Opinión
La publicación de los resultados de la última encuesta CADEM ha traído una serie de consecuencias, no solo por sus resultados que dan cuenta de 13% de apoyo al Presidente de la República, sino por la cobertura mediática que esta ha tenido, poniendo en tela de juicio el rol de los canales de TV abierta en una democracia como la nuestra.
Los medios de comunicación presentan el desafío actual de lograr representar efectivamente los intereses de la ciudadanía e informar respecto al acontecer nacional. Sin embargo, los canales de TV abierta han sido fuertemente cuestionados durante los últimos meses, producto de la falta de pluralismo y una visión sesgada de los contenidos.
Esto se genera porque el modelo chileno de TV se vincula a un concepto de libertad como no interferencia, quedando libre para el juego de los agentes de mercado, en cuanto los canales de TV son grupos intermedios, los cuales gozan de primacía en el modelo de Estado subsidiario imperante en el país con la Constitución de 1980. La regulación actual se restringe a tener el control sobre el sistema de concesiones, el cual, si bien debe buscar nuevos competidores, siempre será adjudicado al mejor postor.
El problema de dejar al mercado actuar libremente en materia de TV es que la pluralidad en las concesiones no garantiza diversidad en los contenidos y visiones. Esto es más complejo aun si se considera que la televisión abierta es clave para formar nociones de realidad en las mentes del chileno promedio y que es la principal forma por cual la ciudadanía se informa sobre la implementación de políticas públicas, la gestión del Gobierno y autoridades, fomentando el debate democrático, la formación y la participación ciudadana.
Además, TVN, el canal público, se posiciona como una empresa del Estado regida por el Derecho privado, existiendo una prohibición de recibir financiamiento estatal, por lo que su principal fuente de ingresos es el mercado a través de la publicidad. De este modo se asimila el canal público a uno privado, con una agenda programática similar, compitiendo por la misma audiencia y auspiciadores, generando una homogenización en vez de pluralismo.
La pregunta es, entonces, cómo podemos garantizar el pluralismo político de los medios de comunicación sin afectar la libertad de fijar su línea editorial y parrilla programática. La respuesta a esto viene dada por el concepto de libertad de expresión al que adhiramos.
La libertad de expresión, en cuanto derecho contempla dos dimensiones. Por un lado, como un derecho constitutivo de la personalidad, desde una mirada de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, donde el rol del Estado sería la no intervención. Mientras que, por otro lado, una noción más republicana de libertad lo vincula a un derecho que garantiza los presupuestos necesarios para la vigencia del sistema democrático, como lo sería la formación de la opinión pública libre, siendo entonces un derecho más bien colectivo que individual, con un claro matiz social.
Entonces necesitamos regular la TV abierta para garantizar el pluralismo político en razón de la función que cumplen en el sistema democrático. Y esto se hace contando con una regulación sólida de contenidos, con directorios que cumplan efectivamente con los estándares de pluralidad e independencia, manteniéndose al margen del Gobierno del turno y con fórmulas de financiamiento que impidan la captura de los contenidos por parte de los grupos económicos dominantes. Todos estos elementos no están presentes hoy en el modelo chileno y deben ser corregidos de acuerdo a las demandas ciudadanas de mayor representación e inclusión.
La concentración mediática se posiciona como un peligro para el sistema democrático producto de la capacidad que tienen para definir la agenda pública de un país y así determinar qué se discute y qué es o no importante, por lo que cuando nos preguntamos por qué necesitamos pluralismo político en los medios de comunicación y una mayor regulación, transparencia y pluralidad en sus directorios y financiamiento, es justamente porque fortalecer la democracia en los Estados implica dar las herramientas para contar con una ciudadanía informada, la cual sea capaz de tomar las decisiones y participar de la vida política de la mejor manera posible.
