MERCADOS|OPINIÓN
Hace más tres años (24.08.2017) dijimos en estas mismas páginas que: “Mientras más convicción pública se genere, transmitiendo que los cotizantes son dueños de ‘su ahorro obligatorio’, serán mayores las posibilidades que, en algún momento, se aglutine ‘una masa crítica’ que termine exigiendo el retiro de una parte o del total de los dineros de la cuenta individual para fines distintos a los previsionales, atendiendo, sencillamente, ‘a que son míos’. Y frente a esta alternativa, los mismos predicadores se verán compelidos a ser ‘consecuentes’ con sus dichos o, lo que es peor, será muy difícil para cualquier autoridad resistir la demanda social por el rescate de los dineros ‘que me pertenecen'».
Un recurso de protección en Antofagasta y otro en Punta Arenas encendieron la mecha a fines de 2019. Dijeron a la Corte respectiva que como “dueños” necesitaban retirar todos sus fondos previsionales para cubrir otras necesidades urgentes.
La “verdad oficial” salió al final desde el Tribunal Constitucional (TC). Su fallo dijo que las cotizaciones obligatorias en las cuentas individuales, de acuerdo con la garantía constitucional que asegura el derecho a la seguridad social (artículo 19, N° 18, de la CPE), solo podían ser objeto de una “especie de propiedad” cuyo unívoco objeto es pagar pensiones, concepto de propiedad muy distinto al definido por el Código Civil que permite el uso, goce y disposición de los bienes de una persona.
La interpretación del TC vino a zanjar el debate jurídico-académico sobre la propiedad y el destino de los fondos previsionales. Dicho en otras palabras, el afiliado o la afiliada no es “formalmente dueño(a)” de los dineros que cotiza en la cuenta individual, sino que “se hace dueño(a) del derecho a la seguridad social” y, en virtud de esta, a percibir una pensión, sea el mismo, o bien, sus beneficiarios en el caso que fallezca.
Sin embargo, el fallo del TC no hizo mella a la gran “mentira verdadera” enquistada en una publicidad “engañadora” que –con beneplácito de la Superintendencia de Pensiones y la Fiscalía Nacional Económica– ha repetido y repetido a los cotizantes –todos los días durante 40 años– la muletilla de que “eres dueño de tu cuenta individual”, cuando en realidad no lo eres y nunca lo has sido. La han machacado las AFP en sus spots con estrellas del futbol, algún entrenador, rostros de la TV y otras figuras públicas que se prestan para esa propaganda a riesgo de su credibilidad. También, lo han hecho profesionales de diversos ámbitos, académicos, autoridades y exautoridades de variopinto color que operan como una especie de “lobistas ilustrados” en columnas de diarios o en programas de radio y TV.
Lo hace, a su manera, esa derecha dura –la controladora, la sometida y la tributaria– de los grandes grupos empresariales que, en definitiva, son los únicos que han sacado provecho como beneficiarios directos de los fondos previsionales. Desde esta perspectiva, sin duda, el sistema sigue siendo exitoso hasta el día de hoy. En efecto, por un lado, recauda, mes a mes, cotizaciones obligatorias de trabajadoras y trabajadores y, por el otro, los empresarios acceden a “plata fresca, barata y a tan largo plazo como un crédito sin fecha de pago”, porque se trata de “la inversión” que las mismas AFP realizan en las empresas de aquellos que son sus propios dueños y/o sus administradores. La genialidad –o lo más grosero– es que las AFP no corren ningún riesgo. Solo cobran su comisión, renten o no los fondos. Solo lo correrán –en forma colectiva y solidaria, aunque las cuentas son individuales– las pensiones que recibirán los cotizantes cuando cumplan su edad de jubilar.
Podemos agregar que esto es así porque el “modelo de AFP” –ideado por los “Chicago boys” e implementado por José Piñera– jamás tuvo como objetivo pagar pensiones dignas, sino que, simplemente, recaudar el dinero fresco que a Chile no llegaba en tiempos de la dictadura de Pinochet y que su política económica requería para incentivar la inversión privada y consolidar el modelo neoliberal.
No importaba el pago de pensiones dignas, tanto que los militares solo dieron luz verde al modelo AFP a condición de que no se tocara su “inmejorable” sistema previsional.
Volviendo al presente, digamos que la incertidumbre de la pandemia nos está enseñando muchas cosas y develando otras sin tapujos. En efecto, la carencia de Estado y la falta de respuesta eficiente y oportuna del Gobierno a las necesidades más urgentes de “todas las clases medias”, como el desempleo, el endeudamiento y la necesidad de alimentarse, movió a la gente a buscar a qué y a quién recurrir.
La presión de más del 85% del país por cubrir necesidades básicas y por “juntarse con lo propio, que lo quiero en mis manos y de nadie más” ha sido tal, que no pasó mucho tiempo para que el Congreso Nacional –ante la ausencia del Gobierno– se viese obligado a tomar la iniciativa y despachar en tiempo récord una reforma constitucional que permitió, en agosto de 2020, el retiro excepcional y por “única vez” de un 10% de los dineros acreditados en las cuentas individuales de las AFP. No han pasado tres meses para que, en estos días de noviembre, estemos a las puertas de un segundo retiro de 10% con iguales topes de UF 35 y de hasta UF 150 y con el fantasma del retiro del 100% de los fondos que ya ha sobrevolado en el ambiente, como pasó en Perú hace unos cuatro años.
Recién ocurrido el primer retiro, las AFP y sus voceros –entre ellos el presidente de la Internacional de AFP, que es chileno– apareció el 19 de agosto pasado con un carta al director en la página A2 de un matutino, expresando su júbilo, a raíz del primer retiro de 10%, porque ¡al fin! “los afiliados se dieron cuenta de que los fondos eran de su propiedad”, a pesar de que acababa de salir el fallo del TC que declaró que la propiedad de los fondos estaba limitada al pago exclusivo de pensiones. Digamos que en su ingenuidad de tres meses atrás no se le pasó por la mente que después del primer 10%, vendría otro y tal vez la presión por más, porque a nadie le gusta que le obliguen a poner su plata donde una ley le diga, sino que “donde yo quiera”.
Hoy día, evidentemente, las AFP están asustadas y cayó su publicidad mentirosa. El Gobierno y los lobbistas del sistema tratan de echarle la culpa al Congreso del segundo retiro y de la gravedad de que ello ocurra, ahora que se está levantando la ola que puede llevarse todo. ¿Y por qué, de una vez por todas, no dicen la verdad?, ¿por qué no dicen que no existe el “ahorro obligatorio” y que se trata de “cotizaciones obligatorias”, iguales a las del 7% de la salud que se aportan solidariamente tanto a Fonasa como a las Isapres?, ¿por qué no dicen que la actual Constitución y el DL 3.500 siempre se refieren a “cotizaciones obligatorias”?, ¿por qué no dicen que no hay ninguna norma en la legislación chilena ni en los diccionarios del mundo que hable de “ahorro obligatorio”?… No lo hacen porque el ahorro siempre es voluntario. Decir que es “obligatorio” es antitético. La cotización es, siempre, obligatoria y está destinada a un fin específico. Nadie tiene derecho a haberse hecho el leso con eso tanto tiempo. Ni, menos, seguir haciéndose.
Ningún argumento que esgrima el Gobierno –al unísono con la industria de las AFP–, menos cuando el proyecto del retiro del segundo 10% está en el Senado, será acogido por cotizantes convencidos de que las platas registradas en sus cuentas individuales les pertenecen y que tienen su plena disposición cuando quieran.
Tampoco parece prudente que se lleve adelante una negociación que mezcle el retiro del segundo 10 % con un acuerdo sobre el proyecto de reforma previsional. La alternativa más sincera, válida y legítima para el cambio del sistema previsional es que sea abordado en el proceso constituyente, sobre todo después del abrumador resultado del plebiscito de 25 de octubre. Sería una burla al país entero forzar una reforma previsional confusa e incompleta en lugar de esperar un cambio profundo consolidado en la nueva Constitución con un amplio respaldo popular.
