Opinión
Chile es un país desigual. Lo han afirmado diferentes actores y en diferentes épocas, el estallido social de octubre del 2019 lo ratificó con absoluta nitidez, por lo que no fue de extrañar que una de las demandas altamente compartida por la opinión pública fuera precisamente uno de los símbolos de la desigualdad: la excesiva diferencia entre las dietas parlamentarias y el promedio salarial chileno. En efecto, no resulta aceptable ni comprensible que los congresistas chilenos sean los mejores pagados en Latinoamérica (CLAPES UC, 2018) e inclusive cuando la Unión Inter Parlamentaria Mundial realizó su estudio del año 2013 sobre montos de las dietas parlamentarias (donde se verificó la información de 128 cámaras de 96 parlamentos) estableció que el promedio de ingresos mensuales de una dieta parlamentaria para los citados legisladores correspondía al 21% de la dieta de los legisladores chilenos, o sea, la dieta de un parlamentario en Chile supera en 4,7 veces al promedio mundial (PNUD, 2016).
Durante el primer trámite de este año la Cámara de Diputados propuso una rebaja inmediata de un 50% para las altas remuneraciones del Estado (Presidente, congresistas, ministros, intendentes, gobernadores, entre otros), no obstante la propuesta no fue acogida y en días recientes una comisión mixta integrada por diputados y senadores propuso trasladar la discusión sobre el monto de las citadas altas remuneraciones y dietas desde el congreso nacional al Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) del Servicio Civil. Finalmente, el senado ratificó la iniciativa de la comisión mixta para que el CADP determine _en un plazo de treinta días desde el despacho de la norma_ el monto de la dieta de los parlamentarios de nuestro país y el salario de ministros y ministras, en tanto tendrá 90 días para proponer la remuneración del presidente y otros altos funcionarios.
Es curioso que los parlamentarios renuncien al debate político y que en una decisión también política, que dicho sea de paso, lleva seis años discutiéndose en el congreso no haya existido voluntad para resolverla y se traslade a otro organismo, que aparentemente tendría ciertas dificultades o conflictos de intereses para asumir la nueva tarea encomendada. Primero, el propio presidente del Consejo de la ADP y director del Servicio Civil argumentó el 24 de enero pasado (en comisión del senado) que en promedio, los directivos de primer nivel jerárquico reciben una remuneración de 7,2 millones de pesos brutos y que existen 21 casos en que las remuneraciones fluctúan entre los 8,5 y 9 millones de pesos, por lo que el precedente de rebajar dietas tendría efectos en la nivelación de las remuneraciones de dichos directivos, pudiendo provocar una fuga de personal calificado”. Por de pronto el propio director del Servicio Civil (según información de transparencia de la DNSC) percibió una remuneración bruta de $6.305.774.- en el mes de febrero de 2020 y de $9.826.985.- en el mes de marzo de este año, probablemente producto de alguna asignación de carácter trimestral. Vale decir, la propia remuneración de dicho funcionario se podría ver afectada proporcionalmente por la rebaja en la dieta y especialmente por el porcentaje de su sueldo respecto del que se fije para los ministros de Estado.
Segundo, algunos han querido hacernos creer que el Consejo de ADP es un organismo sólo técnico, con total prescindencia política, casi celestial y que estaría por sobre le bien y el mal. Y ese es un error. En efecto el presidente del consejo es un funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República y designado por éste sin concurso ni selección técnica. Mientras que los consejeros y consejeras son propuestos por el presidente de la República con acuerdo del senado, vale decir también tienen una generación política. De los cuatro miembros actuales del Consejo de alta dirección pública, uno es militante de RN y ex subsecretario de pesca del actual gobierno, una militante DC, una directiva del Instituto Libertad y Desarrollo (vinculado a la derecha), en tanto el presidente del consejo y director del Servicio Civil fue subdirector en el mismo organismo en el anterior gobierno de Sebastián Piñera. Es probable que cada uno de ellos tenga méritos profesionales y la consistencia curricular para integrar el consejo, pero ello no garantiza que no existirá prescindencia partidista e injerencia de parlamentarios y del propio gobierno al momento de proponer el modelo de dietas.
Sobre la base de lo anterior y tratándose de una decisión tomada, resulta indispensable un activo control ciudadano y de los medios de comunicación sobre el proceso de determinación de remuneraciones de altas autoridades y de las dietas parlamentarias, recomendándose también evaluar las asignaciones (distintas a la dieta) que perciben los parlamentarios y que también es significativamente superior a los ítems que reciben para su labor los parlamentarios de otros países. Por ejemplo no resulta lógico igual monto de asignaciones para el ejercicio del cargo sin considerar número de habitantes de una circunscripción o distrito, o la distancia entre la zona que se representa y Valparaíso; o las distancias dentro de la misma circunscripción.
La legitimidad y aprobación de nuestros parlamentarios no pasa sólo por la rebaja de sus dietas, sino también por sus formas de trabajo, la cantidad y oportunidad del mismo, además de la transparencia, pero por sobre todo por la equidad y contribución concreta que puedan realizar para disminuir los escandalosos niveles de desigualdad enclavados en Chile.
