios de las y los profesores que fueron fijados con anticipación? ¿Quién se hará cargo de los desajustes en los contratos laborales, o la carga docente implicada en una medida como esta? ¿Cómo se facilitará la organización de las familias que tienen más de un integrante en edad escolar?
Por otro lado, contar con recursos como alcohol gel, agua y jabón y toallas de papel para el secarse las manos es una idea del todo razonable no solo en contexto de pandemia. Sin embargo, nos preguntamos si sabrá el comité que en Chile los servicios higiénicos son la infraestructura peor evaluada dentro de los espacios escolares, independiente de la falta constante de insumos como jabón o papel higiénico. ¿Cómo se resuelve este problema cuando el sociedad completa vive escasez de estos estos insumos? Respecto al uso de mascarillas, hay un problema de logística también ¿cómo se garantizará su entrega diaria a más de cuatro millones de estudiantes? ¿Se dejará la autonomía a los sostenedores para hacerse cargo de estas medidas? ¿Cómo se garantiza la disponibilidad de insumos y cómo se financia?
Respecto al ingreso escalonado de jornadas, hay una complicación adicional. En nuestro país, las y los estudiantes deben movilizarse en diversos medios de transporte y durante muchas horas para llegar o regresar de sus escuelas, tanto en zonas rurales, como en ciudades como Santiago. La modificación de horarios es compleja no solo por esta razón, sino porque además se deben compatibilizar horarios de las familias, y sus trabajos para no aumentar los problemas de transporte los que a su vez aumenten las tasas de contagio, especialmente entre aquellas y aquellos que se ven en la obligación de usar el transporte público.
Podríamos analizar cada una de las acciones propuestas desde la perspectiva no sólo logística, sino también pedagógica. Sin embargo, queda de manifiesto que en el abordaje de la emergencia hay un desprecio a los temas pedagógicos, cuya responsabilidad es del gobierno en conjunto y del Ministerio de Educación en particular. En un momento de pandemia, con una crisis sanitaria y una crisis social en desarrollo, se evidencia que para este gobierno la educación es otro espacio más de la producción económica y su cruel normalidad. No podemos permitirnos asumir que sigan usando a la educación para expandir el negocio de unos pocos. La educación debe estar para crear nuestra vida en común y defender la vida en su integridad.
Las acciones del gobierno para enfrentar la crisis desde la educación no pueden esconder que las condiciones del actual sistema educativo, altamente privatizado, fragmentado y segmentado, implican imposibilidades de enfrentar la pandemia con cuestiones mínimas, como las condiciones de salubridad en las escuelas. El gobierno imagina una escuela “ideal”, absolutamente alejada de la realidad concreta que viven la mayoría de nuestras escuelas, donde niños/as, familias y trabajadores/as de la educación conviven para crear comunidades que se cuidan y dan lo mejor de sí. El peligro del retorno gradual a clases en las condiciones actuales implica un riesgo muy grande para la vida de quienes componen las comunidades educativas. Eso lo sabemos con certeza, desde la experiencia diaria de habitar la escuela. Sumado a lo anterior, es muy preocupante que el gobierno utilice como argumentos la violencia intrafamiliar que viven hoy niñes, adolescentes y mujeres, con el fin de instalar una “normalidad” que sabemos que tendrá un impacto en vidas, y que no fue gatillada producto de la cuarentena, solo se profundizó. También sabemos que este impacto será principalmente en las vidas de mujeres, que hoy están tanto en las primeras líneas de la salud, como en las primeras líneas del trabajo escolar.
La educación debe otorgar certezas, partiendo con la que señala que contribuirá a defender la vida y su integridad como tarea central. El contexto de emergencia sanitaria es único, e histórico. Por lo anterior es muy importante escuchar demandas como la certeza de que las escuelas no serán presionadas por el SIMCE y sus consecuencias, la certeza de que las escuelas serán espacios seguros para todas y todos sus miembros antes de retomar actividades, la certeza de que contarán con los insumos fundamentales para funcionar en esta crisis, la certeza de que el regreso no implicará subir la carga de agobio para las y los docentes, y la certeza de que se considerarán visiones más cercanas a la pedagogía que a la inhumana acumulación económica son parte de las necesidades que requiere producir nuestra educación en estos tiempos. Además de lo anterior, es imprescindible que un proceso democrático sea la forma de salir de una crisis tan profunda como la que vivimos hoy, y que se remonta a mucho antes de la pandemia. Nuestro retorno a las escuelas debe incluir un retorno radical a la democracia, esa que permite escucharnos como comunidad nacional para cuidarnos, y no solo para que los mismos de siempre acumulen el trabajo de los más. Pero, ¿qué se puede esperar de un gobierno que no escucha?
