Opinión
Para quienes trabajamos en los territorios, participando de intervenciones que buscan enfrentar problemas diversos, una de las dimensiones más relevantes de nuestro quehacer, es el contacto “cara a cara”, que se despliega entre unos y otros, produciendo relaciones de confianza y cercanía, que nos permiten reconocer, allí en ese cúmulo de relaciones, un “nosotros”, una comunidad.
Parte de eso, lo vivimos en el pasado estallido de Octubre, que nos permitió trascender lógicas individuales y competitivas, asentadas desde hace décadas en nuestra sociedad, volviendo posible la reconfiguración de un nosotros, que se enfrentaba a un Estado envuelto en una crisis, en la que no se quería reconocer y que se empecinó en tildar de pasajera. En ese escenario, la comunidad se convierte en un sostén y un soporte para muchos, quienes volvíamos a creer que en el encuentro “cara a cara”, se jugaba una ética que permitía volver a lo común, entendiéndolo como un principio político que proviene de una praxis instituyente agenciada por un colectivo que busca recuperar el sentido democrático, actualmente debilitado en el proyecto neoliberal (que se reduce a la democracia representativa, ya en crisis), reivindicando la cooperación y la colaboración mutua por sobre la competencia (Laval y Dardot, 2015).
La importancia de lo común, radica hoy, en la generación de prácticas de cuidado colectivo, que hacen posible la sostenibilidad de la vida cotidiana, en un contexto de permanente confinamiento, donde nos vemos obligados a hacer un repliegue desde el espacio público, hacia el espacio privado, en un gesto ético que permite cuidarnos para finalmente, cuidar al resto. Suspender el encuentro “cara a cara”, para volver a mirarnos en un futuro próximo, para reconocernos en la vida compartida y en la confianza mutua.
En este movimiento, surgen estrategias de abajo hacia arriba, que buscan producir respuestas colaborativas, descentralizadas, solidarias que posibilitan re-pensar los modos en que hemos acordado vivir y re-politizar las decisiones que implican a unos y otros, asumiendo como principio, que todos los cuerpos debieran importar lo mismo.
En este sentido, si pensamos, como dijo el filósofo Paul Preciado, que si el virus muta, nosotros también debemos mutar, entonces podemos volver a mirar nuestra escena de cambio, que comenzaba a ensayar un nuevo trato, para todas y todos en Chile, y volcarnos a bosquejar nuevas rutas que antepongan la solidaridad y el cuidado mutuo, ante la fragilidad individual y social.
De este modo, podemos sostener que lo que se viene después de la pandemia, es aún más relevante en términos comunitarios, pues nos alienta a consolidar procesos de profundización democrática, donde todos y todas aportamos desde la confluencia de voluntades y saberes, que nos sitúen como protagonistas de lo que acontece en nuestras vidas y donde los expertos, puedan ocupar el rol de traductores y mediadores entre la ciencia y la vida cotidiana, ahora afectada, por asuntos no previstos y fuera de nuestro control.
Hasta hace algún tiempo, los expertos y los ciudadanos, caminaban por carriles, distintos y distantes, sin espacios de intercambio que pudieran estrechar una brecha profunda, resguardada por soberbias de distinto tipo, que muchas veces, terminan en la pugna por “quien sabe más”, rigidizando posiciones viriles, que urge desmontar. Necesitamos de un espacio de reflexión y discusión abierta y más horizontal, donde los conocimientos provenientes de distintas fuentes, no se anulen entre sí, sino que participen de la construcción de un bien común, patrimonio de todos y todas, y no sólo de los que manejan códigos intraducibles y crípticos, que constituyen un obstáculo profundo para el necesario debate público.
Como miembro del espacio académico, creo importante reconocer la responsabilidad de producir conocimiento útil y accesible, no sólo para el público ilustrado, sino que para el conjunto de ciudadanos que participan de la vida pública y que requieren de claves que les permitan monitorear al Estado y ser parte de la toma de decisiones sobre los asuntos que afectan sus vidas. De esta manera, además de cumplir un rol público, orientador para la ciudadanía en general, también nos corresponde mantener procesos de formación de profesionales, que se comprometan con los intereses de las mayorías, y con un proyecto país que los contenga.
En este sentido, desde mi campo de trabajo, los procesos de intervención social han requerido de una serie de ajustes, que los propios ejecutores desarrollan para volver pertinente un conjunto de acciones, construidas en otros contextos y pensadas desde escritorios distantes de la realidad a la que buscan impactar. De esta manera, los/as futuros profesionales requieren tomar conciencia de su papel, central en los procesos políticos para la puesta en práctica de programas sociales, redefiniendo y problematizando, entre otros, los conceptos de ciudadanía y democracia. Así, la necesidad de introducir mecanismos participativos -formales e informales- en la formulación, implementación y evaluación de los programas públicos, debiera promover espacios de participación y de auditoría ciudadana, que fortalezcan la agencia de las comunidades en la solución de sus propios problemas.
Lo que nos deja esta terrible pandemia es una serie de aprendizajes que se consolidan luego de Octubre y que nos hablan de la capacidad de los sujetos de inventar y de instituir nuevas formas prácticas, lo que implica trabajar en modificar lo que está instituido, transformar las instituciones existentes en distintas direcciones, produciendo nuevas prácticas de participación y organización para la vida en comunidad (Dardot, 2019). Allí está nuestra potencia y la posibilidad de construir nuevos caminos, donde las rutas se abran a partir de trazos colectivos, múltiples y heterogéneos.
