Opinión
El pronóstico del año 2021, respecto a la cantidad de litigios en materia de derecho de familia, no es auspicioso. Las separaciones de hecho siguen incrementándose, y la pérdida de empleos, junto con la disminución de los ingresos, pone en jaque el sistema que regula el cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos.
La fragilidad de la economía y el estado de indefensión en que se encuentran mujeres, niños y/o adultos mayores han provocado una práctica dañina y negativa en todo ámbito: el trabajo infantil, que afecta el interés superior del niño, vulnerando un derecho humano básico: la educación.
Al respecto, el Ministerio de Educación proyecta que la pandemia elevará a 264 mil los alumnos que dejarán el colegio. En muchos casos se trata de niños que, en razón de la situación económica de sus familias, son empujados a trabajar para aportar ingresos. Esto sin considerar a aquéllos que además no reciben los alimentos a los que se encuentra obligado el progenitor.
Es un asunto que no nos puede dejar indiferentes como sociedad, debiendo encenderse las alarmas para buscar una solución. Para ello, resulta imperioso disponer de recursos y de medidas concretas y eficaces que protejan a este grupo de personas.
Uno de los temas más apremiantes de abordar es cómo fortalecemos nuestro sistema de pagos de pensiones alimenticias. Entre el 2015 y abril del 2019, se presentaron más de 336 mil causas ante tribunales de justicia por esta materia. De dichas causas, la tasa de no pago llegó al 84 % (más de 283 mil), según información del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Las cifras ilustran un problema crónico, que es el incumplimiento de pago. Este año, todo apunta a que los números debieran incrementarse, producto del actual escenario económico. Sin embargo, lo anterior no puede permitir confusión: la tasa de incumplimientos de pago de manutenciones y la leve sanción establecida es una “pandemia” que nos acompaña hace años, como reflejan los indicadores.
Su origen es la simple irresponsabilidad y poca empatía, resultando a veces ineficaz el sistema por el alto atochamiento de los juzgados o derechamente porque las sanciones existentes ante los incumplimientos no logran persuadir del todo a aquellas personas que ex profeso no pagan.
Para estos casos, atendido que el futuro de nuestro país está en riesgo −nuestros niños, su bienestar e integridad−, debieran tomarse medidas fuertes y categóricas. Mi propuesta: quienes incumplan deliberadamente lo ordenado por el tribunal, deben ser imputados por delito de no pago de pensión de alimentos.
Para ello se debe crear el delito, con una pena proporcional a la afectación. En este sentido, es importante hacer un llamado al legislador a fin de que sea creado y colocado en tabla, y de este modo se proteja a las familias, tal como ocurre en países como España, en cuyo código penal dicho delito se encuentra tipificado y las penas pueden alcanzar hasta un año de prisión.
Al no ser sancionado el hecho criminalmente, los únicos que “pagan” son los menores, entre los cuales un porcentaje no menor no sólo no tiene acceso a educación, sino que se encuentra trabajando, privándoselo así de su derecho a ser niño.
