Opinión
Foto vía Facebook: Fundación ConTrabajo
A más de dos años de promulgada la ley de inclusión laboral, Fundación ConTrabajo realizó un Informe de Evolución de la Ley 21.015 donde se concluye que a junio de este año el país registra un 33,1,% de cumplimiento en contrataciones, lo que implica que casi 40 mil personas con discapacidad no se han incorporado al mercado laboral.
Las cifras obtenidas del SII muestran que las empresas con 100 o más trabajadores, las cuales tienen la obligación de reservar un 1% de su dotación a personas con discapacidad, abrirían 58.760 plazas laborales. Sin embargo, la cantidad máxima de personas con contratos registrados ante la Dirección del Trabajo es de 23.774, cifra que se redujo a 19.473 al 30 de junio de este año.
Esta baja tasa de cumplimiento precede a la actual crisis económica y ha sido una tendencia sostenida en el tiempo desde la puesta en marcha de la normativa, en abril de 2018. Sin duda, el incremento del desempleo como consecuencia de la pandemia ha impactado fuertemente en la población con discapacidad: entre marzo y agosto no se registran nuevas contrataciones y, por el contrario, se observa un aumento progresivo de desvinculaciones.
En Chile, el 20% de la población tiene discapacidad (ENDISC, 2015) y la mitad de ellos, es decir, 1 millón 400 mil personas, pertenece a los dos quintiles más pobres del país, que en la actualidad registran las menores tasas de empleo (35% versus el 58,9% del quintil más acomodado), de acuerdo al último informe del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica.
El desempleo golpea con mayor fuerza a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, más aún si tienen una discapacidad. Se trata de una población con barreras de acceso a la educación regular, sin homologación de estudios en la educación especial, y por lo tanto, con una menor cualificación a la hora de buscar empleo.
El análisis también evidencia que la Ley 21.015 no ha sido suficiente para promover el ingreso al mercado laboral de personas con discapacidad, pues de las 11.982 empresas que deberían realizar inclusiones, solo un 32% ha cumplido la normativa.
Es el momento de trabajar en conjunto, propiciando medidas que eviten que la tasa de contratación descienda aún más como resultado de la pandemia, y se adopten medidas a largo plazo que promuevan de manera sostenida las inclusiones laborales.
Es urgente que dentro de las medidas que se proponen para la reactivación económica, se incorpore a personas con discapacidad, el mayor colectivo en situación de vulnerabilidad en nuestro país.
El informe de Evolución de la Ley 21.015 se encuentra disponible en www.fundacioncontrabajo.cl
