Opinión
Los sueños y promesas que se abren con el nuevo debate constitucional tienen una consigna “hasta que la dignidad se haga costumbre”. Ésta ha sido una de las expresiones más resaltadas por los y las ciudadanos en las movilizaciones sociales post 18 de octubre en nuestro país.
Los últimos acontecimientos vividos, incluido el reciente plebiscito, ponen en evidencia que los antiguos pactos entre el Estado e individuos han puesto un límite al ejercicio de la dignidad. Es posible decir, que se ha tomado una mayor conciencia como sociedad de que hay ciudadanos de primera y de segunda clase, lo que se expresa en abismantes desigualdades estructurales como son; el acceso a bienes, servicios, localizaciones, en definitiva a las oportunidades de producción y reproducción de las personas y familias en nuestra sociedad, que tiene múltiples expesiones y consecuencias en su bienestar y calidad de vida.
Precisamente los últimos resultados de la Encuesta Chile Dice – Universidad Alberto Hurtado, dan cuenta de este profundo reclamo de la ciudadania, que demanda un nuevo pacto social, una nueva constitución en la que exige un Estado garante de derechos sociales; de igualdad y de universalidad.
Los datos arrojan que un 80% de los encuestados se muestran optimistas respecto a la situación de Chile en el futuro, a diferencia del Chile Dice del año 2017 donde solo 27% soñaba con un Chile mejor. Y es que las esperanzas que ha generado el debate de una nueva constitución, ha permitido soñar con un nuevo arreglo entre individuos y estado.
Es una buena noticia para la mayoría de la población que ha tomado conciencia sobre los límites del sistema neoliberal para asignar un bienestar equitativo. Por ello, las demandas constitucionales se centran sobre la urgencia de generar nuevas relgas que garanticen el acceso con equidad a la salud, educación y pensiones. Estas han estado en el centro de las movilizaciones sociales y reponen en el debate dos elementos claves del arreglo institucional actual: los límites de las familias para proveerse por si mismas bienestar, por un aparte, y la necesidad de contar con prestaciones que repongan el principio de dignidad.
Y este principio se manifiesta en dos dimensiones: calidad y acceso oportuno. Es por ello que este nuevo arreglo institucional repone el rol del Estado como garante de la calidad de las prestaciones sociales fundamentales. Pero, ¿cómo desplegar este principio en el marco de los límites económicos del modelo? Ahí está el centro del debate: para generar un círculo virtuoso, en el que el Estado se configure como un garante es necesario volver a reponer la confianza. Desafío complejo, ya que otro dato que arroja la encuesta es la profunda desconfianza de la ciudadnia en los políticos y la policía. ¿Cómo redistribuir impuestos para financiar las reformas necesarias para el país si no se confía en quienes dirigen el país?
La restitución de la dignidad tiene urgencia, tendremos que buscar los mecanismos y pactos sociales que nos permitan reconciliar las formas de conducción política, asumiendo los costos sociales del modelo de desarrollo, e incluyendo todos los actores del ámbito público y privado. Para ello necesitamos del impulso de esta nueva ciudadanía social, la que se ha constituido como un actor clave en este debate sobre la urgencia de garatizar bienestar y protección social para toda la población.
En definitiva, una de las grandes esperanzas que repone el proceso constituyente es la participación de la sociedad civil como actor que garantice el futuro de un país más equitativo y justo, en el que la dignidad sea costumbre.
