Opinión
El programa de magísteres y doctorados en el extranjero se encuentra en una etapa crítica, acrecentada por la pandemia global. Además de la cancelación de estos programas, se suma que hay un importante número de estudiantes que no han podido concluir sus estudios producto del COVID 19. La ANID se niega a proveer una extensión de la beca para estos casos. Hay otros estudiantes que, a pesar de todo, han logrado finalizar pero que ahora se enfrentan al retorno obligado a Chile en un contexto de crisis sanitaria mundial que ha afectado particularmente el mercado laboral. Es en esta última situación en donde quisiera poner el foco de atención.
La retribución del programa de Becas Chile es uno de sus puntos angulares y más polémicos. Su definición parece extremadamente radical y carente de una lógica explícita. Si bien en el proceso de postulación el postulante debe incluir cómo eventualmente se retribuirá al país, esto queda en el papel y en el terreno de los anhelos, pues no existe verificación de que dichos objetivos se cumplan después del retorno.
En las bases del concurso, por otro lado, se define la retribución como la permanencia en territorio nacional por el doble del período de duración de la beca, en el caso de aquellos que residan en la Región Metropolitana, y por el mismo periodo de duración de la beca para aquellos que vivan en regiones, pudiendo salir del país por periodos breves y “solo esporádicamente”. Esto debe ser corroborado mediante un certificado de viajes emitido por la Jefatura Nacional de Extranjería o por la PDI. No se ofrece ninguna explicación sobre cómo fueron determinados esos periodos. Asimismo, no se expone en qué medida o sobre la base de qué evidencia una permanencia forzada en suelo nacional de entre 4 y 8, o incluso más años, sería beneficiosa para el país. Se asume que por el mero hecho de estar se está contribuyendo.
Comparativamente, hay delitos económicos que tienen penas más flexibles y bajas que la retribución de estas becas, y en Chile sabemos de aquello. La retribución, así, se asemeja más bien a una orden de arraigo nacional que a un proyecto nación.
El desarrollo de una política seria con respecto al beneficio inmediato y a largo plazo que el país pueda obtener de la formación de capital humano avanzado, se vuelve crítico y urgente. Se requiere, en ese sentido, de una real definición de lo que el país busca y entiende como retribución, es decir, establecer el marco epistémico del asunto. Según la definición de la RAE, una retribución es la recompensa o pago por algo. En esos términos, el pago de estudiar un máster o doctorado no puede ser, bajo ningún punto de vista, el enclaustramiento, o la restricción de una persona a elegir su residencia y la de su familia en el país que le plazca, menos considerando que no hay delito alguno involucrado. Es un costo demasiado alto que incluso nos remite a la simbología del cuerpo como moneda de cambio por el desarrollo intelectual y al Estado como el dueño de facto del estudiante y su conocimiento.
Seguido de esto, se necesita una flexibilización de lo que yo llamaría presencia territorial forzada, u orden de arraigo académico. Si hay algo que hemos aprendido del COVID 19 es que presencia física no es condición para la transmisión de ideas. Centrar todo en la permanencia del becado en Chile implica no entender la dinámica de generación e intercambio del conocimiento en un mundo globalizado.
Sería mucho más efectivo en estos casos ofrecer una combinación de distintas estrategias que fomenten la investigación y difusión de conocimiento apuntando a distintos segmentos y plataformas, en donde los becados negocien con el Estado sus propias iniciativas. El retorno a Chile también debiese ser ofrecido como una opción dentro de un abanico de posibilidades, pero con un proyecto concreto que permita principalmente el aprovechamiento por parte del sistema público del conocimiento y la experiencia adquiridos por estos becados.
Bajo ningún punto de vista esto se trata de la evasión de una responsabilidad a la que todos los becados nos comprometemos al firmar el convenio de becas. Al contrario, se trata de buscar variadas salidas dentro de un mundo en constante definición. Este es un trabajo que implica, en su más amplio sentido, repensar la relevancia de la presencia física como el principal indicador que valida el trabajo de investigadores, académicos y científicos.
