Opinión
Las estructuras de poder y liderazgo en las organizaciones escolares constituyen fenómenos sociales cada vez más relevantes para su reflexión, pues mucho de lo que ocurre en la práctica formativa de párvulos, niños y jóvenes en las diversas instituciones escolares son el resultado de decisiones que tienen su origen en el qué, cómo y quiénes detentan el poder y, en consecuencia, deciden.
Son varias las manifestaciones durante la pandemia en que lineamientos emanados desde un nivel cupular, en que se evidencia qué decisiones se toman, están basadas en el poder posicional y central, colisionando con las singulares realidades socioeducativas de las instituciones escolares. Por ejemplo, el adelantamiento de vacaciones de invierno en abril, la insistencia en administrar Simce y reanudar clases presenciales.
En cambio, son inspiracionales las experiencias docentes de cómo localmente en escuelas y liceos de Chile se han ido organizando colaborativa y creativamente en la gestión pedagógica, para atenuar efectos de la pandemia en la construcción de aprendizajes. Esfuerzo docente encomiable de vocación e innovación pedagógica que deja, entre otras enseñanzas, la posibilidad de ofrecer diversas oportunidades de aprendizaje.
Los resabios de medio siglo de progresiva instauración de un modelo neoliberal en educación, ha ido introduciendo una serie de indicadores propios de la operación fabril, sin comprender que las organizaciones escolares son portadoras de una identidad humana única, de naturaleza distinta a un producto objeto de mercantilización. Tal identidad se anida en decisiones sobre concepciones de sociedad y educación. Qué define, cómo se organiza y evalúa la trayectoria de formación de niños y jóvenes para un futuro incierto, constituyen, entre otras, interrogantes cuyas respuestas se fraguan en estructuras de poder político predominante y con escasa implicación del saber docente situado.
El abordaje de la pandemia en diversos ámbitos, ha tenido que organizarse de un modo distinto a las estructuras de poder dominante, prueba de lo cual lo constituyen las diferentes “Mesas Sociales Covid 19”, que han sido un determinante para aproximarse al conocimiento situado de diferentes realidades. Tal modalidad de organización social ha modificado decisiones que, desde una racionalidad jerárquica, unipersonal y administrativa centralizada, se insistía en reproducir, como, por ejemplo, administración de Simce, rigidez en la cobertura curricular y evaluación docente.
En sus diversas interpretaciones del liderazgo distribuido está el germen del cambio de estructura de poder en las organizaciones escolares. En el aula, favorecería metodologías de enseñanzas, estableciendo relaciones más horizontales en la tríada docente, estudiante y conocimiento. En docentes, significaría conformar redes socioeducativas de aprendizajes con directivos, docentes y actores de la comunidad educativa, más abiertas y participativas. En definitiva, una relación entre equipo directivo y docentes más circunscrita a la toma de decisiones colaborativa y participativa con responsabilidad compartida en los logros o fracasos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las políticas educativas suelen funcionar con una lógica de arriba hacia abajo, cuyo desafío está en cómo transferir tal o cual política a la escuela. El recurrente fracaso de reformas se debe a que siguen reproduciendo un modelo jerárquico, centralista y excluyente en la toma de decisiones, que minimiza una participación auténtica y local en el diseño e implementación de políticas.
El liderazgo distribuido, sin embargo, no debería ser interpretado como delegación de tareas o funciones, sino que, esencialmente, como la creación estructuras de poder que obliguen a una toma de decisiones colectivas más locales, a fin de lograr más pertinentes aprendizajes escolares. Tales criterios de estructuras organizacionales más democráticas y participativas deberían ser parte de las aristas que contempla el derecho a la educación en la nueva Constitución.
