Opinión
Crónicas publicadas en Europa hablan del considerable aumento de la inversión en ciencia, tecnología, innovación y educación superior. “Financiación en ciencia y tecnología 2021-2027. Invertir en investigación e innovación es invertir en el futuro de Europa. Nos ayuda a competir a nivel mundial preservando nuestro modelo social único”, dice una de ellas. “La partida destinada a I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) de carácter civil, sube cerca de un 80% respecto a los presupuestos anteriores”, informa otra en España. En estos días, la Comisión Europea debate estos temas en Bruselas.
En la gravísima recesión mundial de 2008, nacida de la espiral especulativa en Estados Unidos por créditos hipotecarios de papel, que se hizo conocida como “crisis subprime”, los países desarrollados restringieron presupuestos en muchas áreas, pero los aumentaron significativamente en educación superior, ciencia y tecnología. Una publicación explicaba: “Cuando la crisis financiera se hizo sentir en Europa, las firmas más grandes recortaron sus gastos considerablemente. Pero, según Kladroba, el empresariado ha terminado por entender que los recursos destinados a la investigación y al desarrollo, son inversiones a futuro, inversiones que, de ser posible, no deberían tocarse ni siquiera en tiempos de estrechez económica”.
Sin embargo, en Chile, el escenario es radicalmente opuesto. Hace unos días, al iniciarse la discusión en particular del proyecto de Presupuesto 2021, la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó los recursos destinados a la Educación Superior Pública, porque está lleno de disminuciones y recortes, en la convicción de que disminuyendo los presupuestos se resuelven los problemas de fondo del país. Este rechazo es una luz de esperanza, ya que fue una clara señal de los diputados y diputadas en apoyo a desafíos de futuro y a las universidades públicas, cuyo presupuesto tan exiguo más parece una condena para muchas de ellas.
El rechazo obliga al Ejecutivo a repensar las asignaciones presupuestarias y mejorarlas, con visión más estratégica, pensando en el desarrollo nacional y regional de mediano y largo plazo. Para algunas personas, las universidades son industrias que deben formar, otorgar títulos y tener superávit; para otros, estas instituciones son centros clave de pensamiento, de generación de conocimientos, formadoras de talentos, que sirven a la sociedad y contribuyen al desarrollo sostenible. Son estas instituciones las que investigan en Chile y en ellas, se concentra parte muy importante del capital humano avanzado.
Las universidades CRUCH calculan que sus ingresos en 2020 cayeron en 207 mil millones de pesos como consecuencia de factores exógenos: aplicación de leyes mal configuradas; disminución de matrículas producto de la pandemia; apoyo metodológico y tecnológico, de conectividad, con recursos de las propias universidades para estudiantes vulnerables, académicos y funcionarios; menor recaudación de aranceles; morosidad; cambio de la situación económica de las familias por cesantía, entre otras.
El Ejecutivo argumenta que las cifras globales de la educación superior aumentan dos por ciento respecto al año anterior, pero omite que en el presupuesto que se discute hay una reducción real del diez por ciento de los fondos institucionales. La reducción de los fondos basales alcanzará los $42 mil millones de pesos, mientras habrá incrementos de costos producto de las medidas de seguridad y de protección que exigen la pandemia y las autoridades de salud; aumento de la vulnerabilidad, como consecuencia de la cesantía; y disminución de remuneraciones, entre muchas otras variables que harán decrecer los ingresos de las universidades.
Tristemente, existe una manipulación de los datos, que incluso obligó al CRUCH a emitir una declaración pública y entregar una minuta técnica para aclarar y desmentir afirmaciones infundadas y tergiversadas. Se ha afirmado que las universidades no han tenido austeridad al enfrentar el contexto, que se han aumentado los sueldos los directivos, cuando muchos han resuelto disminuir remuneraciones y asignaciones, en especial de los sueldos mayores. Se ha dicho que las universidades públicas han aumentado los gastos en personal, haciendo comparaciones improcedentes, entre años incomparables, sin considerar que se han incorporado nuevas instituciones al sistema, como son las universidades de Aysén y O’Higgins.
Realismo sería considerar y respaldar el importante aporte que hacen las universidades tradicionales, aporte hecho sin pedir compensación material alguna sino por un sentido del deber con la sociedad, como ha sido la colaboración brindada para frenar la pandemia. La universidad es un elemento dinamizador del conocimiento, la ciencia, tecnología, innovación, creación, la economía y el desarrollo en todo el país. Estas instituciones son parte de la solución del problema social y económico actual y, por lo tanto, deben ser siempre apoyadas, no abandonadas.
Lamentablemente, como país no somos capaces de levantar la mirada. Tenemos aún concepciones que nos separan fuertemente de países que observan que los recursos destinados a la educación, a la ciencia y tecnología, la creación, innovación y emprendimiento de base científica son inversiones con sentido de desarrollo sostenible y duradero.
Desde la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), hemos propuesto medidas para revertir el panorama que no aumentan la carga al erario estatal, sino que permiten aprovechar estratégicamente recursos propios de las universidades como el Fondo Solidario de Crédito Universitario, flexibilidad administrativa, reestudiar la propuesta de aranceles regulados y el modelo de financiamiento, condonar el reintegro de recursos de becas, dar facilidades de endeudamiento de largo plazo con garantía estatal, ampliar el acceso a recursos de los gobiernos regionales en tanto las universidades contribuyan al desarrollo territorial, entre otras propuestas.
Hasta ahora no hemos escuchado respuestas. El silencio o el desdén se han tomado la escena.
