Opinión
Hoy, más que nunca, la Convención Constitucional se presenta como una instancia propicia y oportuna para terminar con el monopolio de los partidos políticos en lo que respecta a participación, propiedad de las ideas y el acceso a la esfera pública, junto con establecer, en la nueva Constitución, el derecho de todos los chilenos a participar en la vida política en igualdad de condiciones, incluyendo el derecho de los ciudadanos de poder informarse, y conocer, independiente y debidamente, en tiempo y forma, las propuestas y visión de todos los candidatos, no sólo de aquellos que representan a los partidos políticos, quienes, dicho sea de paso, han sido elegidos por cúpulas que, como ya hemos visto, no representan fielmente a nuestro electorado.
Durante los últimos años hemos sido testigos del fin de una serie de privilegios que ostentaban los incumbentes en diversas actividades económicas, lo que se ha traducido en una mejora en la calidad de los servicios prestados y una disminución de los precios, así como también un mayor y mejor acceso a la información por parte de los ciudadanos. En otras palabras, más y mejor competencia.
En el caso de Chile, se pueden citar como ejemplos la portabilidad telefónica y financiera, en donde el usuario tiene la libertad de elegir entre las diferentes alternativas existentes en el mercado, con acceso, en igualdad de condiciones, a la información pertinente, sin letra chica. En la misma línea, se encuentra en tramitación el Proyecto de Ley de Portabilidad Eléctrica, uno de cuyos principales objetivos es entregar a los consumidores (clientes regulados) la posibilidad de elegir a su proveedor de electricidad, terminando con el monopolio de las distribuidoras en la provisión de este servicio.
Estos mismos principios, aplicados en la política, debieran traducirse en que los electores puedan escoger libre e informadamente, entre una variedad de alternativas, a quienes lo representarán en diferentes instancias políticas. Lo anterior, supone como condición habilitante –necesaria, urgente y previa al sufragio– que exista una “cancha pareja”, en donde todos los aspirantes a cargos de elección popular tengan las mismas oportunidades y espacios, para dar a conocer sus ideas, propuestas y programas y, finalmente, participar en igualdad de condiciones en los procesos electorales.
Pero la realidad demuestra algo lamentable y diametralmente distinto. Con sorpresa e incredulidad, vemos cómo estos principios básicos del juego democrático no se aplican en Chile en situaciones tan relevantes como la elección de constituyentes, donde quienes resulten elegidos serán los encargados de redactar el cuerpo legal más importante de nuestro país, la Constitución.
A modo de ejemplo, estoy casi seguro que usted no sabía que los candidatos a constituyentes que son 100 % independientes, es decir, que no van en cupo, pacto o apoyado por algún partido político, son apenas 475, sobre un total de 1.373 candidatos. Es decir, los independientes genuinos representan un 34 % del total de candidatos a constituyentes, disponiendo sólo de un 0,006 % del tiempo de la franja electoral, que en total son 30 minutos. Como si lo anterior no fuese suficiente, este 0,006 % del espacio de la franja debe repartirse entre los ¡475 candidatos! Increíble pero cierto y, peor aún, difícil de digerir.
Por ello, vale la pena preguntarse: ¿quiénes detentan la posición dominante y/o monopólica de la franja electoral? No hay que ser analista político o estratega electoral para responderla: los partidos políticos, cuyos militantes representan sólo un 5,87 % del padrón electoral. Pero eso no es todo. Esos mismos partidos, con un paupérrimo 6 % de la militancia política nacional, ejercen casi el 100 % de la representación política en casi todos los ámbitos, es decir, el mandato de los destinos de la gran mayoría de los chilenos está radicado en manos de unos pocos privilegiados.
En este contexto, podríamos asumir que el restante 94 % de los chilenos es independiente, pero, pese a ello, su supuesta independencia no se ve reflejada en el adecuado acceso a la información que quieren o necesitan; por el contrario, serán sometidos a la tediosa propaganda de candidatos vinculados, única y exclusivamente, a los partidos políticos. Aunque es verdad que los parlamentarios aprobaron una “ley express” para facilitar la inscripción de candidaturas independientes, aquello, en ningún caso, puede considerarse una nivelación de la cancha sino que sólo un rápido “lifting” electoral, cosmético y efectista, pero casi inútil y lleno de ataduras. Seamos claros, si bien este “proceso estético” nos permitió salir a la cancha en algunos aspectos esenciales, como es la franja política, es como si nos hubieran convocado a la banca de suplentes y, más encima, con los partidos políticos a cargo del VAR.
Hoy, más que nunca, la Convención Constitucional se presenta como una instancia propicia y oportuna para corregir esta situación, terminando con el monopolio de los partidos políticos en lo que respecta a participación, propiedad de las ideas y el acceso a la esfera pública, junto con establecer, en la nueva Constitución, el derecho de todos los chilenos a participar en la vida política en igualdad de condiciones, incluyendo el derecho de los ciudadanos de poder informarse, y conocer, independiente y debidamente, en tiempo y forma, las propuestas y visión de todos los candidatos, no sólo de aquellos que representan a los partidos políticos, quienes, dicho sea de paso, han sido elegidos por cúpulas que, como ya hemos visto, no representan fielmente a nuestro electorado.
Al final, estamos frente a un traje a la medida por y para unos pocos, en desmedro de quienes, como usted y yo, nos consideramos y sentimos representados por personas e ideas y no por los partidos políticos, mucho menos por los incumbentes.
