Proyecto del Gobierno terminará por dar más poder al narco: 9 propuestas

A pesar de que los homicidios vienen al alza hace meses, fue solo después que diferentes balaceras tuvieran lugar en la Región Metropolitana que el Gobierno presentó un nuevo proyecto contra el crimen organizado. Efectivamente estamos en un punto de inflexión. Pero, como hemos visto por ya 30 años, se centran en la irracionalidad de la mano dura, el show mediático de lanzar guerras, medidas intrusivas y esa peligrosa obsesión de pensar que aumentando penas bajará el crimen. Sin ser vidente sino solo analizando la evidencia, podemos predecir que el resultado de este proyecto de ley por sí solo no solo será ineficiente en reducir el poder del crimen organizado y el narcotráfico. Será regresivo, ya que la criminalidad organizada y el narco terminarán con más poder que antes. 

[cita tipo=»destaque»]En paralelo, está la impunidad efectiva para los grandes narcos y “los jefes”. El sistema, al basarse en cifras como detenciones y condenas, junto con seguir celebrando cantidades de droga incautada, garantiza tranquilidad a los poderosos. El destino que les espera es bastante similar al que reciben algunos grandes empresarios que cometen actos de corrupción millonaria. No conocen ni van a conocer la cárcel y, gracias a sus recursos para profesionales defensas legales, volverán y seguirán en muchos casos operando con total impunidad.[/cita]

Pero las consecuencias no son solo un asunto de empoderamiento, sino que por sobre todo uno que habla de víctimas, encarcelamiento y muerte. Las víctimas son, han sido y seguirán siendo las mismas. Basta con mirar la cárcel. En una región como la de Arica y Parinacota, el 52% de la población penal recluida llegó allí por delitos de drogas. Estás cifras son más dramáticas cuando miramos la población femenina: el 63% está allí por estos delitos. Mientras tanto en la RM ese porcentaje llega al 44%. La composición de los detenidos habla además del drama que afecta a los más jóvenes: sobre el 60% de estos se encuentran en el rango de menores de 29 años. Nuestra política contra las drogas ha sido extremadamente ineficiente en castigar a los narcos, pero eficiente en perseguir, castigar y encarcelar a jóvenes, mujeres y quienes menos tienen, o sea, sus soldados. Y eso, cuando tienen la suerte de no terminar baleados y desangrados en una esquina. Los homicidios ya han aumentado en un 33% respecto al año anterior. 

El presidente Piñera replica un sistema de castigo que ha sido un fracaso en decenas de países y contribuirá a profundizar el ciclo de capital humano desechable disponible para el crimen. Penas que pueden llegar hasta los 5 o 10 años se transformarán en parte de la nueva bitácora que recorrerán centenares de jóvenes, partiendo en el Sename, castigados y puestos en libertad una y otra vez. Posteriormente, ingresarán a la cárcel y saldrán en libertad. Un viaje de actividad criminal que puede durar hasta 50 años estando de forma permanente no solo disponible para el crimen como mano de obra desechable, sino que, por sobre todo, sin otra alternativa al momento de encontrar la –transitoria– libertad. 

En paralelo, está la impunidad efectiva para los grandes narcos y “los jefes”. El sistema, al basarse en cifras como detenciones y condenas, junto con seguir celebrando cantidades de droga incautada, garantiza tranquilidad a los poderosos. El destino que les espera es bastante similar al que reciben algunos grandes empresarios que cometen actos de corrupción millonaria. No conocen ni van a conocer la cárcel y, gracias a sus recursos para profesionales defensas legales, volverán y seguirán en muchos casos operando con total impunidad.

La disputa por el territorio y la penetración del crimen organizado al Estado no solo continuará, sino que en paralelo, dadas las precarias y arcaicas políticas de prevención de uso de drogas, la demanda seguirá aumentando mientras se suman más adictos. El negocio es redondo y el Estado juega un rol central en que esto sea así. 

Existen propuestas concretas, algunas no tan convencionales, que todavía estamos a tiempo de evaluar e implementar. Gran parte de ellas las venimos planteando hace décadas y pasan por derribar una serie de tabúes ideológicos y trabas políticas. Estas son:

1. Enfrentar la pobreza no solo como un imperativo ético sino también como la principal condición que empodera al narco: Si hay un ganador tras la pandemia, ese es el crimen organizado. Frente al retroceso, la incapacidad e incluso la ausencia del Estado, este se toma los territorios. Con todo, no hay oferta más tentadora que poder generar recursos de forma rápida. Mientras existan personas que no tienen oportunidades y, peor aún, vivan en la pobreza, el narco tendrá capital humano casi infinito y dispuesto a todo. Además, la reinserción es gravitante para impedir que las personas vuelvan a caer en estos ciclos. 

2. Recuperar la legitimidad y credibilidad policial en los territorios: Independientemente de las nuevas atribuciones y millonarios recursos que seguimos dándoles a las policías, estas no lograrán ser efectivas hasta que recuperen su credibilidad y capacidad de hacer su trabajo. Hasta ahora, la tan manoseada reforma a Carabineros terminó siendo una pauta de prensa vacía. Comisarías con vinculación con los territorios y nuevas formas de medir el delito también son indispensables. 

3. Estricta regulación financiera y contra el lavado de activos: Mientras abunda el coraje para investigar y encarcelar a los pobres que son víctimas de las redes del narco, el sistema ha terminado por dar impunidad a las cabezas de la pirámide. Si bien hay avances en temas relacionados con lavado de activos y regulación financiera, en muchos aspectos la banca sigue operando como un paraíso fiscal para la criminalidad. Urge dureza y coraje para darles duro a los movimientos de capital y el flujo de dinero.

4. Persecución proporcional e inteligente: Si bien el país ha logrado bajar la proporción de detenciones por porte y consumo, que llegaron a su peak el 2011, todavía la persecución sigue siendo extremadamente ineficiente. Desde usuarios medicinales de cannabis hasta microcultivos domésticos, el tiempo y recursos que destina el sistema policial y judicial siguen estando enfocados en inocentes y peces pequeños, impidiendo poder hacerlo con los peces grandes. 

5. Abordar la demanda con políticas sensatas y lejos de la obsesión prohibicionista: Del Conace al Senda la institucionalidad de prevención de consumo de drogas se ha transformado en el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer. Con campañas del terror y siguiendo lógicas importadas, el resultado ha sido aumentos dramáticos en el consumo de drogas particularmente en menores de edad. De estrategias pragmáticas e incluso reducción de daño, nada. Es más, recientemente el Gobierno se alineó con países negacionistas y prohibicionistas para terminar perdiendo en la ONU su negativa a categorizar al cannabis de la forma correcta. Como si fuera poco, el Senda hoy es parte de un ciclo sin fin, al financiar principalmente tratamiento y transformar a la prevención en el show mediático que ha resultado ser el Elige Vivir Sin Drogas. 

6. Políticas particulares para las mujeres: Chile replica no solo la desproporción y el castigo sobre poblaciones vulnerables, sino que además el sistema facilita la victimización de las mujeres. La cárcel femenina es un buen reflejo, no solo está compuesta en su grueso por quienes han sido o son parte de la cadena de valor del tráfico, sino que casi en su totalidad por mujeres que delinquieron para conseguir ingresos. Mientras no existan alternativas reales para las mujeres, particularmente jóvenes, y el sistema las siga castigando desproporcionadamente, seguirán siendo las principales víctimas y las castigadas. 

7. Regular las drogas partiendo por la cannabis y avanzando a otras: La legalización de la cannabis y otras drogas no van a terminar con la ilegalidad, pero sí contribuirían a una reducción de la penalización de una población vulnerable, la reducción del mercado a disposición del crimen, permitiría mayor inversión en prevención y educación si se cobran impuestos, pero por sobre todo a quitarle a los traficantes el monopolio de decidir lo que se consume, dónde se consume y cuál es su costo. Este monopolio les otorga un poder prácticamente infinito para armarse e ir aumentando su poder por medio de disputas que, como hemos visto, terminan en baños de sangre. Para avanzar, urge un debate sensato, lejos de caricaturas y trabas morales sobre drogas blandas, duras y sintéticas. Si fuera por prohibir drogas dañinas, deberíamos prohibir el alcohol y el tabaco.  

8. Jóvenes y el machismo del poder: Como si fuera poco, la masculinización de las figuras del narco se ve reflejada en comportamientos y una cultura de dominación. Frente a la pobreza y la precarización, conseguir poder para emerger nace como una alternativa difícil de rechazar. Esta condición genera violencia, y controlar territorios, tener fortuna e incluso matar se transforman en un imperativo. El desafío es entonces también cultural. 

9. Prohibición total de porte y tenencia de armas en manos de civiles y exuniformados para permitir acciones concretas sobre el mercado ilegal de armas: Hoy conseguir armas de forma legal e ilegal es tremendamente fácil y terminan por nutrir la criminalidad. Debemos acotar las posibilidades para poner el foco sobre el mercado ilegal. Esto parte por prohibir de forma absoluta la tenencia y porte de armas por parte de civiles y exuniformados. Solo así podremos poner foco sobre los mercados ilegales de armas. Que al armar a la ciudadanía esta estará más segura, es un mito inventado por el multimillonario mercado de las armas y municiones. 

El tiempo se agota.