Opinión
Luego de un larguísimo periplo, los venezolanos llegan exhaustos, deshidratados y sin abrigo, a una localidad altiplánica en que las condiciones dificultan el caminar hacia otros lugares. Entre quienes lo han intentado, ya van dos personas fallecidas por hipotermia. En Colchane no hay transporte público y los buses que subían desde Iquique han sido retenidos, por lo que, ante este escenario, los migrantes se autodenuncian, desconociendo que con ello agilizan su propia expulsión. De esta manera, el Gobierno condiciona el acceso y atención de salud a la autodenuncia, siendo que, a nivel constitucional, el derecho a la salud no distingue entre población nacional y extranjera. Es más, los tratados internacionales suscritos establecen el deber del Estado de asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria necesaria, y la normativa dictada consagra la atención de salud independientemente de la situación migratoria.
En la frontera norte de Chile se está viviendo una dramática crisis humanitaria. En septiembre de 2020 las autoridades locales informaron a la Administración de la llegada de personas migrantes y de la escasa capacidad que tenían para abordarla, sin que el gobierno adoptara oportunamente las medidas necesarias para resolver esta crítica situación. Frente a la presión mediática por el masivo arribo de venezolanos y venezolanas y ante la muerte de dos personas, un hombre de 69 años y una mujer de 36, tres ministros de Estado viajaron a la zona para dar a conocer el Plan Colchane: un programa impuesto desde la capital y sin la participación de las autoridades locales que, junto con la militarización del territorio, responde expulsando a quienes ingresen irregularmente.
El referido plan se inserta en una política de Gobierno que reduce la movilidad humana a una cuestión de orden y seguridad, siendo que, tal como lo han señalado los organismos especializados en la materia, el desplazamiento de venezolanos obedece a una crisis humanitaria de enormes proporciones. A pesar de reconocer este carácter humanitario, desde mediados del 2018 el gobierno chileno impuso visas a los venezolanos (de responsabilidad democrática y consular de turismo) bajo la premisa de una migración ordenada, segura y regular. Sin embargo, estas medidas que supuestamente tenían por objeto facilitar su integración han terminado únicamente por obstaculizar su ingreso regular, no sólo porque los documentos exigidos son de difícil obtención en un contexto de fractura política e institucional en el país de origen, sino también porque cuatro de cada cinco visas solicitadas han sido rechazadas. Además, desde el inicio de la pandemia se han cerrado las fronteras internacionales para el tránsito de personas, aunque no para las mercancías, y unos meses más tarde se suspendió la visa de responsabilidad democrática.
Ante este escenario, las personas que se encuentran en esta situación se ven imposibilitadas de ingresar de manera regular y por pasos habilitados, ya que el mismo gobierno ha impuesto mecanismos que lo impiden. Ello no obsta a que, luego, el presidente Sebastián Piñera declare que son bienvenidos quienes entran en forma legal, pero no la migración “ilegal”. La máxima autoridad política además de calificar equívocamente la migración, pues ningún ser humano es ilegal, yerra en su discurso, al reducir la movilidad humana a la ecuación regular/irregular, garantizando a la primera el ejercicio de sus derechos, y excluyendo a quienes se encuentren en situación administrativa irregular. En un hábil ejercicio comunicacional, el gobierno construye un enemigo al que resulta fácil criminalizar, legitimando con ello medidas como la reciente expulsión de 138 personas o la costosa licitación de vuelos privados para materializar lo que pareciera ser “la regla que llegó para quedarse”, tal como aseguró el ministro del Interior en referencia a las expulsiones administrativas
Como se aprecia, el gobierno ha utilizado todo el aparataje del Estado, primero imponiendo visados, luego, cerrando las fronteras, y, por último, ejecutando expulsiones, en un entramado comunicacional que criminaliza fuertemente la movilidad. Tal como dan cuenta relatos de quienes se encontraban en la Escuela Centenario de Iquique durante la madrugada del 9 de febrero pasado, funcionarios de la Policía de Investigaciones llegaron a residencias sanitarias aplaudiendo, con burlas, señalando “ya se van a ir a su país” y haciéndolos firmar un documento que no comprendieron. Testimonios de migrantes afirman que “nos tienen como unos presos, nos graban, nos alumbran (…) cómo vamos a apelar si no nos dan la oportunidad, si nos encontramos encerrados en un centro sanitario y nos han retenido los documentos”. Por lo mismo, tal como denunció el secretario del Movimiento de Acción Migrante, Eduardo Cardoza, todo este procedimiento ha sido planificado de la peor manera, dictatorial, a las dos de la madrugada y en un lugar donde no se puede acceder por las restricciones que impone la pandemia, incluso sin contar con asistencia jurídica.
Las expulsiones realizadas a todas luces contravienen el debido proceso y el estándar exigido por el derecho interno e internacional humanitario que consagra la obligación de brindar protección a los refugiados. En vez de resguardar la integridad de quienes han debido viajar miles de kilómetros en las más precarias y riesgosas condiciones, la Administración ha empleado la autodenuncia como una moneda de cambio que condiciona el acceso a la protección sanitaria al desarrollo de un procedimiento que permite acelerar ilegalmente las expulsiones. Una táctica perversa, pero eficaz, pues este mecanismo se ha configurado en la práctica como requisito para acceder al listado de la Seremi de Salud con el cual se priorizan quienes bajarán en bus a Iquique, quienes se realizarán el examen PCR y quienes podrán acceder a una residencia sanitaria o un albergue, donde tendrán techo, abrigo y un plato de comida, tras semanas de frío e inanición.
Luego de un larguísimo periplo, los venezolanos llegan exhaustos, deshidratados y sin abrigo a una localidad altiplánica en que las condiciones dificultan el caminar hacia otros lugares. Entre quienes lo han intentado, ya van dos personas fallecidas por hipotermia. En Colchane no hay transporte público y los buses que subían desde Iquique han sido retenidos, por lo que, ante este escenario, los migrantes se autodenuncian, desconociendo que con ello agilizan su propia expulsión. De esta manera, el Gobierno condiciona el acceso y atención de salud a la autodenuncia, siendo que, a nivel constitucional, el derecho a la salud no distingue entre población nacional y extranjera. Es más, los tratados internacionales suscritos establecen el deber del Estado de asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria necesaria, y la normativa dictada consagra la atención de salud independientemente de la situación migratoria.
A pesar de que normativamente no deba sujetarse su atención de salud a requerimiento adicional alguno, en la práctica es justamente lo que está ocurriendo. En esta lógica, el Ministerio de Salud emitió la Resolución Exenta 136 excluyendo de la campaña de vacunación de COVID-19 a quienes estén en irregularidad, luego la autoridad sanitaria se desdijo, pero en el norte se continúa reteniendo el alta médica a los migrantes en las residencias sanitarias para materializar su expulsión, no permitiendo ejercer tutela judicial alguna. Por lo mismo se han interpuestos recursos de amparo para dejar sin efecto órdenes de expulsión.
En suma, la respuesta del Gobierno para abordar la crisis humanitaria sólo ha permitido agudizarla mediante la excepcionalidad, militarizando la frontera norte y expulsando personas migrantes que bien podrían considerarse en situación de refugio, incumpliendo el debido proceso y los estándares de derechos humanos. No obstante, amparándose en la pandemia, la Administración sigue apostando por una respuesta securitaria que no comprende que frente a una crisis de esta magnitud lo que corresponde es coordinar una acción regional integral. Un buen ejemplo es lo realizado por el gobierno colombiano mediante la creación de un “Estatuto de Protección Temporal” que otorgará residencia por diez años a personas venezolanas, independiente de su condición administrativa, accediendo con ello además a la cooperación internacional de agencias como ACNUR para resolver las cuestiones más urgentes.
Cabe reconocer que, tal como señaló el ministro de Relaciones Exteriores chileno, el Gobierno se ha coordinado con los países vecinos para deportar. Es paradojal, pues los esfuerzos, los recursos y la coordinación están exclusivamente puestos en expulsar y militarizar, pero no en acoger a quienes huyen de una crisis humanitaria sin precedente, estrategia cuyo resultado es justamente aquello que se pretende evitar: una migración desordenada, altamente insegura y masivamente irregular.
