Cambio constitucional, Estado y desarrollo económico

La Constitución actual impone al Estado y sus organismos un rol económico subsidiario a ultranza, incluyendo la prohibición de desarrollar actividades empresariales, o participar en ellas, sin que previamente lo autorice una ley de quórum calificado. Esto ha despejado la cancha al protagonismo extremo del mercado en nuestro país, potenciando la acumulación de ganancias sobre la base de consolidar una economía subdesarrollada especializada en la monetización extractiva de nuestros recursos naturales que agrede peligrosamente el medio ambiente y relega a las mayorías ciudadanas al trabajo poco calificado, mal remunerado y precarizado.

Para avanzar hacia una forma de capitalismo más próspera, sustentable y justa —en concordancia con la aspiración abrumadoramente mayoritaria de la ciudadanía— es menester contrarrestar parte de las mercantiles ansias de acumulación egoísta y cortoplacista que han sido el motor privilegiado de nuestra economía, para potenciar opciones estratégicas centradas en el bien común, labor que sólo puede acometer la comunidad a través de un Estado sujeto al control y escrutinio de la ciudadanía y la opinión pública.

En ese contexto, en esta columna se propone —sin mermar los derechos legales existentes para llevar adelante libremente actividades económicas de mercado— asignar al Estado un rol económico-productivo activo, estableciendo en la nueva Constitución que es deber del Estado impulsar el desarrollo económico inclusivo y sostenible a nivel nacional, regional y local.

Asimismo, para facilitar al Estado el poder dotarse de los instrumentos idóneos para el buen cumplimiento de sus funciones, según corresponda, se propone eliminar la exigencia indicada de quórum calificado estableciendo en la nueva Constitución que el Estado y sus organismos puedan desarrollar cualquier actividad económica destinada al cumplimiento de sus deberes legales, previa autorización por una ley simple y respetando los derechos y deberes consagrados por la Constitución y demás leyes.

Especial atención corresponde prestar al rol estatal en la industria extractivista. La acelerada integración a los mercados globales como economía periférica subdesarrollada ha intensificado notablemente la monetización extractiva en nuestro país a partir de los noventa, lo que ha tornado imperiosa y urgente la necesidad de un Estado que proteja el medio ambiente y que, a la vez, garantice que el valor de los recursos naturales nacionales extraídos y comercializados beneficie a la comunidad entera. Sin embargo, el sistema institucional y político posdictadura no sólo ha sido laxo y permisivo en los temas ambientales, sino que además ha fallado rotundamente en asegurar que la renta de nuestros recursos naturales nacionales sirva al bien común. Clara evidencia de esto último constituye la entrega a unos pocos grupos económicos de la casi totalidad de la renta sobre la biomasa de nuestro mar, y a unas pocas multinacionales, de la mayor parte del valor de los muy cuantiosos recursos mineros extraídos.

Por consiguiente, reivindicando el derecho de la comunidad entera sobre los beneficios de la extracción de recursos naturales nacionales, se propone establecer en la nueva Constitución que es deber del Estado recaudar las rentas económicas obtenidas de la extracción a gran escala de recursos naturales en territorio chileno. Ello gravando la explotación de esos recursos mediante tributos especiales, patentes o regalías, o a través de su explotación directa por empresas del Estado o empresas donde el Estado se asocie con privados.

Asimismo, en línea con la reivindicación del derecho compartido por la comunidad entera sobre los recursos naturales, se propone eliminar el actual amparo constitucional a la propiedad privada de los derechos de agua y establecer en la nueva Constitución que el agua es un bien nacional de uso público regulado por el Estado —con prioridad de uso para el consumo humano y cuyos caudales ecológicos deben ser conservados—, consignando además el derecho de toda persona a acceder a los recursos naturales esenciales para la vida digna, tales como agua y aire saludables, y el deber del Estado de resguardar el cumplimiento de ese derecho.

Por último, en lo que concierne a políticas públicas y reformas legales e institucionales para materializar, en futuros gobiernos y parlamentos, los cambios constitucionales indicados, se propone reestructurar el Estado para consolidar una influyente institucionalidad estatal que lidere y coordine todas las principales actividades e instituciones públicas en el ámbito de la producción y su financiamiento. Esa institucionalidad permitiría al Estado ejercer un rol estratégico de impulso y orientación del desarrollo económico, y —sin abandonar la responsabilidad fiscal— pondría fin a la hegemonía de la pasividad económica estatal, reactiva y conservadora, que típicamente impone el Ministerio de Hacienda en un Estado de inspiración neoliberal.

La nueva institucionalidad —que podría ser liderada por un Ministerio de Desarrollo Económico—se mantendría atenta y receptiva a la opinión experta y ciudadana, impulsando y orientando la actividad económica con contundencia política y técnica sobre la base de visiones estratégicas y de largo plazo, e incluiría las siguientes áreas de actividad principales:

• Área de aseguramiento del empleo productivo digno, abocada a asegurar el cumplimiento del derecho de toda persona en edad laboral a ocuparse y ser remunerada dignamente, trabajando o capacitándose para el trabajo. Esta área impulsaría la modificación de la estructura productiva del país de modo de sustituir la producción que se sustenta en el trabajo precarizado y mal pagado, por actividades productivas más elaboradas y mejor remuneradas. En ese marco se proveería asistencia técnica y financiera a pymes y cooperativas y se gestionaría un comprehensivo y planificado sistema estatal de capacitación e inserción laboral en empresas privadas y estatales con trabajo digno, que dejaría atrás los actuales sistemas fallidos de capacitación laboral y subsidio al empleo.
• Área de fomento de la innovación y la producción de punta, abocada a impulsar la producción hacia ámbitos con valor agregado genuinamente alto (no extractivo) donde el país posea ventajas competitivas, tales como energía limpia y renovable, agroindustria sofisticada, y tecnología y servicios mineros complejos. Esto se realizaría a través de entidades públicas y de cooperación público-privada —con participación estatal también en las ganancias, no sólo en la inversión— que permitan al Estado liderar el potenciamiento de los ecosistemas de investigación y desarrollo, y asumir riesgos empresariales con potenciales efectos positivos sustanciales, de largo plazo, sobre el bien común.
• Área de emprendimientos estatales, creando y gestionado empresas públicas o de asociación público-privada, en casos de bienes y servicios clave donde el aporte al bienestar social de la actividad productiva estatal sea superior — o similar, pero distribuido más igualitariamente— al de la privada. Esos casos podrían darse, por ejemplo, en sectores como la explotación de recursos naturales, la provisión de utilidades públicas y la provisión de otros bienes esenciales —como los medicamentos— que sean asolados por prácticas anticompetitivas abusivas o cuyo desarrollo y producción el mercado sólo logre incentivar sobre la base del otorgamiento de patentes que conlleven precios prohibitivos para gran parte de la ciudadanía.
• Área de regulaciones económicas fortalecidas y perfeccionadas desplegando, entre otros: una lucha sin cuartel contra la colusión anticompetitiva que profundiza los abusos y la desigualdad distributiva; un riguroso control sobre las utilidades públicas privatizadas asegurando calidad y acotando rentabilidad; y una decidida contención del desenfreno contaminante y depredador que, impulsado por la febril búsqueda de ganancias, devasta los ecosistemas y nuestro hábitat.
• Área de inteligencia y planificación económica, generando y divulgando abundante información de calidad respecto de tendencias, riesgos y oportunidades, que sirva de guía para la actividad económica de los sectores privado y público. Un área de ese tipo habría podido, por ejemplo, alertar —con suficiente autoridad y anticipación— los graves desajustes que se venían gestando desde hace décadas en la ofertas y demandas de ciertas profesiones universitarias y en la capacidad del sistema de AFPs para garantizar pensiones dignas. Esta área debería gozar de suficiente autonomía institucional para garantizar su independencia analítica y calidad técnica, nutriéndose de extensos mecanismos de consulta con personas y entidades del ámbito ciudadano, empresarial, productivo, científico, etc., pero sin ser capturada por presiones políticas y grupos de interés.

Es claro que para realizar lo aquí propuesto —así como también para cumplir con las muy justas y sentidas aspiraciones de la ciudadanía en el ámbito de los derechos socioeconómicos— se requiere reformar profundamente el Estado tornándolo más democrático, eficaz y eficiente, poniéndolo así a la altura que nos exige esta histórica oportunidad de constituir un país mejor.