Opinión
La evidencia muestra que una interrupción prolongada de la educación tiene consecuencias graves: las niñas y los niños pueden verse afectados seriamente en su aprendizaje y quienes ya se encontraban en situaciones de vulnerabilidad pueden no volver nunca a la escuela. Si antes de la crisis se estimaba que menos de la mitad de las niñas y niños refugiados se encontraban matriculados, es muy probable que esta cifra aumente.
En este contexto, los gobiernos de América Latina y el Caribe han implementado una serie de medidas con el objetivo de garantizar la continuidad del aprendizaje, utilizando diversas estrategias y metodologías. No obstante, alcanzar a las personas migrantes y refugiadas en la región permanece como un desafío para los sistemas educativos.
El estatus migratorio, las condiciones de habitabilidad, la falta de acceso a tecnologías, internet y material educativo, son solo algunas de las barreras que los niños, niñas y adolescentes desplazados experimentan para acceder a las respuestas educativas implementadas en las comunidades de acogida, así como a otros servicios complementarios que están siendo entregados durante la emergencia. Estas barreras se vuelven aún más complejas considerando la situación de niñas y niños que se encuentran regresando a Venezuela, quienes se han quedado sin acceso a la escuela y a otros servicios básicos como la nutrición, el agua, el saneamiento, la salud y el apoyo psicosocial que proporcionaban las escuelas de los países de acogida.
Hasta la fecha hay evidencia de diversos cambios en la matrícula de estudiantes en contextos de movilidad. Mientras en algunos países ha disminuido la matrícula extranjera durante 2020, en otros casos ha aumentado.
Frente a esto, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), junto al Grupo de Trabajo de Educación y Movilidad Humana, conformado por equipos técnicos de los ministerios de Educación de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú, están dando seguimiento a la permanencia y desvinculación educativa de los estudiantes en situación de movilidad. Mediante la aplicación de un cuestionario en línea, el grupo ha informado sobre los cambios que han experimentado sus países en las tasas de matrícula durante la pandemia por COVID-19.
Son muchos los factores que pueden propiciar u obstaculizar la inclusión educativa de estudiantes migrantes, refugiados y desplazados, especialmente en contextos de crisis prolongadas como las que vive la región. Monitorear la participación y permanencia de este grupo en los sistemas educativos resulta fundamental para planificar estrategias que garanticen su derecho a la educación y para fortalecer las capacidades de los sistemas para abordar sus las necesidades específicas.
Conscientes de los desafíos que se vislumbran en este ámbito, países como Colombia, Chile y Perú han reforzado las estrategias existentes para prevenir la desvinculación escolar y, a la vez, han desarrollado nuevos mecanismos que aseguren la permanencia de estos estudiantes en sus sistemas educativos. Entre ellas, se encuentran la implementación de sistemas de alerta temprana que considere a los estudiantes en contextos de movilidad y sus particularidades; despliegue de campañas y procesos especiales de matrícula en plazos extraordinarios; fortalecimiento del seguimiento a estudiantes y sus familias, así como estrategias para abordar la brecha tecnológica y mejorar la conectividad de este grupo prioritario.
Estos mecanismos liderados por los ministerios de Educación son centrales y les dan una renovada importancia a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su principio de no dejar a nadie atrás, que han sido recientemente reafirmados por los estados en la Declaración de la Reunión Mundial sobre la Educación 2020. Es urgente que en contextos de emergencia como el actual se aseguren respuestas contundentes y solidarias que garanticen el acceso a servicios básicos de calidad y la protección de derechos, entre ellos, el de seguir aprendiendo.
Paulo Freire planteó que “la educación no cambia el mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo”. Esta reflexión nos invita a recordar que el desarrollo futuro de nuestra región está supeditado a que podamos hoy garantizar el derecho a la educación de todas las personas, sin dejar de lado a aquellos que actualmente se encuentran en situación de movilidad en nuestros territorios.
