Opinión
La crisis sanitaria que hemos atravesado durante este 2020, ha evidenciado y acrecentado las brechas en materia de derechos sociales y particularmente en materia de educación. Según la encuesta “Estamos Conectados” de Educación 2020, tenemos 16 mil estudiantes menos en el sistema que en el año 2019 y, sumando a ello la baja conectividad a internet de los sectores socioeconómicamente más vulnerables, nos situamos en un complejo escenario para el año 2021, donde al parecer la pandemia tardará un buen tiempo más en ser superada y las clases presenciales serán de difícil implementación, especialmente considerando que muchos establecimientos no cuentan con los recursos para un regreso seguro de los y las estudiantes.
En este marco, resulta urgente, que los niños, niñas y adolescentes sean puestos al centro de la preocupación estatal y que las medidas que se tomen en relación con el ejercicio del derecho a la educación, consideren las particularidades territoriales y socioeconómicas de todas las infancias que habitan nuestro país.
Hasta ahora, han sido muy invisibles y los datos dan cuenta de ello. Ponerlos al centro, implica una efectiva priorización, tanto presupuestaria como administrativa, que permita garantizar que ningún niño o niña se quede fuera, por no contar con elementos básicos para acceder a la escuela, ya sea presencial o telemáticamente. Lo anterior, sin lugar a dudas, requiere no solo de medidas en el ámbito educativo, sino también un fortalecimiento de la protección social de las familias y cuidadores.
Es de esperar que las autoridades se comprometan con medidas más profundas e integrales, que no solo nos permitan capear la segunda ola del COVID 19, sino también la de las brechas que la pandemia ha profundizado.
