Opinión
El Banco Central de Chile está gestionando una Línea de Crédito Flexible (FCL, según siglas en inglés) a dos años por un monto de US$ 23.800 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI). Este organismo ve con buenos ojos esta operación, así es que lo más probable es que se concrete.
El FMI explicó que este instrumento está disponible solamente “para países que tienen muy sólidos fundamentos macroeconómicos” y su objetivo es “proteger a las economías ante eventuales shocks externos al proporcionar un acceso amplio y por adelantado a los recursos del FMI, sin condiciones ex post”. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó que “no es un préstamo al gobierno de Chile y, por tanto, no está destinada a financiar gasto público”.
Esta aclaración es necesaria debido a que nadie queda indiferente cuando se le pide prestado al FMI. Hay quienes piensan que recibir créditos de parte de este organismo tiene sus bemoles. Lo asocian a tiempos muy difíciles y a que tales recursos habrá que devolverlos no solo con altos intereses, sino que obligará al Estado a aplicar severas medidas de ajuste fiscal que, en tiempos complicados, suele generar mayor desempleo y aumento de la pobreza.
La última gran crisis económica que sufrió la economía chilena data del periodo 1982-83. Entonces, nuestro país tenía 11 millones de habitantes, una cuarta parte de la población activa carecía de empleo, la inflación se empinaba sobre el 20%, la deuda externa alcanzaba alrededor de US$ 19 mil millones. Aquella recesión causó la quiebra de cientos de empresas -afectadas por el desplome del peso frente al dólar- y la banca debió ser rescatada por el Estado.
Ese fue el contexto en que el FMI le prestó a Chile US$ 900 millones, el cual incluía un paquete de controvertidos programas de ajuste estructural de la economía, reducción del déficit fiscal, eliminación de subsidios, devaluación de la moneda. Es decir, la ortodoxia económica es lo exigido por el FMI como condición para entregar sus préstamos, lo cual ha causado crisis sociopolíticas en los países que han recibido esta “ayuda”.
En esta ocasión, nuestro país pidió al FMI una Línea de Crédito Flexible (LCF), es decir, solo se utilizará en el caso de ser necesario. Se trata de un instrumento para prevención y mitigación que se ofrece a países que cuenten con variables económicas fundamentales y marcos institucionales de política económica muy sólidos*.
¿Para qué se utiliza esta LCF? Principalmente para enfrentar fuertes shocks externos como baja del precio de commodities, guerras comerciales, desaceleración de países demandantes de materias primas. Todo esto redunda en el tipo de cambio y en un desequilibrio en la balanza de pagos, la cual refleja el resultado final de las exportaciones e importaciones de un país.
Es en estos casos en los cuales se debe hacer uso de esta línea de crédito, para hacer frente a un tipo de cambio desfavorable para las familias chilenas. En resumen, la LCF está destinada a complementar las reservas internacionales y aumentar en más de 60% la disponibilidad de liquidez de acceso inmediato.
El FMI es claro en cuanto a que estos recursos no se pueden usar para financiar gasto público, con esto se refuerza la autonomía del Banco Central.
La crisis social y luego la pandemia del covid-19 han golpeado muy duramente a Chile. Por eso, las proyecciones para su economía no son optimistas. El FMI pronostica una caída de 4,5% del PIB este año 2020 y la tasa de desempleo -según la ministra del Trabajo, María José Zaldívar- podría alcanzar un 18%, un nivel que no se ha visto desde principios de los años 80.
La solicitud del Banco Central de la Línea de Crédito Flexible confirma que se prevé un escenario económico muy complejo y que este organismo quiere estar preparado para contribuir a la moderación de los efectos de la crisis, sin perder de foco su principales funciones establecidas por ley que son “velar por la estabilidad de la moneda, esto es, mantener la inflación baja y estable en el tiempo” y “promover la estabilidad y eficacia del sistema financiero, velando por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”.
A diferencia de los años 80, esta vez el FMI podría ser parte de la solución y no del problema, con su instrumento FCL.
