Opinión
Hace pocos días fue publicado en el Diario Oficial la Primera Estrategia Nacional de Educación Pública 2020-2028. Si bien, dada la coyuntura, parece ser una instancia que ha pasado inadvertida, sin duda es un tremendo hito, considerando el amplio marco temporal que contempla, que va más allá de los gobiernos de turno.
La propia estrategia se define como una hoja de ruta para el desarrollo de un sistema de educación pública altamente profesionalizado, abarcando los desafíos relacionados con calidad, equidad, inclusión, atención a la diversidad, prácticas directivas, y procesos de enseñanza, entre otras áreas.
Así, un primer reto es promover las culturas de trabajo colaborativas y en red –teniendo en cuenta que los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) agrupan a diversas comunas–, lo cual ciertamente no es trivial ni inmediato de desarrollar, y convoca los esfuerzos y participación de diversos actores de la comunidad socioeducativa, desde una perspectiva sistémica e integral.
No obstante, a todas luces, esta primera estrategia de educación pública no consideraba un escenario de crisis social ni emergencia sanitaria que se vive hoy en día, que seguirán afectando a los establecimientos y contextos educativos en el corto, mediano y largo plazo. Así, por ejemplo, si bien la instalación de los 70 SLEP a nivel nacional está contemplada para el año 2025, el sistema será sujeto a una evaluación intermedia el próximo año.
De acuerdo con ello, cabe preguntarse si esta evaluación tendrá en consideración las problemáticas sociales y educativas que ha tenido que sortear el país y, en particular, los desafíos que han enfrentado los docentes, directivos, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes, para justamente asegurar el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad –que es lo que establece la Ley N°21.040 que crea los SLEP–, respetando la diversidad y promoviendo la equidad e inclusión social y cultural, y considerando la complejidad de contextos de vulnerabilidad en distintos ámbitos que mayormente atiende la educación pública.
Estos y otros aspectos son esenciales si, como estipula la estrategia, se pretende aprovechar esta oportunidad histórica en miras de cambiar y mejorar la educación chilena, contribuyendo al desarrollo del país y la sociedad en su conjunto.
