Opinión
Quedamos los que puedan sonreír
En medio de la muerte, en plena luz.
Silvio Rodríguez
Cualquiera que en el mes de abril hubiera leído sobre el modo en que los países exitosos trataron el COVID-19 versus aquellos en que la mortalidad alcanzó niveles monstruosos, podía señalar que la estrategia del Gobierno chileno iba directo al fracaso. Pero, no solo lo podía intuir el lego, ahí estaban las palabras de los especialistas, de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, de Centros de Estudios que venían alertando sobre la necesidad de transparencia en el manejo de los datos, de periodistas que mostraban (y eran denostadas públicamente) que los números no calzaban.
Hoy ya es tarde y, peor aún, la macabra mortalidad de seres humanos que tienen la desgracia de habitar en Chile, será la ofrenda de sangre para un sistema que es el verdadero responsable del horror que veremos desde nuestro aislamiento.
¿Cómo entender que con toda esta información y después de la rebelión popular del 18 de octubre de 2019, sigan aumentando las medidas represivas, mientras las grandes empresas se llevan la parte del león, amparadas legislativamente?
Creo que el verdadero problema para interpretar el conflicto político que estalló en octubre, pero ha tenido su culminación debido a la pandemia, está en seguir leyéndolo desde el enfrentamiento de los grupos representados en el Congreso. Como si el Frente Amplio fuera la contraparte de Renovación Nacional, o el Partido Socialista, de Evópoli. Esto es lo que hacen los programas políticos y paneles de debate que matinales y otros segmentos de TV escenifican diariamente.
Por el contrario, considero que el punto de partida del análisis debe estar puesto en la articulación de clase y los intereses de clase que aparecen representados en la política institucional. Al mirar bajo este prisma se descompone la oposición izquierda-derecha y aparece un bloque dominante (en palabras de Gramsci) unido por vínculos que parten en la sangre y se extienden hasta el lugar que se llega a ocupar en el orden político, económico, cultural, militar, que permite reproducir esa extraña amalgama entre bloque dominante y casta, tan propio de Chile y otras sociedades latinoamericanas.
Este error de análisis se debe a que hubo una época en que en Chile existió representación política de las clases subalternas, aunque siempre menor a las dominantes. Sin embargo, muchos integrantes de la pequeña burguesía (médicos, abogados, arquitectos, etcétera) estuvieron dispuestos a representar intereses de clases distintas a la de ellos, con lo que los intereses populares tenían espacio en la política institucional. Sin duda, el gran ejemplo es el Presidente Salvador Allende, pero es uno más. Y, por supuesto, los partidos de izquierda, el Socialista y el Comunista, tenían entre sus militantes y podían llegar a parlamentarios u otros cargos de poder, campesinos, obreros, artesanos, tipógrafos, etcétera.
En el periodo que va desde inicios del siglo XX hasta el Golpe de Pinochet y sus secuaces, la política institucional vivió un proceso de democratización y crecimiento, hasta alcanzar la virtual universalidad en la última elección de marzo de 1973. Sin embargo, luego de la Dictadura, la política institucional pasó a ser el lugar de veridicción para comprobar los acuerdos interclasistas que dieron origen al actual bloque dominante. El conflicto político institucional se convirtió en lugar espectacular de una alianza política, económica, militar y cultural que se mantuvo ocluida. Bajo un conflicto que no era tal, se profundizaron las fórmulas neoliberales, como los multifondos en las AFP, el CAE, el Financiamiento Compartido en la educación media, la Ley de Pesca, entre muchísimas leyes que fueron asentando una alianza, más allá del rostro presidencial del momento.
Y es que es esto, la unidad entre bloque dominante y un grupo con vínculos familiares, lo que ha dejado en evidencia una vez más el tratamiento de la pandemia. Pero, incluso, esto podría ser limitado por el imperio de un sistema legal ecuánime, lo que no sucede. A esta altura decir que en nuestro país reina la impunidad para los poderosos no tiene nada de nuevo. Y es ahí donde la fractura de la sociedad, milimétrica en principio, termina por separar a las comunas del poder de las del resto del país, como un iceberg que, sin importar su tamaño, está condenado al derretimiento y la desaparición una vez separado del bloque principal.
Así, también, la separación moral, producto de las relaciones endogámicas en el bloque dominante y la impunidad respecto a cosas que para los demás son vedadas, lo han llevado a escindirse, sin darse cuenta, del resto de la sociedad y su forma de vida, para convertirse en la expresión visible de las contradicciones de clase y la lucha que involucra.
Si miramos bajo este prisma las acciones políticas convertidas en leyes y acuerdos entre el Gobierno y la oposición, esto ya no es una conciliación entre miradas distintas, sino un ejercicio unilateral de un bloque dominante que intenta hacer lo que han hecho todos en la historia cuando su sistema se resquebraja: reprimir y combatir militarmente el conflicto social.
Si observáramos el ejercicio del poder político desde octubre hasta ahora, tratando de mirar desde una posición exterior, no participante del conflicto: ¿cómo interpretaríamos que la ley antibarricadas ya tenga imputados, mientras la ley que endurece las penas por colusión, ni siquiera ha pasado el primer trámite legislativo? ¿Qué pensaríamos ante el hecho de que aún no hay presos por las graves violaciones a los Derechos Humanos, pero sí existen entre quienes protestaron desde el 18 de octubre? Hasta Bloomberg está dispuesto a decir lo evidente.
Por ello, creo que no puede ser muy sorprendente que una empresa que retiró ganancias un mes antes, al mes siguiente solicite un financiamiento preferencial con los recursos de todos y todas. O que otras, varias, se acojan a la Ley de Protección del Empleo, a pesar de haber retirado más del 30% de sus ganancias. Desde el punto de vista de un trabajador que se paga un sueldo menor con sus propios ahorros para la cesantía, ¿cómo sonará que la ley se llame Ley de Protección del Empleo? Peor aún, pues empiezan a aumentar (y seguirán en aumento), los despidos de trabajadoras y trabajadores que fueron obligados a acogerse a dicha ley, por lo que cuando se encuentren realmente cesantes ya no tendrán recursos para pagarse los meses sin trabajar.
Si lo que señalo es correcto, la conciencia material expresada en lucha de clases, ha ido aumentando paralela al crecimiento de los contagios y muertos en nuestro país e, incluso, al igual que en el encubrimiento de cifras, se ha preferido la censura a periodistas como Mónica González y sobrevisibilizar a rostros de la derecha política, antes que reconocer el aumento de esta conflictividad. Ha sido una estrategia de cubrir con tierra la basura. Y el ejemplo ejemplar de esto es la extensión por 90 días más del estado de excepción constitucional. Noventa días que hacen imposible hacer propaganda hasta septiembre, apenas 1 mes antes del plebiscito. Mientras, en este mismo momento, además, se está discutiendo la ley que “moderniza” la ANI, aumentando su capacidad de infiltración y seguimiento en los movimientos sociales.
Pienso que esto no es nada nuevo, las 23 matanzas de pobres cometidas por el Ejército y el propio desempeño de Carabineros durante los meses de rebelión popular, deberían ser prueba más que suficiente de este carácter de clase en la represión. Sin embargo, creo que esta dependencia respecto de la violencia represiva como mecanismo de contención y destrucción de la conflictividad social, esta vez está condenada al fracaso.
Pienso esto, debido a la contradicción entre los principios morales encarnados por el bloque dominante y la descomposición (hasta llegar a la vulgar delincuencia) en sus prácticas. La impunidad, el blanqueamiento por medio de eufemismos de la corrupción y la rapiña empresarial, por mucho que la televisión y la prensa lo encubran, queda en evidencia material para millones de chilenas y chilenos que padecen sus resultados. El pueblo nación mapuche lo sabe respecto de las forestales. Las ciudades, pueblos y campesinos del norte lo saben en el agua respecto de las mineras. La gente de Chiloé lo sabe en la destrucción del mar por efecto de la sobreexplotación de la industria pesquera. Más del 80% de las pensionadas y los pensionados por AFP lo saben cuando cobran cada mes.
Es eso lo que está ahí, quieto, pero no tranquilo; silencioso, pero no muerto; invisible para la televisión, imposible de dejar de ver para quien lo padece.
El bloque en el poder tuvo una nueva opción con la crisis de la pandemia, pero como lo recuerda Maquiavelo, la gente con poder que ha sido exitosa en el pasado no cambia su actuar aunque los tiempos hayan cambiado. En los tres meses de pandemia las peores prácticas y comportamientos que llevaron a millones de chilenas y chilenos a salir a las calles a protestar, organizarse, debatir y deliberar en asambleas y cabildos autoconvocados, y tantas otras formas de acción política, no solo no desaparecieron, sino que se exacerbaron. El programa político del Gobierno y las continuas intervenciones de los gremios empresariales en la prensa, evidencian que no hay cambio y, al contrario, hay un afán en profundizar las formas de expoliación económicas del sistema actual.
Desde la estratosfera que son las comunas ricas de Santiago, todo resulta coherente: los políticos de fuste logran acuerdos en el Congreso produciendo mejores leyes para controlar a los “flaites” y sus prácticas delictuales (como vender hortalizas en la calle o evadir la cuarentena para llevar alimento al hogar), “estamos” todos de acuerdo en el rechazo a la violencia y por eso es tan importante el rol que cumplen Carabineros y las Fuerzas Armadas para mantener el orden y la paz.
Es un todo integrado, una percepción sobre el mundo y una práctica en consonancia con ello. Una integración total tan extraña a la inmensa mayoría de los habitantes del país que, cuando emergió a la luz, causó estragos en el proceso ideológico que permitía reproducir el círculo de la dominación.
No es un malestar con la modernidad, como les gustaría a algunos, sino sencillamente el momento en que la fractura entre estos grupos sociales antagónicos está alcanzando un grado de maduración que tiene tres componentes: experiencia material de la contradicción, ruptura de la ideología del bloque dominante y reorganización de un campo popular con capacidad de articulación política.
Que esto sucediera era solo cuestión de tiempo, pues a medida que egresaban las generaciones de endeudados con el CAE, que millones de chilenas y chilenos se iban jubilando, que el país entero se llenaba de zonas de sacrificio, que las regiones seguían bajo un sometimiento brutal al centralismo de Santiago, la producción de alteridad que el sistema político estuvo en condiciones de representar, fracasó completamente. Aunque se cambió el sistema binominal y aparecieron nuevas fuerzas políticas, la lógica sistémica no cambió y, más aún, con la legitimidad de incluir a algunos jóvenes e idealistas dirigentes, el Congreso pudo aprobar leyes represivas y en beneficio de las grandes fortunas del país, que de otro modo hubieran resultado repugnantes.
Sin embargo, se podría objetar, si esto es así, ¿por qué en las encuestas ganan los candidatos de derecha?
Este es el último aspecto que incide, me parece, en anticipar un fracaso en caso de utilizar el recurso militar como modo de controlar la conflictividad social. Gran parte de la confianza del sector más ultra del bloque dominante está puesta en los resultados en las encuestas. La unión entre disposición de la fuerza militar para reprimir población civil más la producción de realidad que genera el sistema de encuestas, amplificado por un sistema de medios de comunicación articulado hasta la colusión, le entrega seguridad al bloque dominante.
Pero, aunque la rabia no aparece por la televisión y los dos conglomerados periodísticos de la prensa escrita hacen magia para justificar hasta el error más estúpido, la molestia, rabia, indignación que causa la persistencia de las prácticas abusivas después de más de 30 muertos, casi 500 heridos por perdigones en los ojos, 2.500 encarcelados en prisión preventiva, las miles de denuncias por violaciones a los Derechos Humanos e incluso el uso de la violencia sexual como práctica política, que los abusos empresariales sigan exactamente igual que antes, representa una herida abierta que se encuentra supurando en el corazón de los y las pobres del país.
Para las trabajadoras y los trabajadores la diferencia entre derecha e izquierda no tiene sentido, cuando aparecen los candidatos les importa más su habitus de clase que el sector político que dicen representar. Y, en eso, la derecha resulta bastante más exitosa que la “izquierda”. Lavín y la UDI “popular” son fáciles de instalar mediáticamente y a partir de ello incidir en un sistema de encuestas que se sustenta en un análisis de respuestas individuales. Especialmente, pues ninguna de las dos elecciones presidenciales desarrolladas desde el voto voluntario, han logrado motivar a más del 50% de los votantes. Es un sistema desarrollado sobre una muestra cerrada que se ha mantenido invariable desde la transición hasta ahora. El resto de la población votante, sencillamente no participa del sistema.
Pero, mucha de esa población no contabilizada en la política institucional es la que se movilizó desde octubre de 2019. También, la red de organizaciones territoriales que se han hecho cargo de la subsistencia en los sectores populares, lo ha hecho desde una práctica autónoma y autogestionaria. La derecha gana en las encuestas porque la mayoría de los chilenos y chilenas llegaron a la conclusión de que la política institucional da lo mismo, el sistema está amañado desde el inicio. De ahí el impacto que lograba el plebiscito de entrada para la Constitución. Aunque la letra chica es inherente en un Gobierno de directores de empresas acostumbradas a utilizar los más ínfimos resquicios legales, alegales e ilegales, amparados en la impunidad, el plebiscito había logrado producir un aura que por primera vez parecía romperse el universo estanco de votantes.
Pero, alejado el peligro del momento más álgido de la rebelión popular, el bloque dominante, aprovechando la unilateralidad que le permite esta articulación que he intentado describir, se prepara para un enfrentamiento con nuevas leyes represivas, nuevos instrumentos represivos (ANI 2.0) y una logística reforzada (nuevos guanacos, zorrillos, lacrimógenas, etc.), donde el plebiscito ya no es necesario, pues no cumple ninguna función. Lo ha dicho desde el principio: “Esta es una guerra contra un enemigo poderoso que no respeta a nada ni a nadie”. El problema de esta monomanía presidencial con la frase, ocupándola para referirse a la rebelión popular tanto como al coronavirus, es que plantea un escenario de guerra absoluta (en palabras de Clausewitz), pues no solo se sustenta en la doctrina del enemigo interno, sino en la deshumanización de este. El que protestó mediante mecanismos “violentos” es igual al virus que ha matado a miles de personas. ¡Aplaudan!
Sin embargo, a estas certezas del bloque dominante les falta incorporar un factor más que será sumamente volátil cuando baje la tasa de contagios: el endeudamiento de miles de familias que habrán salvado a un integrante de su grupo a un costo millonario. El coronavirus no solo empobrecerá por la falta de trabajo, en un país donde incluso la salud pública se paga, la secuela de deudas producidas por el sobrecontagio de las medidas de Mañalich será un cepo perverso sobre quienes sobrevivan.
A pesar de la síntesis que he intentado delinear, existen zonas grises que parecen evidenciar una cierta fractura orgánica al interior del bloque dominante y que abren expectativas de una salida política por fuera de los intereses de casta, sin embargo, por lo extenso de sus modulaciones, este será un tema que espero desarrollar de forma independiente.
Mientras la vida humana se convierte en la nueva zona de sacrificio en aras del capital, una luz de esperanza destella en la nueva organización que día a día crece más en los distintos territorios. Como en la renovación de la vida que representa el we tripantu o wiñol txipantu, una savia popular inunda todo Chile.
