Opinión
Hace algunos días se aprobó, en términos generales, el proyecto de ley que permite a las personas solicitar asistencia médica para poner fin a su vida cuando, producto de padecimientos terminales, y aun disponiendo de cuidados paliativos, se vean enfrentados a un dolor y sufrimiento físico y/o psicológico severo, respetando así la voluntad de las personas, en otras palabras, lo que llamamos eutanasia.
Este paso simboliza la posibilidad de mirar la muerte de manera más humana, legalizando la posibilidad de tomar libremente la decisión de poner fin a la vida cuando esta se torna insostenible, sin temor a sanciones, castigos o reproches.
Existe en nuestro país una discusión en el seno de las comunidades que legitima la opción de la muerte voluntaria como una forma de entregar dignidad a aquellas personas que, por padecer una enfermedad terminal, ven vulnerados no sólo su derecho a la salud, sino también su derecho a llevar una vida digna. Pero esta discusión no había hecho eco en los oídos del modelo biomédico o de nuestros representantes, quienes, sin considerar el costo familiar, económico y social que significa una enfermedad terminal o degenerativa, insistían en sostener la vida a cualquier costo.
Sociedades como la nuestra, que ponen al desarrollo económico como sinónimo del crecimiento de las naciones, olvidan que existen otros elementos que son esenciales a lo humano, que las personas necesitan mirar y abordar con naturalidad para profundizar sus raíces. Es esperanzador ver cómo este discurso antes silencioso comienza a tener un espacio en las esferas de poder de nuestra sociedad.
Debemos recuperar la percepción de la muerte como un proceso natural, que se vive lleno de ritos y tradiciones, y alejar la muerte del mero escenario de intercambio económico donde se pone prioridad a la “rapidez del trámite” en lugar de colocarlo en la posibilidad de experimentar la muerte y la pérdida, con la dignidad y el acompañamiento necesario.
