Señor Director:
Sabían que enfrentarían una reacción violenta, ya que Temucuicui se jacta de ser un “espacio liberado” y por eso acudieron con refuerzos de todo el país. Sabían -también- que los atacarían con armamento de guerra, por lo que sus oficiales estaban protegidos y premunidos de armas letales. Sabían que, hipócritamente, para una parte del mundo de los DD.HH. la vida de un comunero vale más que la de un winka y muchísimo más que la de un policía, por lo que adoctrinaron cuidadosamente a los cientos de oficiales participantes. Sabían que los comuneros violentos emboscan cortando caminos y disparando parapetados, por lo que contaban con helicópteros de vigilancia y con su grupo táctico estrella. Inteligencia no faltaba: había informaciones de un actuar paramilitar, del empleo de fusiles de guerra, de emboscadas y cortes de caminos, del proceder violento de grupos narco y de su relación con la insurgencia de origen mapuche y de ésta con la guerrilla colombiana.
Sin embargo, para cumplir la orden judicial, se debieron exponer a entrar en una única columna a territorio rural controlado por la delincuencia, lo que los expuso gravemente ante un ataque de naturaleza paramilitar. Además el terreno abierto hizo inefectivo el armamento policial contra los fusiles con que los atacaron, y como fue una operación policial y no militar, carecieron de una reserva aeromóvil capaz de reaccionar contra una emboscada y de equipos de comunicaciones de especificación militar inmunes a las interferencias.
Por todo lo anterior es que la diligencia judicial en Temucuicui culminó con bajas, incluso una mortal. Además quedó patente que en Chile existen territorios donde el Estado enfrenta un nivel de narcoviolencia inaudito y que las policías deben prepararse para escenarios de insurgencia rural. Equipar y adaptar a las policías a este nuevo escenario es una urgencia, como también lo es elaborar un plan nacional que enfrente el fenómeno coordinadamente y en todas sus dimensiones, porque la solución no es exclusivamente policial.
Lo lamentable es que el Estado de Chile posee los recursos humanos y materiales para haber realizado una actuación distinta: En Chile contamos con equipos tácticos de comunicaciones inmunes a interferencias, tenemos sofisticados drones de vigilancia, existen puestos móviles de mando y nuestras policías poseen helicópteros con la capacidad de insertar fuerzas de respuesta a una emboscada, pero las condicionantes políticas y sociales impiden el empleo cabal de los medios disponibles.
Como país no nos faltan ni recursos humanos ni materiales. De lo que carecemos, es de una visión consensuada de cómo actuar en la Araucanía con todos los recursos políticos, económicos, sociales y de seguridad del Estado. Peor aún, carecemos también de un acuerdo político que acepte que el narcotráfico se nos está escapando de las manos y que en la Araucanía existe una insurgencia rural mezclada con narcotráfico que crecientemente sobrepasa a las policías, policías que son -después de las víctimas rurales y del propio pueblo mapuche- la tercera víctima de este impasse político y social.
Oscar Aranda Mora
Contraalmirante (R)
