La prensa internacional está aturdida por el megaplan de rescate del presidente Biden en los EE. UU.: US$ 1,9 billones, tras los US$ 0,9 billones votados por el Congreso al final de la presidencia de Trump. Esto equivale al 13,3 % del PIB. ¡Increíble!
Bueno, pero Chile lo hace mejor: su propio paquete de rescate es del 16,3 % del PIB en el 2020. ¡Sí, del 16,3 %! Con una sola diferencia: fue la propia población la que lo financió mayoritariamente con 12,6 % del PIB (US$ 34 billones después de los dos retiros) contra solo 3,7 % del PIB (US$ 9,4 billones) por el gobierno. Es una paradoja que hay que medir: el estímulo beneficiará a todos los chilenos, ricos o pobres, pero él proviene en gran parte de los gastos de personas con ingresos bajos o medios, financiados por sus ahorros previsionales. ¿Cómo hemos llegado a esto?
El Informe de Finanzas Públicas 2020 indica que el gobierno ha gastado esos 3,7 % del PIB en los dos planes Fase I y Fase II. Incluso, no se ha cumplido toda la Fase I del plan: ésta preveía US$ 3 billones de ingresos menos por la postergación de PPM e IVA; la cifra final, según la Dipres, es de US$ 2,3 billones. Hay además que contar en menos US$ 800 millones adicionales que serán recaudados por el tesoro público en el 2021, cuando se paguen los impuestos postergados.
La brecha de producción entre la previsión de crecimiento para el 2020 hecha en el 2019 y el actual se estima hoy en día en 8 puntos del PIB, pero fue mucho más en el momento más álgido de la crisis. ¿Cómo pensar que 3,7 puntos del PIB serían suficientes?
La razón fue inicialmente política: se esperaba que la crisis sanitaria no durara más allá de mayo o junio del 2020. Pero pronto se vio que se estaba convirtiendo en una profunda recesión económica. De ahí la implementación de la Fase II del plan. Pero en ella sólo se añadieron US$ 1,8 billones.
En su momento se dijo que no había margen presupuestario para ir más allá. Bueno, la deuda bruta antes de la crisis sanitaria se situaba en el 28 % del PIB, e incluso en el 18 % si se restan los activos financieros en manos del Estado, un nivel que da envidia a la mayoría de los países de la OCDE. Las tasas de interés reales a diez años eran y siguen siendo negativas. Además, como lo hemos visto en otros países, parte del esfuerzo fiscal iba necesariamente a aumentar el ahorro del sector privado. Esto dio al gobierno los medios para financiar fácilmente su déficit con el ahorro interno.
Siempre es fácil rehacer el partido mejor que el entrenador. Pero está claro que se tuvo que poner más sobre la mesa cuando el gobierno se dio cuenta de la profundidad de la crisis sanitaria, especialmente con el tenso clima social posterior al estallido de octubre del 2019, además de los retrasos en la llegada de la ayuda a la gente. Recordemos que un grupo de economistas, entre ellos Sebastián Edwards, Andrea Repetto y Rodrigo Valdés, recomendaron un plan de US$ 12 billones, a través de una liquidación más rápida del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).
El gobierno desconoció la presión y los diques se rompieron. En cuanto se lanzó la idea de retirar 10% de los fondos de pensiones, la ola se hizo imparable. Y llegó una segunda oleada, sin calmar la rebelión, y ahora se habla de una tercera. Todo esto se puede razonablemente atribuir a este grave error de política económica cometido en el 2020.
Uno puede ser, como yo, muy crítico respecto de un sistema de pensiones que es costoso y que da un lugar casi exclusivo a la capitalización individual. Pero ¡qué desperdicio dejar escapar US$ 34 billones en ahorros acumulados!, incluso si el presupuesto pagará una parte. Ya se calcula que la disminución de los ahorros costará (sin cambio de legislación) cerca de US$ 8 billones para el primer retiro en pensiones básicas solidarias (PBS) repartidas hasta el 2050. En cierto modo, el gobierno tomó prestado de su población menos favorecida. Por lo demás, esto muestra una incoherencia del sistema actual: las personas con un nivel muy bajo de pensión futura no tienen interés en cotizar y tampoco tener un trabajo formal, ya que están cubiertas por la PBS. Ahora es mejor para ellos una pensión de solidaridad, financiada con una nueva cotización destinada a un pilar solidario. Y es necesario recuperar la razón e impedir que se haga el tercero retiro.
¿Cuál es la situación actual?
Con el refuerzo del estímulo que el gobierno acaba de decidir en marzo (IFE, PBS y bonos a la clase media), el total del plan público + privado parece suficiente para reactivar la economía, salvo ayudas específicas. Se estima que se consumió la mitad de los dos retiros, es decir, alrededor de US$ 17 billlones. Por lo tanto, son más de 6 puntos del PIB los que se inyectan en la economía, aunque desgraciadamente gran parte de este gasto se ha destinado a la compra de productos no nacionales (lo mismo vale para el plan del gobierno). Recordemos que la brecha de producción es de 8 %, por lo que, normalmente, con la adición del plan público y de los efectos multiplicativos de los gastos, se anula.
Sin embargo, un muy singular documento circuló a finales del año pasado, escrito por Rodrigo Cerda, Hermann González y Felipe Larraín. Decía –con razón– que los retiros representan un desahorro, pero llegaba a la conclusión de que este desahorro conduciría a una menor inversión y, por tanto, ahogaría el crecimiento futuro. No hace falta ser un keynesiano fanático para ver lo absurdo de esto. Esto es pensar como si la economía estuviera en pleno empleo cuando sufrió un mayor shock de demanda (después de un inicial shock de oferta). Esto es tanto más cierto cuanto que gran parte del desahorro de las AFP ha consistido en liquidar activos financieros externos. Si compro mi televisor en el extranjero vendiendo activos que tengo en el extranjero, ¿dónde está el efecto en la economía, excepto, por supuesto, en haber agotado mi reserva de jubilación?
La suerte parece estar del lado de Chile. Una campaña de vacunación bien programada propicia una reactivación más rápida. El precio del cobre sigue subiendo, sin que el dólar se deprecie excesivamente. Los ingresos fiscales aumentan rápidamente. El rebote económico provocado por el desahorro de los chilenos encontrará un relevo natural en un entorno internacional más claro. El déficit público del país se reducirá rápidamente.
Con la visión de hoy, lamentamos aún más que el plan de rescate no haya sido asumido exclusivamente por el Estado.
