Opinión
Las últimas cifras sobre la evolución de la pandemia por COVID-19 en Chile, muestran signos preocupantes por la escalada de contagios y fallecidos. Las mayores tasas de ocurrencia se expresan en comunas urbanas del área metropolitana de Santiago donde la calidad de vida urbana difiere sustantivamente de la realidad de las comunas de la zona oriente. En perspectiva, esto resultaba esperable, ya que los diferenciales de la mayor parte de los indicadores de Calidad de Vida Urbana (ICVU) son evidentes y han sido medidos desde el año 2011 sin mejorar. Para graficarlo, sobre una escala de 0 a 100 en seis dimensiones que expresan la calidad de vida urbana, el ICVU ha mostrado que comunas como Vitacura, Las Condes o Providencia alcanzan un índice que se aproxima a 75 puntos, en contraste con comunas como La Pintana, San Ramón o Cerro Navia que sostienen un índice aproximado a 35 puntos, considerando una media nacional que se aproxima a 50 puntos. La evidencia que entregan los indicadores sobre la desigualdad entre comunas y barrios, se hace más compleja de abordar en esta situación de pandemia, cuando la estrategia de gobierno insiste en una lógica centralista de actuación, minimizando la valiosa autonomía que podría aportar la tarea de gobiernos regionales y especialmente desde los municipios.
El centralismo no es algo de hoy, ya que los gobiernos anteriores frente a situaciones de desastre, también optaron por una gobernanza altamente centralizada aprovechando el estado de excepción. Por ejemplo, ha sido común utilizar la figura del delegado presidencial como recurso de los Presidentes de turno, desplazando al propio Intendente en la región, como ocurrió en el terremoto en Tocopilla (2007) o erupción volcánica en Chaitén (2008), y en ambos casos los resultados post desastre no fueron óptimos. Este centralismo ha estado amparado en una tradición que tiene casi un siglo, ya que lo que en la constitución del año 1925 se normaba en esta materia, se mantuvo en la constitución del año 1980. Esto ha generado diversos problemas de gobernanza multinivel, que ya habían sido advertido en un estudio reciente de la OCDE, y que quizá debió haber sido suficiente para plantearse otro modelo de gobernanza para enfrentar la crisis sanitaria actual, sobre todo considerando que uno de los factores más importante para enfrentar un desafío de esta envergadura es la confianza en las autoridades.
Los resultados de la encuesta Barómetro Regional realizada por el Instituto de Estudios Urbanos UC en la Región Metropolitana de Santiago y realizada previamente al estallido, advertían señales inequívocas de la necesidad de fortalecer el rol de los Alcaldes y los municipios en desmedro de una lógica centralista, fundamentalmente por la desconfianza que la institucionalidad política y administrativa más centralizada le generaba a la ciudadanía. Los resultados revelaban que en ese momento (previo al estallido y la pandemia) los alcaldes alcanzaban un 63% de conocimiento de parte de su comunidad de ciudadanos y ciudadanas, versus el resto de las autoridades donde el conocimiento no llega ni siquiera al 10% (excluyendo la figura del Presidente). A este resultado, se agrega que la institución del Estado que mayor nivel de confianza alcanza en la población es el municipio con un 73% de las preferencias, y estos mismos consideran que son los municipios los que más aportan al desarrollo regional con un 59%.
Otra cuestión importante de la gobernanza multinivel es el objetivo y prioridades de las políticas públicas. Tradicionalmente, el foco de la gestión territorial ha sido fomentar el crecimiento económico, sin embargo, la opinión de la ciudadanía no necesariamente apunta hacia ese objetivo. Según los encuestados de la región Metropolitana en la Encuesta Barómetro Regional, la prioridad de los próximos gobernadores regionales elegidos debía ser reducir la desigualdad y garantizar el derecho a la salud y la educación para todos, alcanzando porcentaje de prioridad por sobre el 60%. Lo anterior, por sobre el crecimiento económico que solo alcanzaba una prioridad de 31% o la mayor inversión y empleo que alcanzaba 41%. Al mismo tiempo se pronunció un 81% de la ciudadanía a favor de mayor independencia de los gobiernos regionales del nivel central.
Desde ese punto de vista, estos resultados abogan no solo por un estado más descentralizado otorgándole mayores atribuciones a sus autoridades e instituciones regionales, sino también un mayor peso del Estado para financiar las necesidades básicas de la población y no dejarlo como resultado solo de la acción del mercado. En tal sentido, para la ciudadanía las posibilidades de mejorar su calidad de vida en el área metropolitana de Santiago, en forma importante está determinada por una mayor descentralización que refuerce al mismo tiempo la gobernanza multinivel.
En síntesis, previo al escenario de conflicto social que se generó a partir del 18 de octubre del año pasado, y especialmente en estos tiempos de pandemia, los acontecimientos que han marcado el devenir del país en estos últimos meses nos advierten de la urgencia y necesidad de avanzar en un mayor nivel de descentralización del país, a escala regional y local. La desconfianza que, en general, históricamente han manifestado los gobiernos y sus administraciones en relación a la capacidad regional y local, lleva a que operen fundamentalmente desde el nivel sectorial especialmente en estado de excepción. Esta tradición que no se justifica en razón de los resultados alcanzados, tampoco va en sintonía con lo anhelos de la ciudadanía. En tiempos de pandemia, el atrevimiento como respuesta del Estado es apuntar a una mayor descentralización y fortalecer gobernanza multinivel.
