EDITORIAL
El Congreso de la República, sin mayor reflexión, ha validado una decisión gubernamental que hoy resulta poco clara, y que limita por un extenso período las libertades y derechos civiles de los ciudadanos. Peor aún, la actitud elusiva y descortés del Presidente de la República, de no explicar a los ciudadanos su propósito que afecta sus derechos de manera singular, contradice su costumbre de usar la cadena nacional de TV para anunciar cualquier hecho cotidiano, al tiempo que genera desconfianza de encontrarse frente a un autócrata de actitudes furtivas.
El mismo día 10 de marzo de 2021, mientras el Senado de la República aprobaba la extensión por otros 90 días del Estado de Catástrofe, proyectando tal medida a 15 meses de vigencia, el conjunto de asociaciones médicas de Chile, de las más diversas especialidades, e incluyendo al Colegio Médico, emitían una dura declaración pública en la cual alertaban “al país de la fragilidad de la situación sanitaria” actual, en el control del COVID-19.
Ambas situaciones, que en sus contenidos específicos parecieran potenciarse una a la otra, en realidad evidencian la total falta de sincronía y coherencia en el menú de políticas aplicadas en contra de la pandemia, y la inutilidad, o al menos neutralidad, de medidas como los estados de excepción para la contención sanitaria. De ahí que la falta de transparencia informativa del Gobierno, criticada ácidamente en el Senado, resulte absolutamente incongruente con su decisión de dar mayoría contundente al requerimiento de prolongar dicho estado de excepción.
Así, las solas razones sanitarias esgrimidas por la oposición para justificar su voto afirmativo, carecen de valor real. Sobre todo si se atiende a sus propios reclamos de falta de información sanitaria y sin considerar mayormente lo referente a las libertades públicas. Al hacerlo, abdica de la función de fiscalización parlamentaria y de sus competencias para mantener intangibles y constitucionalmente impolutos los derechos civiles y políticos ciudadanos. Está claro que el Gobierno no quiso entrar en ese debate, y disparó al bulto legislativo, con una noción vaga de riesgo, la necesidad de seguir contando con los instrumentos del estado de excepción. Y el Congreso asintió, lúcidas excepciones.
La declaración pública de las asociaciones médicas señala que el sistema de salud presenta el mayor índice de contagios por COVID-19 desde junio del 2020, y que este sigue subiendo; que la capacidad de los sistemas de urgencia está en su límite, y que el sistema completo de salud corre el riesgo de un colapso total. Insta, así, al Gobierno, a concentrarse en los contenidos sanitarios del Plan Paso a Paso, generando coherencia entre la apertura de actividades económicas y la vigencia de las libertades individuales y la prevención sanitaria. Y enfatiza que el rebrote que hoy se vive se incubó mientras el país aplicaba estado de excepción y toque de queda, cuyos impactos positivos sobre el COVID-19 no tienen referencias estadísticas ni de control.
El Congreso de la República ha validado una decisión gubernamental que hoy resulta poco clara, y que limita por un extenso período las libertades y derechos civiles de los ciudadanos. Peor aún, la actitud elusiva y descortés del Presidente de la República, de no explicar a los ciudadanos su propósito que afecta sus derechos de manera singular, contradice su costumbre de usar la cadena nacional de TV para anunciar cualquier hecho cotidiano, al tiempo que genera desconfianza de encontrarse frente a un autócrata de actitudes furtivas.
Ante el Congreso, no se preocupó de informar ni de hacerse representar de manera digna y cortés. Una de sus ramas legislativas debió soportar las pachotadas que, en tono de amenaza, pronunció el ministro de la Segpres, Juan José Ossa. Este dijo que «6,3 millones de personas que están siendo beneficiadas con el Ingreso Familiar de Emergencia y el Bono Covid al mes de febrero” podrían perderlos si no se aprobaba el estado de excepción.
Tal intervención ahorra comentarios. Asociar el Estado de Catástrofe –y la cadena de facultades presidenciales que implica– al pago de bonos por la crisis económica provocada por la pandemia, no corresponde, pues son de entidad distinta. Hacerlo, evidencia una visión de mercado y no de Gobierno, además del predominio de una doctrina mercantil de los derechos civiles y las libertades públicas, las que se pueden manipular mientras se compensen en dinero.
En una oportunidad anterior, en este espacio editorial, hicimos un reflexión crítica sobre lo que titulamos La República de los Bonos. Ello, para dejar constancia de que los problemas estructurales del país no pueden ser resueltos de manera casuística mediante el pago de bonos, si bien, dadas las desigualdades, ellos contribuyen a aliviar las cargas negativas de los sectores más necesitados. Pero advertimos que, reincidir en ello, genera un tono vicioso que pervierte el poder democrático y vuelve clientes a los ciudadanos respecto de la política de turno.
La crudeza del ministro Ossa Santa Cruz deja al descubierto el carácter de bienes transables que la derecha atribuye a las libertades individuales y a los derechos políticos. Y la falta de finura política y embotamiento de la mayoría de la oposición que, supuestamente, sin estar de acuerdo, dio sus votos para el estado de excepción.
Lo que no quita que el alza de los casos de COVID-19, alertada por los médicos del país, puede –como ellos mismos lo señalan– requerir de medidas restrictivas de la movilidad y, quizás, otra vez, de confinamientos.
En política, lo dramático resulta de que después de un año de pandemia, y mientras gran parte de la población sabe qué es bueno para su salud y distingue las conductas de riesgo, no existan adecuadas políticas de información y asistencia que potencien el autocuidado, de atención de la salud primaria para que se normalicen las atenciones más allá de la vacunación. Ello resulta más necesario que los militares en las calles o el toque de queda. Pero el Congreso no lo entiende.
