Opinión
Los debates que tendrá la Convención Constitucional sobre la consagración de nuevos derechos sociales en la nueva Constitución serán, sin duda, los más importantes para la ciudadanía. Como miembro del equipo que elaboró la primera propuesta de Nueva Constitución para la expresidenta Michelle Bachelet (2013-2014) conozco de cerca lo complejos que pueden llegar a ser las disputas en torno a lo que constituye un mínimo imprescindible a ser regulado por una Carta Fundamental.
Por cierto, quienes llevamos años trabajando por los derechos humanos de los grupos más vulnerables tenemos altas expectativas sobre lo que se puede lograr en el contexto político y social del Chile de hoy, pues la Pandemia evidenció la necesidad urgente de garantizar a todos los ciudadanos recursos mínimos para una existencia digna a todo evento. Por ello, una de las primeras propuestas que tendremos que discutir es la del derecho a un Ingreso Básico Universal (IBU) con perspectiva de género, esto es, uno que permita, por primera vez en la historia, remunerar a las mujeres por el trabajo de cuidado que todavía realizan gratuitamente.
También resultará urgente responder al abandono en el que se encuentran nuestros adultos mayores, garantizando en la nueva Constitución y como parte de la seguridad social el derecho a Cuidados de Larga Duración (CLD) asequibles y de buena calidad, financiados por el Estado con fondos solidarios y mancomunados. De igual forma, será necesario que la nueva Constitución reconozca por fin que el cuidado sanitario es un derecho humano básico cuyo acceso debe ser universal, de calidad, oportuno y sin discriminación. Además, que las políticas públicas en salud deben considerar un enfoque intercultural y promover el fortalecimiento de la salud primaria.
Finalmente, las polémicas en torno a la manera en que la nueva Constitución debe garantizar el acceso equitativo al agua van a estar, sin duda, en primera plana. ¿Se debe reconocer al agua como un bien nacional de uso público y limitar los derechos privados de agua? ¿Deben las comunidades poder participar en la toma de decisiones sobre la adjudicación y ejecución de proyectos de impacto ambiental y asegurar el goce de sus beneficios?
Aunque éstos son, para muchos chilenos, los contenidos mínimos que debieran ser zanjados por una nueva Constitución en materia de derechos sociales, los debates van a ser intensos, por lo que el diálogo democrático y pacífico será imprescindible.
