Opinión
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los efectos de la pandemia por Covid-19 en el empleo femenino han sido devastadores: el número de mujeres con trabajo remunerado cayó a cifras equivalentes a las que el país tenía hace diez años; caída que ocurrió porque, por una parte, las medidas de confinamiento afectaron más a actividades económicas feminizadas, como el comercio, los servicios de alojamiento, comida y cuidado personal, y las trabajadoras de casa particular, en lo que se conoce como la segregación horizontal del empleo por género –esto es, la concentración de hombres y mujeres en ramas de actividad económica diferentes–. Pero hubo otra razón muy importante: las dificultades que muchas chilenas tuvieron para conciliar trabajo y familia, en un contexto de pandemia donde los apoyos habituales para atender responsabilidades domésticas y de cuidado –salas cuna, colegios y redes de parentesco, típicamente otras mujeres de la familia– no estuvieron disponibles por las medidas que debieron tomarse para contener los contagios.
Sin embargo, el problema de la conciliación trabajo-familia no es nuevo. La pandemia viene a visibilizar dramáticamente la fragilidad de algunos de los avances que Chile ha hecho en materia de igualdad de género. Por ejemplo, de acuerdo con datos de las Encuestas Nacionales de Empleo anteriores a la pandemia, históricamente más de un tercio de las mujeres fuera de la fuerza de trabajo (esto es, no ocupadas ni buscando empleo) señalaba no trabajar fuera del hogar debido a razones familiares permanentes, esto es, responsabilidades de cuidado de hijos, hijas u otros familiares. En contraste, menos del 3 % de los hombres entregó esta razón para no incorporarse al mercado laboral. Las Encuestas CASEN entregan cifras similares, mostrando cómo a pesar de los avances educacionales de las chilenas, su inserción laboral sigue estando marcada por una mirada tradicional sobre los roles de género y la expectativa social de que sean las mujeres quienes se hagan cargo del trabajo doméstico y de cuidado.
Si bien Chile ha hecho importantes avances en materia legislativa y de políticas públicas para facilitar el cuidado de niñas, niñas y adolescentes, muchas de estas medidas continúan presentando un sesgo de género importante. Un caso es el del derecho a salas cuna (artículo 203 del Código del Trabajo), que a pesar de varios intentos de reforma legislativa sigue asignado exclusivamente a la madre. En el otro extremo del ciclo vital, hay escasos apoyos para el cuidado de personas mayores no autovalentes u otros adultos en situación de dependencia, en un contexto en el cual la población de 75 años y más aumentará significativamente en la próxima década. Investigaciones recientes muestran que pocas empresas en Chile tienen medidas para facilitar la conciliación trabajo-familia, como horarios de entrada y salida diferidos, bancos de horas o semana comprimida… y cuando los tienen, tienden a entenderse como medidas para las mujeres, y no para el conjunto de los y las trabajadores/as. Ello no fomenta la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas domésticas y de cuidado, reproduciendo la desigualdad de oportunidades por género.
En este escenario, muchas mujeres deben enfrentar una contradicción sistémica –cumplir simultáneamente los roles de trabajadora y responsable por los cuidados familiares– con recursos personales. En ese esfuerzo, la pandemia ha forzado a muchas trabajadoras a dejar sus empleos ante la imposibilidad de conciliar ambas tareas. Para otras, que son proveedoras principales de sus hogares, esa opción ni siquiera existe. No se trata de un porcentaje menor: según datos del INE, antes de la pandemia un 38 % de los hogares chilenos dependía principal o exclusivamente del ingreso aportado por una mujer. Por ello, la conciliación trabajo-familia sigue siendo una deuda importante no sólo con la equidad de género, sino con el bienestar de toda nuestra sociedad.
