Opinión
El Congreso Nacional ha sido y es un espacio elitista. Tradicionalmente ha estado conformado por una elite proveniente de un sector reducido de la sociedad. Estudios de la elite parlamentaria para los períodos 1961-2010 y 1990-2018 demuestran una acentuada elitización sociocultural y refrendan la denominada “ley de la desproporción creciente”, esto es, en el parlamento aparecen sobrerrepresentadas las categorías socialmente más privilegiadas: hombres, con formación universitaria y en su mayoría provenientes de la educación particular pagada.
Chile es diverso y, además de profundamente desigual, está marcado por una mayoría de territorios pobres o precarizados, donde las personas despliegan su vida cotidiana con la huella de las barreras y dificultades que les impone su entorno. Ese día a día pocas veces es experimentado por las elites que toman las decisiones, por lo que es difícil que éstas incorporen las prioridades de estos sectores, al menos, con el sentido y grado de importancia deseable.
De las 346 comunas de Chile, 231 de ellas califican como “comunas pobres” (el 67% de las comunas del país). Esto es así tomando datos oficiales de CASEN 2015 y 2017, aplicada la metodología de Estimación para Áreas Pequeñas y considerando todas las comunas que, en alguna de las mediciones de ambos años, ya sea para pobreza monetaria o pobreza multidimensional, presente cifras mayores al promedio comunal nacional (para monetaria 17,3% en 2015 y 12,8% en 2017; para multidimensional 25,9% en 2015 y 26,2% en 2017).
De los 28 distritos electorales que regirán para la elección de los Convencionales Constituyentes que participarán en la definición de la nueva carta magna, 22 de ellos están conformados por una mayoría de comunas pobres. Sí, 25 son mixtos, con comunas pobres y no pobres, pero en 21 de ellos, la mayoría de comunas es pobre. Un distrito tiene sólo comunas pobres (el 22). Como contrapunto, solamente dos distritos tienen exclusivamente comunas no pobres (el 10 y el 28).
Junto con el debate sobre candidatos de partidos o independientes, o los necesarios avances sobre paridad de género y escaños indígenas, es legítimo plantear una reflexión sobre el origen social y territorial de los representantes en la Convención Constituyente. No porque el pertenecer a una clase social o a un territorio en particular sea garantía de legitimidad, sino porque en el cruce de las distintas dimensiones (visión política, género, etnia, clase social, lugar de origen) puede enriquecerse la representación social y la deliberación entre perspectivas e intereses diversos, y porque una democracia robusta debe promover la participación y representación de dicha diversidad.
En el caso de los sectores populares, dicha participación es especialmente relevante, porque se trata de aquellos que han sido fuertemente excluidos de los procesos de toma de decisión y, como consecuencia derivada de ello, ausentes en definiciones clave para una construcción social inclusiva.
No se trata de que exista una “representatividad estadística” de la sociedad, porque ello significaría reunir individuos por determinada condición y atributos, y la política no es un ejercicio individual ni de una suma de individuos, sino que un fenómeno en esencia colectivo, que requiere deliberación y acuerdos. Pero la presencia de candidatos y candidatas con diversas experiencias de vida y contextos sociales sin duda aportaría en pertinencia al nuevo texto constitucional. ¿Cuántos de los candidatos/as a constituyente que estarán inscritos el 11 de enero provendrán de las comunas pobres del país? Y ¿cuántos de los convencionales constituyentes electos el 11 de abril?
El modelo democrático chileno sufre una grave crisis de representación y la redacción de una nueva Constitución supone una prueba de fuego para la participación y deliberación democráticas. En los últimos días para la inscripción de candidatos/as, es de esperar que haya espacio para quienes viven en territorios por largo tiempo excluidos… ¿hasta ahora?
