Opinión
Durante las últimas semanas, nos hemos conmocionado especialmente a partir inicio del caso de Antonia Barra, quien tomara la lamentable decisión de suicidarse a causa de un abuso sexual. Dentro de los casos recientes de violencia de género está además el de una familia de Santiago Centro, en donde el femicida mató a su pareja, a su suegra, golpeó al hermano de su pareja y se suicidó. En este escenario de pandemia, se ha producido una explosión de los casos de femicidios consumados, duplicándose la cifra respecto de la misma fecha del año anterior, según cifras del Ministerio Público. Los hechos son claros, la violencia de género se sufre en distintos espacios, y ni la protección que podrían ser nuestros hogares nos asegura estar libres de ella.
Bien lo sabemos a partir de un nuevo caso que nos estremece en estos semanas, el de la adolescente de 16 años Ámbar Cornejo Llanos, quién estuvo desaparecida durante 8 días hasta que fueron encontradas partes de su cuerpo en la residencia de la pareja de su madre, Hugo Bustamante. Es a él a quien se sindica como responsable, tras las pericias de rigor, por lo cual ha sido formalizado. Este hombre es un agresor conocido, pues fue liberado a los 11 años de cumplir condena por el doble homicidio calificado de su ex pareja y su hijo, de una pena de 27 años de prisión efectiva. Hasta aquí, la mayoría de las cosas son las que conocemos todos: repudio hacia el homicida, manifestaciones en las calles de Villa Alemana, cacerolazos y críticas, muchas críticas y responsabilización a otras mujeres que “propiciaron el escenario” para que esta desgracia tuviese lugar.
¿De dónde provienen las críticas? De los medios de comunicación, de las redes sociales, del mundo político, de la propia Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, entre otros. Esta última, incluso expresando su comprensión ante las voces ciudadanas que clamaban por restituir la pena de muerte, como si ésta pudiera contribuir a erradicar la violencia de género.
En ese mar de críticas y búsqueda de responsables no quedó fuera ni la propia Ámbar, especialmente en un inicio. En este, como en otros casos, buena parte de los comentarios en redes sociales apuntaban a los argumentos que culpabilizan a las propias víctimas: que el lugar donde estaba, que cómo era, cómo vestía o para qué hizo lo que hizo.
Tras ello comenzaron a emerger nuevas potenciales ‘culpables’, ahora por haber permitido llegar a este crimen tan brutal. Primero, la madre de Ámbar, Denisse Llanos, a quien se cuestiona por no sumarse a la búsqueda de su hija, incluso por no parecer dolida como debiese estarlo una buena madre, según el imaginario patriarcal. Esto, pese a que una semana después de la desaparición de Ámbar la fiscal María José Bowen señaló que “en este momento, no hay ningún indicio concreto que la vincule con el delito (…) ella es quien decide prestar declaración y entregar la información que finalmente termina con el hallazgo del cuerpo de Ámbar”.
Segundo, la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien presuntamente habría indultado al homicida Bustamante, contribuyendo así a que se desencadenara la tragedia. Esta información era errónea, pero cuando fue desmentida ya habían circulado profusamente en redes sociales mensajes incriminatorios, algunos muy agresivos, contra la ex mandataria.
La tercera ‘culpable’ sería, entonces, la jueza Silvana Donoso, a quien se acusó como responsable en su calidad de Presidenta de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, instancia que determinó la libertad de Bustamante en 2016, pese a no haber cumplido la totalidad de la condena por doble homicidio. Donoso es a partir de ahí la villana de la película, y en tal condición ha sido objeto de funas, amenazas e incluso de una posible acusación constitucional por notable abandono de deberes. Esto, pese a que un grupo de más de treinta mujeres -abogadas, académicas de derecho y criminología, y defensoras de derechos humanos- publicaron una carta en apoyo a la jueza, destacando su trayectoria, además de su autoría en la primera sentencia con perspectiva de género en el contexto de pandemia.
En todo esto, ¿dónde es que se pierde el foco? Se sabe que el criminal es un hombre, quién ya había matado a una mujer en un contexto donde ejercía dominación, lo que propició la comisión de delitos en el marco de relaciones afectivas de cercanía, en donde siente que tiene un poder o al menos la capacidad de demostrar quién manda. Su actuar es completamente repudiable y debería ser analizado con la seriedad y profundidad que requiere, ya que es la clara muestra de otros miles –sí, de miles- de hombres que “pierden el control” cuando su voluntad no es la que prima. Pese a que a Hugo Bustamante se le imputan los delitos de violación, homicidio e inhumación ilegal, se lo termina mostrándose como un monstruo, una bestia, la encarnación de los impulsos más animales; en definitiva, como una víctima de sí mismo.
Por otra parte, prácticamente no existen críticas acerca del rol que cumplía el padre biológico de Ámbar, es más, se lo justifica tácitamente como el hombre que trabaja en una región muy lejana a la que habitaba su hija, quien claramente no se encontraba bien, puesto que estaba vinculada a un programa del Sename. Sin embargo, se destaca en los medios que iniciará acciones legales contra su ex pareja, la madre de la joven asesinada, porque desde su perspectiva ella sería cómplice de los hechos. En los medios de comunicación, periodistas han insistido en analizar la responsabilidad de la madre –a la cual se ha mantenido hasta ahora en calidad de testigo- y le han insistido fuertemente a la Fiscal Bowen para analizar dicha pista investigativa. La fiscal por razones de reserva de la investigación ha tenido que defender en diversas instancias su cautela al actuar, puesto que, si bien no queremos aventurarnos a desreponsabilizar a la madre, deben existir hechos objetivos y analizados por ella que justifican la protección y la no imputación de la madre de Ámbar de momento.
Ahora bien, sabemos que este caso, según nuestra legislación nacional, no se configuraría el delito de femicidio, pues no existe un vínculo sexo-afectivo entre el agresor y su víctima. Con todo, es indudable que este crimen es la expresión máxima de violencia de género que lleva a la muerte de la adolescente. La ley de violencia intrafamiliar vigente en Chile desde 2005, es una ley bastante criticada por ser laxa, por no contemplar las violencias en el pololeo, entre personas miembros de las diversidades sexuales, entre otros, pero que además de eso entrega, en los casos que lo hace, sanciones menores a los agresores, que no implican una protección real de las mujeres y víctimas de la violencia de género. Es conocido que hace un tiempo hay un proyecto de ley que busca mejorar la actual legislación, pero bien sabemos que no existe ley capaz de desenraizar un patriarcado que no conoce de clases sociales, nacionalidades, edad o nivel educacional de las personas. Más aún, porque el derecho es un campo que “expresa las preferencias ideológicas de los sectores dominantes a la vez que da cuenta de los hitos de ruptura con ese poder”. (Fríes, L. y Matus, V., 2000)
Sin embargo, en Chile se apuesta por la vía legal casi como artilugio sagrado, cuando en realidad muchas veces -como en este caso- se trata de temáticas y problemáticas que exceden largamente el campo del derecho. El debate sobre cómo transitar hacia formas de vida más respetuosas, justas e igualitarias entre todas y todos demanda el aporte de múltiples disciplinas y campos del saber. Requiere asimismo, que el Estado chileno cumpla con su deber de adoptar medidas apropiadas –por cierto más que solo jurídicas- para “modificar los patrones culturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”, tal como se establece en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer. (Naciones Unidas, 1981)
Fabiola Miranda Pérez, Académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado. Miembro del Programa de Investigación de Género y Diversidad Sexual- GEDIS- UAH.
Paulina Morales Aguilera, Académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado.
