Opinión
Conforme la emergencia sanitaria comienza a ser controlada, los números de contagios se reducen día a día y las actividades fuera de casa recuperan protagonismo, el país afronta una nueva etapa para la que tanto autoridades gubernamentales, como trabajadores y empresarios deberán prepararse. Se viene un desafío doble: recuperar la economía nacional alcanzando la denominada transición justa.
Como remarcó a mediados de septiembre el Ministro Allamand, el Gobierno de Chile apuesta por un posicionamiento internacional en las temáticas medioambientales, que lo han llevado a asumir compromisos internacionales cuyas implicancias ya se observan en el nivel nacional.
Chile se ha propuesto ser pionero en la región en la transición hacia una economía y sociedad verde y sustentable. El punto de partida que formalizó dicho compromiso ocurrió en junio de 2019, cuando se inició un plan de descarbonización de la matriz energética que contempla el cierre total las centrales de carbón al 2040. Por su parte, en abril de 2020, Chile entregó la actualización de sus compromisos bajo las NDC del Acuerdo de Paris. Estos y otros hitos evidencian cómo el discurso en torno a la transición justa se está instalando en el país, conformando parte central de la actual estrategia chilena de desarrollo; las medidas ambientales deben estar acompañadas de otras tantas que minimicen su impacto en el empleo.
Más en concreto, en sus NDCs el Gobierno ha asumido una nueva política energética que pretende fomentar lo que las autoridades llaman el pilar social de transición justa y desarrollo sostenible. Por su parte, el plan de descarbonización energética contempla una estrategia de transición justa en energía, lanzada en junio de 2020. Finalmente, en el Congreso se está tramitando un proyecto de ley marco sobre cambio climático.
Se vienen cambios grandes que exigen de una adecuada planificación para poder maximizar las oportunidades que la transformación hacia una economía verde ofrece al mundo del trabajo (generación de nuevos empleos verdes, capacitación y reconversión laboral, diversificación) y a la vez minimizar las pérdidas (desempleo, desprotección social, tardanza en la reconversión). En ello, se requerirá de estrategias que sepan ofrecer adecuadamente soluciones integrales y focalizadas, tanto a nivel nacional como regional y local, combinando la experticia académica, gubernamental y privada.
El concepto de transición justa lleva larga data sonando en foros laborales, donde el principio del tripartismo ha impulsado la participación simultánea de grupos sindicales, empresariales y gubernamentales en las mismas mesas de negociación. Pero ahora se entremezcla con los discursos medioambientales, demandando una renovación de las prácticas participativas, planificación de las agendas ministeriales, y apoyo mediante programas de seguridad social que exceden los existentes a la fecha. Se trata de temáticas que quedaron en pausa con la llegada de la pandemia, las que incluyen -entre otros- temas como la inclusión, no dejar a nadie a tras, mayor inversión en educación y capacitación, promoción de actividades que cumplan con estándares ambientales y, sobre todo, planes que logren coherencia entre los distintos ministerios (Energía, Trabajo, Medioambiente, etc.) involucrados al diseñar cada estrategia de transición particular.
El desafío es grande. Como señala la guía sobre transición justa elaborada en 2015 por la Organización Internacional del Trabajo, son nueve las áreas que deben compatibilizarse, las que abarcan desde temas ya explorados por el país (macroeconomía y políticas de crecimiento) así como otros en actual discusión (protección social, desarrollo de habilidades, política industrial). En otras partes del mundo como es el caso de España, se han creado ministerios para abocarse exclusivamente a asuntos relativo a la transición ecológica, o en el caso europeo, han decidido incorporarlo como tema central de su política a 2024, destinando fondos específicos de su presupuesto plurianual y de su presupuesto para la recuperación post-pandemia. A nivel latinoamericano, Colombia está emprendiendo su propio plan de transición justa. Chile no es el único interesado, pero sí un emprendedor de estándares que ha demostrado claramente su intención de liderar la temática a nivel regional. Su actual desafío será el correcto diseño e implementación en el plano interno.
Este no es un tema pasajero. Al contrario, define con paso firme la dirección en que la administración, trabajadores y empleadores habrán de transitar en el corto y mediano plazo, posicionando desde ya como prioritario conocer los alcances del calificativo justo que acompaña la tantas veces escuchada transición.
