Cuando hablamos de “municipio constituyente”, nos referimos por cierto a la transformación de las lógicas tradicionales sobre las que se estructuran las responsabilidades de los gobiernos locales, y una de ellas es la educación. Tema que, como develaron los multitudinarios cabildos ciudadanos realizados en la comuna de Ñuñoa desde 2019, está entre las principales demandas por una sociedad más justa.
¿Qué planteó la comunidad ñuñoína en el contexto del inicio del movimiento democratizador? No fue otra cosa que la necesidad de avanzar en asuntos pendientes como la educación integral e inclusiva, la gestión colaborativa, solidaria y de buen trato, conceptos que aún se repiten y que son de toda lógica cuando hablamos de una Comunidad Escolar.
Desde mi rol como docente y dirigenta del magisterio de Ñuñoa, fui testigo de los aportes que hacen a diario diversos actores vinculados al mundo de la educación, con proyectos innovadores y generalmente sacados adelante a puro pulso.
La educación en Ñuñoa, lejos de ser un ejemplo aislado, refleja los mismos problemas de toda la educación chilena: carencias en inversión, cobertura, equidad, participación vinculante de la comunidad y la ausencia de un proyecto comunal orientado –más allá de la consigna– al pleno desarrollo de niños, niñas, niñes y jóvenes. En lugar de fortalecer el concepto de Comunidad Escolar, lo que se ha hecho es promover el exitismo al hacer foco en los resultados de pruebas estandarizadas que, dicho sea de paso, no son sinónimo de calidad.
Los cabildos y asambleas comunales mostraron la gran valoración de la comunidad respecto del rol de la escuela, sugiriéndose en muchos casos la idea de replicar iniciativas como el programa Escuela Abierta, de Recoleta, que asume un rol de la educación en vinculación con los territorios, irradiando los barrios, promoviendo el encuentro, la apropiación social, identitaria y cultural. La escuela debe democratizarse y volverse integral a partir de la diversificación de sus redes y ámbitos de acción.
Se requiere una educación de nuevo tipo para este Chile que nace, es decir, un modelo educativo en que las comunidades escolares y sus organizaciones tengan espacios vinculantes de participación y sean parte de la elaboración de la política educativa en todas las instancias que sea posible.
La riqueza, diversidad y compromiso de las comunidades para con las escuelas puede ser en sí mismo un aprendizaje fundamental, sin embargo, para avanzar en esa línea, hay que saber escuchar.
Es preciso también tener voluntad política y ceder poder. Se puede avanzar en temas muy concretos que hablan de este cambio de enfoque, por ejemplo, transformando los consejos escolares en los espacios resolutivos de cada establecimiento, y promoviendo que la discusión del Plan de Educación Municipal –proceso que se realiza de forma anual– contemple una metodología participativa que recoja efectivamente la evaluación y propuestas de estudiantes, docentes y apoderados/as, elementos que deben ser considerados en la elaboración de dicho instrumento.
Estoy convencida que los principios rectores de cualquier proyecto educativo democrático no sólo deben declararse desde el punto de vista ético, sino que deben señalar un camino práctico que muestre su viabilidad. Los valores deseables e intrínsecos de una educación transformadora y liberadora siempre se enseñan con el ejemplo.
Las y los estudiantes, históricamente, han dado cátedra a la hora de poner sobre la mesa y avanzar en pos de la demanda de una educación pública, gratuita, no sexista y de calidad. El derecho a la educación no puede quedarse en una mera consigna, pues es uno de los pilares sobre los cuales se estructura una sociedad que se piensa a sí misma, se proyecta y forma ciudadanos/as para el futuro. En ese sentido, hoy es tiempo de incidir e inclinar la balanza. No perdamos esa posibilidad.
