Señor Director:
Ayer se rechazó la solicitud de la Fiscalía de prisión preventiva en contra de Martin Pradenas. Si bien es apelable, es una decisión que pone en evidencia algo que pasa siempre, precisamente porque no se utiliza una perspectiva de género en los procedimientos por delitos sexuales. Basta recordar casos emblemáticos y el trato que se les ha dado a las victimas de violencia de género, como la negligencia del ministerio público en el caso de Nicole Saavedra (quien fue violada y asesinada), o la exposición pública de la vida sexual de Nabila Riffo y el cuestionamiento moral al cual fue sometida en juicio. Ayer se suma al listado un caso mediático que deja al desnudo las deudas de nuestro sistema judicial en materia de género.
Miles de personas que vieron en vivo estas audiencias se dieron cuenta de los sesgos, estereotipos y humillaciones de las víctimas por parte de algunos intervinientes. Miles de mujeres se vieron reflejadas en estas audiencias, en sus propias experiencias de vida, en sus propios abusos y violaciones. Vemos cómo en casos de delitos contra la propiedad constantemente se decreta la prisión preventiva, demostrando que para el sistema judicial es más grave que alguien robe un auto o golpee un torniquete del metro, que la violación de una mujer. La expectativa en el caso de Antonia es simbólica porque es la justicia que anhelan todas las víctimas. Ayer, nuevamente, vimos que para las mujeres esa justicia nunca llega.
En la audiencia de formalización de Martín Pradenas, su abogado preguntó por qué preferir la perspectiva de género a la justicia y el equilibrio. No solo lo que planteó el defensor es una falsa dicotomía entre género y justicia, sino que desconoce que, en los delitos sexuales, esa perspectiva es la clave fundamental para hacer justicia. Precisamente, este caso es emblemático porque reúne los elementos comunes que padecen la gran mayoría de las mujeres en este tipo de delitos: el descrédito, la humillación, el abandono y falta de respuesta oportuna por parte del sistema judicial, el maltrato del agresor y el desgaste de la víctima.
Los sesgos y estereotipos machistas utilizados como argumento de la defensa del imputado son otro ejemplo de cómo el derecho y sus operadores aún no se ajustan a los estándares internacionales, dejando al Estado en una constante deuda con las mujeres y todas las víctimas de violencia sexual. El acceso a la justicia es un derecho humano indispensable que implica una tutela judicial que no utilice estereotipos sobre grupos o sectores de la población que han sido sometidos a discriminaciones históricas y estructurales.
Sin perspectiva de género, difícilmente se puede comprender la situación que viven estas víctimas. Tampoco se logra entender que la falta de consentimiento es determinante para configurar una agresión sexual y que nada, absolutamente nada, justifica una violación. Sin este enfoque, el sistema seguirá castigando a las mujeres que han guardado silencio por miedo a las represalias, al reproche moral o a que simplemente no les crean.
Este caso debe ser visto como una oportunidad para reconocer las deficiencias de nuestro sistema judicial, y poder alcanzar esa tan anhelada justicia que, para la mayoría de las mujeres, nunca llega. Por Antonia y por todas las víctimas de violencia sexual en nuestro país. Se lo debemos.
Bárbara Sepúlveda, directora ejecutiva Abofem
