Opinión
En el mundo entero se observan los lamentables efectos sociales y económicos que está produciendo la propagación del COVID-19: a la fecha suma más de 250.000 muertes y una recesión económica global en torno al 3% (según la estimación del Fondo Monetario Internacional – FMI), la peor desde la crisis económica del año 1929. Sin embargo, y aún en este contexto, las operaciones mineras y de hidrocarburos en muchos países de América Latina han sostenido sus actividades e incluso, en algunos casos, las han aumentado, a partir de la decisión de los gobiernos de turno de declararlas actividades esenciales y/o estratégicas. Esto, entre otras cosas, vuelve a develar la esencia extractivista de la región y advierte una eventual profundización del modelo en los distintos escenarios posteriores a la crisis, pues es posible que los estándares sociales y ambientales sean flexibilizados en vista de una reactivación económica.
A nivel nacional, el gremio minero ha posicionado públicamente al sector como una actividad “estratégica”, presentado una cierta normalidad en su operación y mostrando, incluso, cifras de crecimiento durante el primer trimestre del año. De este modo, a pesar de la contracción económica anual del 4,5% proyectada para el país (por el FMI) y la fuerte caída de la economía en el mes de marzo producto del COVID, que se expresan en una disminución de un 3,5% del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec, comparado con el mes del año anterior), la actividad minera creció un 0,8%[i] y el índice de producción minera (IPmin) presentó un incremento interanual del 2,3% para el mismo mes. Estos indicadores desgraciadamente nos muestran que el perfil minero de nuestro país no escapa del carácter extractivista regional y que, más aún, evidencia su profundización en tiempos de pandemia.
Este panorama minero, sin duda ha sido acompañado de una fuerte estrategia de marketing social empresarial y viejas prácticas de “conciliación” utilizadas por el sector, las que buscan la validación y licencia para operar en territorios que presentan una histórica ausencia del Estado -en la entrega de bienes y servicios básicos- y que, a su vez, se encuentran fuertemente afectados por la crisis sanitaria. Así, el grupo de empresas que conforman el Consejo Minero no quedó exentó del donativo que llevó adelante la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), aportando $17.000 millones de pesos al fondo de emergencia creado por el sector empresarial para lidiar con los efectos de la pandemia.
Esta “benevolencia” extractiva si bien hoy se expresa en este cuantioso aporte económico y en las distintas iniciativas desarrolladas por cada una de las empresas mineras en los lugares donde se emplazan (entrega de insumos de higiene y desinfección, de test rápidos de detención del coronavirus, canasta de alimentos, entre otros), obedece a una política sectorial de cooptación y clientelismo de larga data. De hecho, recientemente la Contraloría General de la República mediante un dictamen calificó como “improcedente” la consulta realizada por el Ministro de Minería, Baldo Prokurica, sobre la pertinencia de las donaciones que eventualmente podrían recibir las Municipalidades y Gobiernos Regionales por parte de particulares que tengan interés en la evaluación de impacto ambiental de proyectos, dado que estos aportes implican eventuales conflictos de interés entre los donantes y receptores del aporte.
Como se puede apreciar, la industria minera no ha escatimado en recursos ni instancias que le permita posicionarse como una actividad “socialmente responsable” y, con ello, agilizar su plan de inversiones en los territorios. En efecto, durante estos meses diversos proyectos han avanzado en la aprobación de su evaluación ambiental, los cuales, a pesar del actual escenario de crisis sanitaria, han presentado resistencia por parte de las comunidades. Tal es el caso de la minera Vizcachitas y la comunidad de Putaendo, que se encuentran en disputa por los eventuales impactos del proyecto en la disponibilidad hídrica del río Rocín.
De igual modo, las comunidades que se localizan cerca de actividades mineras han criticado que estas no detengan sus operaciones, considerando el eventual riesgo de contagio que presentan para sus trabajadores y pobladores locales. El Consejo Pueblos Atacameños, por ejemplo, se movilizó para exigir una barrera sanitaria a la entrada de la comuna San Pedro de Atacama, dado que empresas cupríferas y litíferas que operan en las cercanías del Salar de Atacama no han paralizados sus faenas, representando una potencial fuente de contagio para el gran número de adultos mayores que integran la comunidad y que, a su vez, son parte del patrimonio vivo del pueblo Likanantay.
Es claro que el discurso minero se ha posicionado en la agenda económica del gobierno, invisibilizando las problemáticas y externalidades socioambientales que de ella derivan. No obstante, los primeros problemas del modelo comienzan a aflorar de la mano de la volatilidad que están experimentando los precios de los commodities (del petróleo, cobre, oro, entre otros), lo que en nuestro país se expresa en una caída de los precios del cobre que al menos deja a la mitad de la producción minera nacional operando con pérdidas, afectando los ingresos fiscales en al menos US$ 5.000 millones menos de recaudación, según estimaciones realizadas por la Dirección de Presupuestos (DIPRES).
En este sentido, en tiempos de pandemia resulta vital repensar nuestras estrategias de desarrollo y replantear nuestra concepción de bienestar. Desde Fundación Terram, hacemos un llamado a no caer en falsas soluciones que reproduzcan las históricas prácticas extractivistas que han profundizado la desigualdad y la destrucción de la naturaleza en nuestro país, en cambio, proponemos que es necesario establecer un diálogo país que nos permita proyectar y avanzar hacia un nuevo pacto ecosocial, que establezca las bases de un nuevo paradigma de desarrollo con igualdad y pertinencia climática, que, a su vez, presente un gran impulso ambiental con patrones de producción y consumo libres de carbono, que fortalezcan economías locales y a escala regional -como lo ha señalado CEPAL-, con una estructura productiva que promueva la innovación y desarrollo de actividades intensivas en conocimientos y, finalmente, un marco de políticas públicas que cautelen el acceso universal a bienes y servicios básicos y la protección social. Solo de este modo avanzaremos hacia un genuino bienestar para el país, sus territorios y las personas y ecosistemas que lo conforman.
